Óscar Puente, el ministro de Transportes, sigue yendo a por todas. Ha conseguido que el Consejo de Ministros desbloquee uno de los proyectos que se encontraba a la espera desde hace años: la ampliación del Puerto de Valencia. Ese retraso se debía al rechazo frontal de Compromís y organizaciones ecologistas y civiles al proyecto.
En la nueva legislatura, con Compromís en la alianza de partidos que se encuentran en Sumar, Yolanda Díaz se ha convertido en la portavoz del rechazo, lo que lleva semanas causando negociaciones tensas y llenas de malestar en el que Puente ha ganado la partida. El 19 de diciembre, sí o sí, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto para ampliar el Puerto de Valencia.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya ha adelantado que las nuevas infraestructuras suponen un «respiro» para el tejido industrial valenciano. Dado como están las relaciones entre Sánchez y el PP, podría también interpretarse como un guiño para distensionar las cada vez más crispadas relaciones del Gobierno y PSOE con el PP. En el anuncio realizado por el ministro Puente ante Mazón se pudo verificar cierta sintonía entre ambos políticos.
A Yolanda Díaz parece estar creciéndola los enanos. Su objetivo de mantener todas las formaciones integradas en Sumar ha quebrado con la marcha de Podemos al grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Ahora añade otra piedra en su camino al quebrar la confianza con Pedro Sánchez en uno de los objetivos de Compromís sobre el Puerto de Valencia, donde Óscar Puente parece ponerse al frente para que las quejas de Díaz no vayan directamente contra Sánchez sino contra él.
PUENTE PRESENTARÁ EL PROYECTO ESTE 19 DE DICIEMBRE AL CONSEJO DE MINISTROS
De momento, en Compromís se preparan para combatir la decisión y los cinco ministros de Sumar votarán en contra de la nueva terminal de contenedores y también la líder de la formación y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que ya ha expresado su rechazo hasta en las redes sociales. La vicepresidenta Yolanda Díaz argumenta que el proyecto proyecto ha sido cuestionado por la Justicia por sus consecuencias ambientales, pero no ha sido un motivo suficiente para Sánchez ni el ministro Puente que defenderá el proyecto en el Consejo de Ministros.
“Sumar, junto a numerosos sectores de la sociedad civil y organizaciones, no comparten la aprobación de este plan, y así se lo han trasladado al ministerio competente”, añaden desde la plataforma. Las mismas fuentes, publica El Diario.es, afirman que «la obra cuenta con una declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 que corresponde al proyecto inicial, pero estamos en el 2023 y esta nueva obra mayor, que prevé dragados adicionales, puede suponer una afectación medioambiental inasumible». Además, recuerdan que «la aprobación del proyecto actual ha sido cuestionada por la justicia por los efectos ambientales adversos que provocaría en plan si sale adelante».
Diputadas regionales como Águeda Micó, de Compromís, reconocen que su posición y la de Sumar es la misma. Todavía van a tener que decidir qué medidas adoptar para presionar a Pedro Sánchez a fin de que pare el proyecto con el que se construirán muelles en 137 hectáreas de superficie y 1.970 metros de línea de atraque, en cuyo recinto caben cinco millones de contenedores. Como es obvio, una de las maneras de presionar a Pedro Sánchez es no votar algunas de sus leyes, ¿por qué no, los Presupuestos Generales del Estado?
COMPROMÍS Y ECOLOGISTAS ASEGURAN QUE HABRÁ IMPACTO AMBIENTAL AUNQUE PUENTE LO NIEGA
Entre los argumentos empleados para el rechazo de Compromís y las asociaciones de Ecologistas se encuentra el impacto medioambiental que tendrá en las playas del Sur de Valencia la ampliación del puerto. Recuerdan, en este sentido, que han sido regeneradas hace muy pocos años por el efecto que tenía sobre ellas el actual puerto.
Políticos y ecologistas se amparan en la declaración de impacto ambiental de 2007, y pese a que el actual proyecto ha introducido mejoras y algún que otro cambio insisten en rechazarla. La polvareda en contra de estas obras ha llevado incluso a crear la Comissió Ciutat-Port (en ella se encuentras unas 200 asociaciones y organizaciones sociales y ecologistas), integrada por asociaciones ecologistas y de vecinas a los que apoya abiertamente Compromís. A través de esta unidad se han presentado denuncias y existen abiertos varios procesos judiciales. Hasta consiguieron una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que suspendía cautelarmente la capacidad de la Autoridad Portuaria de Valencia para decidir si se requiere un nuevo informe ambiental.
También el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha aceptado la realización de un dictamen sobre los posibles efectos nocivos de la ampliación. Para el ministro de Transportes el proyecto cuenta con la seguridad jurídica necesaria y no cree que los tribunales vayan a tirar abajo el proyecto.
Desde la Comissió Ciutat Port no van a parar de manifestarse y realizar todo tipo de actividades de rechazo. Su objetivo, dicen, es que el Gobierno recapacite su decisión que interpretan es una «sentencia de muerte» por sus efectos sobre la salud, además de medioambientales y legales. Aseguran que van a convertir Valencia en un «aparcamiento de contenedores».
Pero también Podemos, aunque no forme ya parte de Sumar, ha expresado sus críticas. La responsable de Acción Institucional, María Teresa Pérez, ha criticado directamente al PSOE por hacer «políticas de derechas y aberraciones», sin tener en cuenta los efectos laborales y medioambientales, y beneficiando siempre a las grandes empresas.
En este sentido, cabe recordar que el proyecto de ampliación que aprobará el Gobierno incluye que las obras estarán ejecutadas por la naviera italiana MSC, de la familia de marineros Aponte, que aportará el 50% del coste. La ampliación está valorada en 2.000 millones de euros. «Si en cinco años pudiéramos tener el primer barco atracado sería un éxito», ha explicado el presidente presidente de MSC España, Francisco Lorente, anunciando de este modo los años que se espera que tardarán en realizarse las obras.
GENERALITAT, EMPRESARIOS VALENCIANOS O LA CÁMARA DE COMERCIO, SATISFECHOS CON LA DECISIÓN
En el lado contrario se encuentra el resto de la sociedad valenciana. Desde el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha valorado la decisión y la calificado como un «respiro» para el tejido empresarial de la región. El presidente valenciano ha destacado el esfuerzo realizado por el sector empresarial y de la sociedad civil valenciana, que han tenido que han reivindicado y acreditado adecuadamente la necesidad de la ampliación.
También la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, considera que la obra es importante para su ciudad, pero todavía más para el Estado si se tiene en cuenta que el 50% del PIB español entra por el puerto valenciano.
Al apoyo político del presidente de Generalitat y la alcaldesa valenciana se han sumado la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la Cámara de Comercio de Valencia y la asociación de directivos y empresarios logísticos Propeller Valencia. La patronal autonómica considera que con la nueva infraestructura se van a alcanzar mayores cotas de desarrollo económico y bienestar social, no solo en la autonomía sino en el resto del país.
