Carles Puigdemont manda en el Gobierno de Pedro Sánchez más que el Consejo de Ministros. La venta de competencias del Estado a Cataluña prosigue tras la surrealista votación del pleno del Congreso, celebrada en el Senado, donde el Gobierno aprobó dos decretos de sus tres decretos por tan solo un voto por la abstención de Junts. El tercer decreto, el que afecta a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, fue tumbado por Junts y Podemos, que se alinearon con Vox y PP.
Para evitar una sonada de derrota, el PSOE liderado por Santos Cerdán se movilizó con todo para arrancar la abstención de Junts, una negociación que ha sido muy mal vista incluso por el propio PSC de Salvador Illa. El también exministro de Sanidad, no obstante, ha aplaudido el resultado, blanqueando a los de Puigdemont, a pesar de votar en contra de esta misma medida hace apenas tres meses y medio. Hasta hace unos meses, socialistas y postconvergentes no podían ni verse y los cruces e insultos entre ambas formaciones era la tónica.
De hecho, Junts busca convertir a Cataluña en el País Vasco, con su concierto económico, Agencia Tributaria y sin apenas presencia de la Policía Nacional y Guardia Civil.
El PSOE ha entregado a Junts competencias exclusivas de la Policía Nacional, un acuerdo alcanzado durante el debate y posicionamiento de los tres decretos. Los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han salido en tromba contra el Gobierno y especialmente contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que se busca su expulsión de Cataluña, tal y como señaló este medio en el «pacto oculto» entre PSOE y Junts firmado para el acuerdo de legislatura.
EL PSC VOTÓ EN CONTRA DE ENTREGAR COMPETENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL
Asimismo, el portavoz de Junts y hombre fuerte de Puigdemont, Josep Rius, ha cargado contra el PSC y su incoherencia al aplaudir ahora la cesión de competencias migratorias cuando votó en contra de la propuesta en el Debate de Política General del pasado mes de septiembre. Asimismo, ERC, Vox, la CUP, PP y Ciudadanos votaron en contra de la medida, mientras que los Comunes se abstuvieron. «La coherencia del PSC y de Salvador Illa en la defensa de los intereses de Cataluña y los catalanes necesita mejorar», ha destacado Rius en un escrito en Twitter.
Junts busca convertir a Cataluña en el País Vasco, con su concierto económico, Agencia Tributaria y sin apenas presencia de la Policía Nacional y Guardia Civil
Ni PSOE ni los de Puigdemont dieron explicación alguna por suprimir esta competencia exclusiva, tampoco se ha desgranado ni cuándo ni cómo se va a realizar, aunque en Junts consideran que está vigente al señalar que Cataluña podrá decidir sobre el reparto de migrantes. La nueva humillación de los socialistas dejará en manos de la Generalitat con cuántas personas se quedarán en el territorio, independientemente de la opinión del resto. Un acuerdo singular con el que se negocia la estancia de los inmigrantes, llegados primero a Canarias y soltados por Defensa en distintos cuarteles militares.
Para los de Puigdemont, en pugna con la derecha catalana y con una fuerte representación en Ripoll con Silvia Orriols, Cataluña solo podrá recibir un máximo del 16% del total de los migrantes frente al 23% actual.
Hasta ahora, ninguna Comunidad Autónoma participa en este reparto, pero sí se permite a Junts tener su voz en el mismo, una negociación singular que deja al resto de Comunidades Autónomas fuera de las operaciones. Asimismo, Junts también decidirá cómo se organizan estas políticas de migración.
BOLAÑOS Y EL PSOE EVITAN DAR EXPLICACIONES
El Ejecutivo, por boca de Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha asegurado que desarrollará una ley orgánica para contentar a Puigdemont, pero no ha detallado las consecuencias de esta cesión.
La presión de la inmigración ha puesto en alerta a algunos municipios catalanes, cada vez más desbordados ante la llegada de inmigrantes y con un auténtico descontrol sobre los mismos. Para el secretario general de Junts, Jordi Turull, es necesario velar sobre las condiciones y poder expulsar a las personas de su territorio.
Asimismo, Junts también ha arrancado por escrito el acuerdo para rebajar las competencias de la Policía Nacional, que se dedicará casi exclusivamente a labores administrativas en Cataluña, hasta que se entregue a los Mossos la posibilidad de hacer el DNI y los pasaportes a los ciudadanos. Esta pretensión es casi una realidad dado la falta de integridad dentro del PSOE a la hora de aprobar decretos.
De hecho, con la misma desconfianza actúa Junts hacia los socialistas, que exigen firmar todos los acuerdos. «La palabra no es válida», apuntan fuentes de Junts consultadas por este medio. Y es que, también han arrancado el acuerdo para suprimir la reforma del artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite a los jueces elevar cuestiones a instancias europeas sobre asuntos como la amnistía, paralizando a su vez el proceso judicial hasta obtener una respuesta.
LOS SINDICATOS POLICIALES, EN ALERTA: NOS QUIEREN EXPULSAR
El PSOE, además, ha puesto en alerta a todos los sindicatos policiales y de la Guardia Civil ante el desguace del Estado para rendir pleitesía a Puigdemont. La entrega de competencias exclusivas ha desatado una ola de críticas hacia el Gobierno y contra Marlaska, a quien se exige una mediación inmediata para frenar a Pedro Sánchez.
desmantelamiento de las estructuras del Estado en Cataluña y el País Vasco
Para los sindicatos, es un «despropósito» que se haya cedido a Junts una competencia recogida en la Constitución y supone el «desguace del Estado» por el continuo «mercadeo» con partidos independentistas. «Esperamos que el ministro no falte a sus obligaciones y se muestre en contra y preserve nuestras competencias», afirman desde el SUP.
EL ESTRUENDOSO SILENCIO DE MARLASKA
El SUP va más allá y señalan que «nunca» se permitirá el desmantelamiento de la Policía Nacional en Cataluña y nunca daremos «amparo al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos», han añadido.
De hecho, mientras se trabaja por una unidad con Europa, el Gobierno permite ahora trocear aún más las competencias, separando y disgregando las labores de la Policía Nacional. «La disgregación interna en España corrompe el espíritu europeo; ceder las competencias de inmigración en Cataluña es un retroceso, no es progresar», han alertado. Asimismo, consideran que se pone en peligro la seguridad de las fronteras.
Jucil, por su parte, ve al Gobierno de Pedro Sánchez «incapaz de gobernar sin una constante aceptación de chantajes». Asimismo, y como la AUGC, señalan que se está produciendo un «desmantelamiento de las estructuras del Estado en Cataluña y el País Vasco», que incluirá la práctica desaparición en estos territorios de la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Cabe recordar que el Gobierno pactó con ERC entregar 1.600 millones para aumentar la plantilla de los Mossos d’Esquadra.
A ESPALDAS DE LA GENERALITAT
El acuerdo entre PSOE y Junts se ha realizado a espaldas de la Generalitat. La consejera de Presidencia del Gobierno catalán, Laura Vilagrà, ha emplazado al Ejecutivo dar a conocer «la letra pequeña» del traspaso de competencias en materia de inmigración.
En declaraciones a periodistas en el Palau de la Generalitat, Vilagrà ha explicado que han enviado un mensaje al Ejecutivo de Pedro Sánchez y que están a la espera de recibir una respuesta.
Sobre la negociación del Gobierno con Junts, ha señalado que «solo hay unos compromisos difusos, no hay concreción ni letra pequeña» y por eso han exigido saber exactamente en qué consistirá este traspaso y seguir trabajando de gobierno a gobierno.
