Calviño y Díaz han tenido que ceder en sus propuestas para la reforma del subsidio de desempleo. La premura de Bruselas para tener dicha reforma a fin de desbloquear el cuarto pago del fondo NextGeneration de 10.000 millones de euros ha podido más que los razonamientos dados por Economía y Trabajo para reformarlo. Ni les ha dado tiempo a lograr el consenso de CEOE y Cepyme ni de CCOO y UGT. Nada más aprobarse la reforma del subsidio, España ha solicitado a Bruselas los 10.000 millones del cuarto pago de los fondos europeos.
El Consejo de Ministros, finalmente, ha dado su visto bueno a una reforma que eleva la cuantía del subsidio a 570 euros mensuales durante los seis primeros meses (Yolanda Díaz proponía elevarlo a 660 euros para luego reducirlo progresivamente), y luego irlos reduciendo progresivamente si el desempleado continúa sin encontrar trabajo. Esta reforma viene a dar respuesta al compromiso del denominado Componente 23 del Plan de Recuperación comprometido con la Comisión Europea a cambio del cuatro tramo de los fondos, dotado con 10.000 millones de euros.
Esta reducción progresiva es la que proponía Calviño. De esta forma, el subsidio será de 570 euros al mes (el equivalente al 95% del Iprem) en los seis primeros meses, para recortarse hasta los 540 euros mensuales (90% del Iprem) en los seis siguientes meses y quedar en los 480 euros mensuales actuales (el equivalente al 80% del Iprem) a partir del año de estar cobrando el subsidio. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda.
Díaz le ha ganado la partida a Calviño en la cantidad de la cobertura, porque según explicó tras la reunión del Consejo de Ministros, recortar la cobertura no incentiva a encontrar empleo, sino que perjudica aún más al parado y le deja en una situación aun más vulnerable.
La vicepresidenta primera, por su parte, se ha salido con la suya de que el parado demuestre que busca activamente empleo, un concepto rechazado frontalmente por Yolanda Díaz porque entender que se criminaliza al desempleado, argumentando que con 480 euros tampoco se llegan a cubrir todas las necesidades. No obstante, Díaz ha logrado que esta ayuda no se recorte.
CALVIÑO Y DÍAZ INTRODUCEN NOVEDADES EN EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO
En lo que sí hubo acuerdo desde un primer momento entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz fue en la incorporación a este derecho a los parados menores de 45 años sin cargas familiares (Trabajo calcula que se beneficiarán unos 150.000 parados) y a los mayores de 52 años con cargas familiares, aunque la familia entera sume rentas por encima de un umbral determinado.
Además, la reforma pactada por Calviño y Díaz incorpora a la protección del subsidio a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (con unos 250.000 beneficiarios), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla. Como había explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, con la reforma se pretende «ganar derechos» y «ampliar las subjetividades en el subsidio por desempleo».
Con estas incorporaciones, el subsidio del desempleo pasará de cubrir las necesidades de 800.000 desempleados que agotaron el cobro del paro a superar el millón de beneficiarios.
Y como quería Yolanda Díaz, se agiliza el tiempo para la concesión de la ayuda, ya que a partir de su aprobación, los parados no tendrán que esperar un mes para empezar a cobrar el subsidio. Con este cambio se elimina el mes que tenían que esperar.
Pero la novedad más importante, a propuesta de Yolanda Díaz, es que el parado que esté cobrando el subsidio y encuentre un empleo podrá seguir cobrando el subsidio durante los seis meses siguientes, siendo compatible con su salario como trabajador. Esta medida pretende dar respuesta a los trabajadores que cobran subsidio y son contratados de muy corta duración, perdiendo su derecho a cobrar el subsidió.
CALVIÑO INTRODUCE EL ITINERARIO PERSONALIZADO DEL DESEMPLEADO
Una de las cuestiones en las que insistió la vicepresidenta primera fue que la prestación esté vinculada a un itinerario personalizado de activación para el empleo mediante la suscripción de un acuerdo de actividad, en el marco de la Ley 3/2023 de 28 de febrero, de Empleo, con un conjunto de servicios que establecen derechos y obligaciones recíprocas entre la persona demandante de los servicios públicos de empleo para incrementar la empleabilidad de la persona.
En la nueva regulación del nivel asistencial se mantiene la acreditación ante el SEPE (y también ante los servicios públicos de empleo autonómicos) de las acciones dirigidas a la búsqueda activa de empleo, reinserción laboral o mejora de la ocupabilidad. En el marco de la nueva Ley de Empleo, se les garantiza el servicio de tutorización individual, el asesoramiento continuado y atención personalizada.
Las normas que se dicten para la actualización de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo garantizarán el acceso a sus servicios a las personas beneficiarias del nivel asistencial de protección.
Además, en el marco de la evaluación de las Políticas Activas de Empleo, se llevará a cabo una evaluación de la incidencia de este nivel asistencial de protección en la mejora de la empleabilidad de las personas beneficiarias.
DÍAZ DESTACA LA PROTECCIÓN SIN PRECEDENTES A LOS PARADOS, CON MÁS GASTO Y EN SUPERÁVIT
La titular de Trabajo, que presentó la reforma tras ser aprobada por el Consejo de Ministros ha destacado que en la actualidad el sistema de protección a los desempleados cuenta con más beneficiarios y más gasto, y con superávit. En este sentido, confirmó los datos enviados al FMI, los mismos que figuran en Eurostat, con 27.000 millones de euros de recaudación por cobertura de desempleo y un superávit de 5.700 millones de euros.
Díaz resumió la reforma del subsidio asegurando que simplifica, elimina periodos de espera y amplía la cobertura. También ha recordado que el 80% de los trabajadores que cobran el subsidio de desempleo no llegan a agotar la prestación. En este sentido, según esta prestación los desempleados podrán cobrar el subsidio durante 30 meses, una duración que la reforma no ha modificado.
