Alba Vergés, consejera de Sanidad de Cataluña, se presenta ante el juez tras su rechazo a vacunar contra el Covid-19 a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil al mismo tiempo que los Mossos d’Esquadra y agentes de la Policía Local, provocando así un retraso innecesario en la inoculación.
La consejera de Sanidad tendrá que personarse este viernes ante el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona para tratar de desmontar la acusación del sindicato Jucil, mayoritario en la Guardia Civil, y quien lleva la acusación particular. Hasta ahora, el juez instructor ha rechazado todos los recursos de la Generalitat para impedir la comparecencia de Vergés y tener que dar explicaciones de sus propias órdenes, mandadas por Whatsapp a Josep Maria Argimon y Carmen Cabezas, quienes los aportaron a la causa.
«La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo», apuntó Argimon en un mensaje a Cabezas. Estos mensajes, según la acusación, muestran el «odio» inyectado en la Generalitat hacia las fuerzas del Estado.
DOS MENSAJES PONEN EN UN BRETE A ALBA VERGÉS
Tanto Argimon como Cabezas ocupaban los cargos de secretario de Salud Pública y de subdirectora general de Promoción de la Salud, respectivamente. Bajo su batuta se realizó el calendario y la vacunación a toda la población, dejando fuera a los policías nacionales y guardias civiles. La defensa de la Generalitat se centró en el testimonio de Marc Ramentol, número dos de la consejera de Sanidad, quien responsabilizó a otros altos cargos de Sanidad, como Argimon, pero nunca a Vergés.
No obstante, los whatsapp aportados por Argimon no dejan lugar a dudas. En uno de ellos dictó la orden de paralizar a la vacunación a los agentes de la Policía Nacional, a pesar de su exposición más elevada a los contagios.
El 22 de marzo de 2021 y en pleno debate en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, Vergés insistía en la necesidad de acabar la vacunación a los grupos esenciales, donde se incluía a los agentes de seguridad, profesorado, farmacéuticos y médicos, entre otro personal esencial.
LA GENERALITAT CULPÓ EN UN INICIO A ARGIMON
Argimon, en cambio, consideró mejor compaginar a toda la población dentro del programa de vacunación, mezclando así a policías y civiles. «Como hemos hecho siempre», respondió a la petición de la consejera de Sanidad. Asimismo, el alto cargo instaba a «recuperar a los colectivos esenciales que quedaban pendientes».
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud consideró necesario reactivar la vacunación con AstraZeneca a toda la población y con el límite de los 65 años para inocular el fármaco experimental. En aquella fechas, Cataluña iba por libre, a pesar de los disparados contagios en la Comunidad Autónoma respecto a otras. De hecho, tenía diferentes criterios al resto de España, una muestra más de que la gestión en unidad no iba con ellos.
EL FUTURO NEGRO SE ABRE ANTE ALBA VERGÉS
De esta forma, Vergés fue la única responsable de tomar la decisión de retrasar la vacunación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña. Las respuestas de Argimon, que el juez ha dado por buenas, auguran ahora un «un futuro muy negro» para la consejera de Sanidad, ya que, según los escritos, dio directrices muy concretas para retrasar al máximo la vacunación para los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante el 2021.
Como era de esperar, Vergés y ERC se presentan ahora como una víctima de una caza de brujas. La ahora vicepresidenta primera del Parlament y exconsejera de Sanidad tratará de defenderse de las acusaciones. Vergés no se acogerá al derecho de no declarar, pero tendrá que personarse ante el Juzgado en calidad de investigada.
Las acusaciones de los sindicatos y las agrupaciones de cuerpos policiales españoles carecen de fundamento
«Las acusaciones de los sindicatos y las agrupaciones de cuerpos policiales españoles carecen de fundamento», afirman desde ERC, pese a las conversaciones con Argimon. Así, reiterará que aplicó la campaña aplicando los criterios técnicos fijados para vacunar a toda la población, priorizando antes a la más vulnerable. No obstante, Vergés comenzó a vacunar a Mossos d’Esquadra y policías locales.
LA GENERALITAT VACUNÓ A MOSSOS Y POLICÍAS LOCALES
La consejera inició el proceso de vacunación el 10 de febrero de 2021, pero no se atendieron ni a los agentes de la Policía Nacional ni tampoco a la Guardia Civil. La Generalitat dio largas y no comenzó la vacunación en los dos cuerpos hasta el 24 de febrero. Para entonces, la policía autonómica catalana y los policías locales tuvieron una ventaja de 23 días.
Poco después se dio fecha para vacunar a los policiales nacionales y guardias civiles. En teoría, entre el 25 y el 29 de marzo, un mes después de los Mossos. No obstante, nada más iniciarse esta campaña se ordenó paralizar el proceso a los agentes menores de 60 años. Para argumentarlo, Vergés aseguró que no se administraría la dosis de Astrazeneca a los menores, pero sí se hizo con los agentes de Mossos. Para el 24 de marzo, el 77% de los agentes de los Mossos d’Esquadra tenía ya su vacunación, frente a menos del 3% de los guardias civiles y tan solo el 3,6% de los agentes de la Policía Nacional.
UN SÉQUITO SIN ARAGONÈS PARA RESPALDAR A VERGÉS
Vergés no acude sola al juzgado. Tendrá un fuerte apoyo de ERC, entre los que se encuentran el consejero de Sanidad, Manel Balcells, y de Exteriores, Meritxell Serret. Además, se unirán la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirrepresiva, Marta Vilaret, y los diputados Jordi Albert y Najat Driouech. No estarán ni Pere Aragonès ni tampoco Oriol Junqueras.
Para Vergés, estos hechos constituyen una «persecución política» al considerar que se siguieron criterios técnicos. Así las cosas, los republicanos ponen de manifiesto las dificultades de coordinación para el censo de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña, a pesar de gozar de la respectiva tarjeta sanitaria. En su defensa argumenta que la vacunación con Astrazeneca sufrió «cambios de criterio» recurrentes.
Para ERC, la acusación es «injusta, ve intencionalidad y persecución ideológica contra dirigentes independentistas». Así, ven una judicialización con «mala fe» por la gestión de la pandemia realizada por el Gobierno, guiada por el criterio médico de los expertos y en un contexto de incertidumbre global extraordinaria.
ALBA VERGÉS SE NIEGA A DIMITIR
La acusación, encabezada por Jucil, ha exigido públicamente la dimisión de Vergés por este retraso y en base a la decisión del juez realizarán su petición, que apunta directamente a la inhabilitación.
El Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona investiga sobre el por qué no se vacunó a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil al mismo tiempo que los Mossos. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña apreció «discriminación» y exigió la inmediata inoculación de las vacunas a estos agentes. El TSJC, por otro lado, no apreció ninguna «acción u omisión» que vinculase a Vergés, pero tampoco disponía de las órdenes de WhatsApp, una nueva prueba que ha abierto la causa.
