Durante la última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, abordó más temas con las comunidades autónomas aparte del uso de los móviles en las clases, como es la próxima entrada en vigor, el 1 de enero de 2024, de las cotizaciones a la Seguridad Social de las prácticas de los alumnos de Formación Profesional (FP).
La propuesta es que los alumnos de FP van a poder cotizar por el tiempo de prácticas que hagan en las empresas, que será de al menos el 25% de las horas lectivas, según marca la nueva Ley de Formación Profesional. La Seguridad Social bonificará el 95% de las cotizaciones y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes financiará el 5% restante en 2024.
Según Pilar Alegría, esta iniciativa supondrá «una mejora de alto valor añadido para miles y miles de estudiantes, y que aporta más tranquilidad a las empresas donde hacen las prácticas y a los centros educativos a los que pertenecen». Y añade: «Se trata de un salto enorme en beneficio del prestigio y el atractivo de la Formación Profesional».
14 COMUNIDADES PIDIERON UNA PRÓRROGA EN FP
Pero 14 comunidades autónomas, incluido el Gobierno andaluz, discrepan de los resultados de esta medida, al considerar que la FP puede «colapsar» si se obliga a las empresas a dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos que están en prácticas formativas sin que exista un sistema viable y garantista que evite riesgos a la titulación de los estudiantes.
En la Junta de Andalucía creen que la ministra Pilar Alegría no es capaz de dar una solución al grave problema al que se enfrenta la Formación Profesional a partir del 1 de enero ni de afrontar los problemas que amenazan el futuro de nuestros jóvenes. Y es que 14 comunidades autónomas le solicitaron que prorrogara la puesta en marcha de la iniciativa citada.
La consejera de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía, Patricia del Pozo, ha calificado de «profundamente decepcionante» la Conferencia Sectorial de Educación, pues en lugar de tratar el futuro de los estudiantes de FP, la ministra estuvo cuatro horas hablando de prohibir los teléfonos móviles en los centros educativos pese a que tres semanas antes lo había descartado, según la consejera.
Del Pozo prefería que se hubiera establecido un sistema viable y garantista que evite los riesgos sobre la titulación de los estudiantes, en vez de desviar el foco con una propuesta no incluida en el orden del día, sobre prohibición de los móviles en los centros educativos que ya distintas Comunidades, como Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Andalucía, han puesto en marcha.
ANDALUCÍA TIENE 166.000 ESTUDIANTES DE FP
En Andalucía hay 166.000 estudiantes en FP, 750 centros y 20.000 empresas, con peculiaridades propias, además de 12.000 universitarios que hacen prácticas en centros educativos para poder obtener el título, y están muy preocupados con el asunto «habida cuenta de lo que supone para un sistema educativo que está viendo nacer una nueva ley sin que tengamos los reglamentos de desarrollo, en plena adaptación de las Comunidades a una normativa nacional a la que le faltan instrumentos que no ha desarrollado el Ministerio, incumpliendo el calendario previsto», argumenta Del Pozo.
De hecho, «estamos pasando toda la FP a la modalidad de Dual, reclamando la necesaria colaboración de los empresarios… y en medio de todo esto mantienen la entrada en vigor de una medida que tal y como está concebida es absolutamente lesiva para el crecimiento de las enseñanzas de Formación Profesional», insiste la consejera.
No obstante, el Gobierno de Andalucía deja claro que no está en contra de medidas que supongan un avance en la regulación para garantizar que las prácticas cumplan con el fin formativo y evitar mala praxis en los entornos laborales. Pero insiste en que los términos en los que está planteada la medida suponen un duro golpe para el desarrollo de la Formación Profesional en el sistema educativo y las prácticas académicas.
«eSTE SISTEMA DE ALTAS Y BAJAS GENERA UNA TRAMITACIÓN BUROCRÁTICA TREMENDA», INDICA PATRICIA DEL POZO
«Hay supuestos de prácticas concretas que no están contemplados y por tanto no tienen solución a día de hoy, no hay respuesta por parte de la Seguridad Social. Tenemos en Andalucía 166.000 estudiantes en la FP, 12.000 universitarios que hacen prácticas en centros educativos para poder titular. Ese sistema de altas y bajas genera una tramitación burocrática tremenda y no está establecido el procedimiento. Además, elimina la bonificación del 100% en la cuota, es decir, habrá que pagar un 5% a la Seguridad Social cuando se tratan de prácticas académicas», por lo que después de cuatro horas de reunión, no hubo ningún acuerdo.
143 MILLONES PARA 76.479 PLAZAS DE FP
Hasta ahora, lo que sabíamos de la nueva FP es que se iba a potenciar el modelo de Centro Integral de FP, con una oferta más flexible y combinable, con dobles titulaciones, una mayor orientación al alumnado, nuevas materias obligatorias como el inglés técnico, nuevas figuras para potenciar la internacionalización, innovación y orientación, nuevos perfiles docentes colaboradores y una mayor colaboración entre los centros y las universidades, entre otros asuntos.
Por otro lado, Ministerio y comunidades autónomas aprobaron la distribución de cerca de 330 millones de euros a cuatro programas de cooperación territorial vinculados a la FP, la Educación Infantil, la enseñanza de programación y robótica, y la escolarización de desplazados por la guerra de Ucrania. Los gobiernos autonómicos recibirán 143 millones de euros para la creación de 76.479 nuevas plazas de Formación Profesional.
