El PSOE está contra las cuerdas con las enmiendas a la ley de amnistía presentadas por ERC y Junts. Las dos formaciones han dado una vuelta de tuerca a las exigencias al incluir los delitos de terrorismo y suprimir condiciones para que el número de beneficiarios sea el máximo posible. Las enmiendas de ERC y Junts dejan fuera a los 45 policías encausados, a pesar de las palabras de Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior.
ERC y Junts han argumentado los cambios propuestos en la ley de amnistía por «cuestiones técnicas», incrementan el plazo para ampliarla desde el 1 de noviembre de 2011 y coartan la acción de los jueces a la hora de elevar cuestiones prejudiciales al TJUE. Además, indican que las multas pagadas por los independentistas deberán ser devueltas, junto con los intereses de demora, lo que llevaría a abonar Artur Mas y el resto de exconsejeros condenados por el 9-N más de 5,2 millones de euros.
Los separatistas indican que «las cantidades abonadas en concepto de multa impuestas por comunidades autónomas competentes en materia de mantenimiento de la seguridad ciudadana, al amparo de la Ley orgánica de seguridad ciudadana deberían ser retornadas». «Se trata de una decisión de naturaleza económica que es perfectamente reversible y que permitirá restituir a la persona o entidad afectada a la situación anterior a la imposición de sanciones», han señalado.
«No podemos aceptar esas condiciones», apuntan los socialistas consultados por MONCLOA. No obstante, el PSOE ha presentado sus propias enmiendas pactadas conjuntamente con Sumar, Bildu, ERC y BNG. Lejos queda la solitaria firma de Patxi López cuando se presentó la ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados.
EL PSOE PRESENTA SUS ENMIENDAS A LA AMNISTÍA FUERA DE PLAZO, PERO ARMENGOL LO ACEPTA
EL PSOE, además, ha presentado las enmiendas fuera de plazo, por un segundo, pero fuera de plazo al fin y al cabo. De hecho, el PP ha elevado una queja y ha pedido informes jurídicos para conocer por qué Francina Armengol y el resto de la Mesa de la Cámara Baja han permitido la presentación de estas enmiendas, pese a estar fuera de plazo.
La hora límite eran las 18;00 horas justas, pero en el escrito aparece una hora sospechosa 18:00:01. De nuevo, una anomalía que los ‘populares’ no han dejado ni dejarán correr. Desde el PSOE niegan la mayor y afirman que se han presentado en tiempo y forma, pero la hora marcada en el registro no cuadra con la explicación dada.
Al estar fuera de plazo, el PSOE tendría que transaccionar sus enmiendas con las de Junts y ERC, un golpe que provocaría un nuevo pacto con Puigdemont e involucrar directamente en la negociación al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
JUNTS Y SUS ENMIENDAS A LA AMNISTÍA PONEN A LOS SOCIALISTAS EN UN BRETE
Para cubrir las espaldas a Carles Puigdemont, Junts ha exigido eliminar el apartado C y D del artículo 2 de la norma que regirá la segunda amnistía concedida en Democracia. En un principio, la norma del PSOE señala que «los actos tipificados como delitos de terrorismo»; y que «los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal».
Con estas enmiendas, Junts y ERC darían cobertura a todos los investigados, encausados y sentenciados desde el inicio del procés, en 2012, a la celebración del referéndum de 2017. De hecho, Junts admite que se cometieron delitos, como aquellos que usurparon funciones públicas, malversaron o generaron actos de terrorismo, al señalar que hubo hechos realizados por personas sin la potestad ni autoridad competente, o bien se convocaron o celebraron de forma ilícita.
También para los cómplices, tan necesarios a veces para cometer ilícitos penales, que hubieran contribuido a la consecución de ambos referéndums, el del 9-N y el 1-O. De esta forma, también busca exonerar a quienes cometieron delitos de usurpación de funciones públicas, malversación o cualquier otro delito que tuviera la misma finalidad.
