La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene la intención controlar aún más Telemadrid. Sin embargo, en esta ocasión se ha topado con la justicia. Más específicamente, con los servicios jurídicos de la Asamblea que dudan acerca de la constitucionalidad de algunos de los cambios que la presidenta del Ejecutivo regional pretende introducir en la regulación de Radiotelevisión Madrid (RTVM).
Mediante la Proposición de Ley 5/2023 que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que presentó en la Asamblea de Madrid y calificó como «medidas para la simplificación y mejora de la eficiencia de las instituciones y organismos en la Comunidad».
AYUSO GENERA DUDAS CON SU PROPUESTA DE LEY EN TELEMADRID
La propuesta de ley presentada por Isabel Díaz Ayuso para Telemadrid ha generado controversia, especialmente desde una perspectiva jurídica. La incertidumbre se centra en dos aspectos principales: la naturaleza de la ley ómnibus y las transformaciones que podrían conferir un control casi absoluto sobre los medios de comunicación.
En primer lugar, la característica ómnibus de la ley plantea preocupaciones sobre la técnica legislativa. Aunque los servicios jurídicos de la Cámara madrileña consideran que esta aproximación es constitucional, admiten que podría ser criticable desde el punto de vista de la técnica legislativa. Sin embargo, el foco de mayor inquietud se encuentra en los cambios propuestos en la elección de los órganos de gobierno de Telemadrid.
Los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid advierten que la intención del Ejecutivo podría contravenir el control parlamentario de los medios de comunicación, establecido por el artículo 20.3 de la Constitución Española y el 16.3 del Estatuto de Autonomía. Las transformaciones sugeridas por Díaz Ayuso incluyen la eliminación de la capacidad de la Asamblea para designar al director general y al Consejo Asesor, otorgando estas responsabilidades a la Junta General de Accionistas, es decir, la Comunidad de Madrid. Este cambio de competencias ha suscitado críticas y preocupaciones sobre la neutralidad y la independencia del ente.
El cargo de director general, actualmente ocupado por José Antonio Sánchez, ha sido objeto de controversias pasadas. Sánchez, confeso votante del PP y vinculado a los papeles de Bárcenas, ha sido respaldado por la derecha y la ultraderecha, vetando propuestas para su reemplazo. La propuesta de ley de Ayuso busca restringir el papel de la Asamblea y otorgar más poder a la Comunidad de Madrid en la toma de decisiones cruciales.
Las tensiones históricas entre el PP y Telemadrid han estado marcadas por la lucha por el control de la radiotelevisión pública. Esta nueva propuesta revive antiguos conflictos, recordando episodios en los cuales el PP, en su intento por controlar la dirección de Telemadrid, buscó alianzas y modificaciones legislativas para alcanzar sus objetivos, incluso recurriendo a la designación de un administrador provisional en momentos de impasse político.
MANUELA BERGEROT (MÁS MADRID) CARGA CONTRA EL «AUTORITARISMO» QUE PRETENDE AYUSO CON TELEMADRID
La oposición en la Comunidad de Madrid, representada por Más Madrid y Manuela Bergerot, expresó su pesar por las tres reformas impulsadas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su mandato en Sol. En su opinión, estas reformas se caracterizan por una obsesión por el poder, orientándose todas en la misma dirección: más autoritarismo, restricción de la libertad profesional y un mayor control gubernamental sobre Telemadrid, según explicó para el medio digital ElPlural.
Es relevante señalar, al utilizar este lenguaje, que la líder de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha empleado de manera ligera el término «dictador» al referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por decisiones, como la amnistía, que cuentan con el respaldo de una mayoría parlamentaria. Sin embargo, Ayuso considera de manera diferente decisiones como las tomadas en relación con Telemadrid.
Eliminación de la capacidad de la Asamblea para designar al director general y al Consejo Asesor, otorgando estas responsabilidades a la Junta General de Accionistas, es decir, la Comunidad de Madrid
«Si fuera coherente, una persona que siempre tiene en la boca la palabra ‘libertad y ‘Constitución’, mañana aprobaría la enmienda a la totalidad de Más Madrid, que recupera la independencia de Telemadrid, de la Cámara de Cuentas, del Consejo de Transparencia… y retiraría su propuesta que es más autoritarismo, más concentración de poder, menos libertad y, según los propios servicios jurídicos de la Asamblea, vulnera la Constitución» añadió Bergerot al citado medio.
Por otro lado, el PSOE de Madrid también se ha pronunciado al respecto. La portavoz de Comisión de la televisión pública, Tatiana Jiménez, criticó al Partido Popular que este «no se conforma con modificar la ley sin diálogo ni consenso para tener el control absoluto sobre Telemadrid». Además, explicó que la propuesta de Ayuso «se salta además la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía». Y lo calificó como una muestra más del «abuso permanente» por parte del Partido Popular con respecto a la «televisión pública para uso y disfrute del PP con dinero de los impuestos de los madrileños».
AYUSO CON SU MAYORÍA PRETENDE CONTROLAR LA CÁMARA DE CUENTAS Y EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
No es el único organismo que el PP de Ayuso busca controlar. Su reciente intervención en Telemadrid es solo un ejemplo, pero la intención de la administración de la presidenta se refleja también en otros organismos clave en la Comunidad de Madrid, como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia, y todo ello con carácter de urgencia.
Aunque Vox se alió con el PP para el control de Telemadrid, en la Cámara de Cuentas, los de Rocío Monasterio dieron la espalda a los populares. Estos últimos han estado intentando influir en este organismo desde febrero del año pasado, pero no habían tenido éxito debido a su dependencia de la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal.
La modificación propuesta por Ayuso prácticamente favorece al partido mayoritario, ya que desde 2019 los miembros de este organismo público, crucial para auditar contratos y gastos, eran elegidos entre todas las fuerzas políticas, con dos tercios de la Asamblea como base. Argumentando que este sistema dificultaba la resolución de desacuerdos, el PP busca incrementar el número de miembros a siete y cambiar el método de elección, otorgando una prioridad absoluta a la formación mayoritaria, similar a la elección de la Mesa de la Asamblea.
