Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, ha justificado la apertura de expedientes a tres guardias civiles por criticar la amnistía a los independentistas catalanes encausados a lo largo de los últimos diez años y ha subrayado que los agentes, aunque tienen garantizada su libertad de expresión, tienen el deber de ser neutrales y de no ser «partidistas».
El pasado mes de noviembre, el Ministerio del Interior abrió expedientes por «falta muy grave» y decretó la «suspensión cautelar de tres meses» a un portavoz de JUCIL y a dos miembros de la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) por criticar los pactos entre PSOE y Junts al considerar que la amnistía no es solo inconstitucional, sino que dejaba fuera al menos a 45 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encausados en diferentes juicios por el referéndum ilegal del 1-O.
MARLASKA ACALLA A BASE DE EXPEDIENTES A LA GUARDIA CIVIL
El titular de Interior trata de acallar a los críticos con los pactos de PSOE con Junts, ERC y PNV con lecturas que rozan la tergiversación o malinterpretación. La última de ellas tiene en vilo a Aprogc, la Asociación Pro Guardia Civil, cuyo único ‘delito’ ha sido defender el «Todo por la patria», uno de los lemas grabados a fuego en el cuerpo militar.
Esta plataforma, afín a los mandos de la Guardia Civil, recuerda su marcado carácter militar, donde la sangre derramada es un deber si se hace para defender los valores patrios por honor. Así lo juraron ante la bandera de España, como también velar por la protección de la Constitución, tal y como se establece en su artículo 104.
El manifiesto firmado por Aprogc apunta que sus miembros están «dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».
El PP pidió entonces explicaciones al Ejecutivo, que en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press justifica la actuación del Ministerio del Interior recordando que los miembros de la Guardia Civil «poseen un régimen estatutario que aúna a su condición de fuerza policial el carácter militar, dada la naturaleza castrense del Cuerpo al que pertenecen», con lo que tienen un «régimen específico de disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas» reconocidos en la Constitución.
Es decir, el ejercicio de sus libertades está limitado por lo establecido en la Carta Magna y en las disposiciones que la desarrollan, como la Ley Orgánica de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
En concreto, Interior recuerda que los guardias civiles deben guardar una «absoluta neutralidad política y sindical», un mandato recogido en el Código de Conducta y que obliga a ser «plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista».
La norma, no obstante, señala que deben guardarla únicamente en el ejercicio de sus funciones y no fuera de servicio. De hecho, estos guardias civiles han mostrado las mismas críticas que los jueces y funcionarios, pero contra ellos no ha habido sanción alguna.
Por último, niega las críticas del PP recordando que «la apertura de un expediente disciplinario comporta inexcusablemente la protección de los derechos fundamentales del personal incurso en el mismo, en virtud de los principios esenciales que rigen a todo procedimiento disciplinario».