JUNTS BUSCA DESACTIVAR AL TJUE CON LA AMNISTÍA
Así, busca exonerar los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares.
Asimismo, Junts trata de modificar el alcance de la amnistía en caso de que un juez eleve una cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial al TJUE. De esta forma, el proceso de la amnistía no quedaría paralizado como indica la normativa original. No obstante, los juristas consultados por este medio señalan que de aceptar esta enmienda se estaría atentando directamente contra el Estado de Derecho y ya no serían los jueces quienes decidieran quienes se podrían beneficiar, usurpando así funciones exclusivas de la Justicia.
Esta enmienda fue pactada por Junts y el PSOE y puso en pie a todo el estamento judicial, desde el CGPJ, hasta todas las asociaciones de fiscales y abogados, a excepción del Colegio de Barcelona, que se negó a emitir comunicado alguno.
Para los de Puigdemont, el aumento del plazo desde el 1 de noviembre de 2011 se debe a una «mejora técnica» para incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017.
PROTEGER AL PRÓFUGO DE PUIGDEMONT
Además, modifica el apartado 4 del artículo 4 al percibir una «incongruencia» en el texto original. Y es que, la expresión «entrada en vigor» parecería afirmar que el sólo hecho de que la ley entre en vigor ya tendría consecuencias, cuando es imposible que la ley tenga efectos sobre ninguna persona hasta que el tribunal competente estime que los actos que se imputan a la persona en cuestión están dentro del ámbito objetivo que define la ley.
«Esta incongruencia se refleja en la redacción actual del apartado, que incluye también la expresión ‘personas beneficiadas por la amnistía’, que presupone que ya ha habido un reconocimiento formal de la aplicación de la amnistía, cuando es evidente que en el momento de entrada en vigor todavía no se habrá determinado quienes son o van a ser beneficiarios de la amnistía», señala la formación.
Asimismo, Junts exige a los jueces, sea cual sea el estamento, que procederá a dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención».
EL PSOE BLINDA A PUIGDEMONT FRENTE AL CONSTITUCIONAL
Por su parte, el PSOE, Sumar, ERC, Bildu y BNG han presentado tarde sus escritos. El objetivo final es proteger a los amnistiados ante cuestiones de inconstitucionalidad, pero no ante el TJUE. Asimismo, se quedarían sin efecto todo los procedimientos y se incluye el inmediato derecho al olvido penal. Es decir, el borrado íntegro de todo el procés, a pesar de que las empresas que huyeron de Cataluña se mantienen fuera y no se espera que regresen.
Así, Junts dará la amnistía a Gonzalo Boye, a la presidenta de Junts, Laura Borràs, y a los hijos de Jordi Pujol.
El PSOE insiste en mantener la aplicación de la amnistía del 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023. Eso sí, serán amnistiados a quienes ayudaron a realizar el procés antes de esa fecha siempre y cuando la ejecución de sus acciones hubiera finalizado posteriormente.
Asimismo, los socialistas señalan que no podrán ser beneficiarios de la amnistía aquellos que cometieran delitos contra la comunidad internacional, delitos de terrorismo sobre los que haya
recaído sentencia firme e impliquen la comisión de conductas consideradas inamnistiables por la UE.
EL PP CARGA CONTRA EL PSOE Y TEME QUE SE ACEPTE LA EXIGENCIA DE JUNTS
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo constata como ERC y Junts «suben» el precio para continuar con la humillación del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez con las enmiendas a la amnistía.
Las enmiendas dejan fuera de la amnistía a los policías acusados y «meten todos los delitos de terrorismo». A su juicio, los socialistas aceptarán «parte de sus contenidos», una «rendición del PSOE en nombre del Estado se produce a cámara lenta, pero sin remedio».
Se trata de una humillación aún mayor, a pesar de que hay claros desacuerdos entre el PSOE y Junts. Hasta ahora, Puigdemont no ha dado su brazo a torcer y no se espera que lo haga con una ley que le afecta directamente.
