Marga Prohens, actual presidenta de las Islas, se ha propuesto paliar las consecuencias negativas que han generado en la economía y la sociedad balear los planteamientos nacionalistas y proteccionistas del Gobierno de su predecesora en el cargo, Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados.
La gestión de la socialista Francina Armengol, durante ocho años al frente de la Comunidad balear, en alianza con la izquierda de Podemos y los nacionalistas de MÉS, brazo insular de Esquerra Republicana, ha generado algunos efectos económicos y sociales indeseados en las islas. Los socios de gobierno de Armengol han impregnado de un sentimiento nacionalista casi todas las decisiones tomadas por el anterior ejecutivo balear. La imposición lingüística del catalán ha tenido efectos colaterales como la descapitalización de personal en la Sanidad o en la Administración. La política del tripartito de proteccionismo económico y prohibiciones ha puesto palos en las ruedas al funcionamiento y desarrollo de sectores vitales para la economía insular, entre ellos el turismo.
Aunque a Francina Armengol, no han tenido que convencerla sus aliados para que abrazara el nacionalismo. La farmacéutica y política nacida en Inca está en sintonía con la idea de los ‘Paisos Catalans‘, es defensora de los indultos del procés y también de una consulta pactada para Cataluña. Una ideología que ha tenido mucho que ver en su reciente y polémico nombramiento como presidenta de la Cámara Baja y tercera autoridad del Estado. Un guiño de Pedro Sánchez a sus socios nacionalistas para decantar a su favor los votos necesarios para su investidura.
OTRO MODELO DE PROGRESO PARA BALEARES
La actual presidenta de la Comunidad balear, Marga Prohens, es una política con un talante más moderado que su predecesora en el cargo. La popular, aunque investida por mayoría simple gracias a la abstención de ocho diputados de Vox, gobierna en solitario, ya que el pacto con Vox deja a este partido fuera del Ejecutivo. Una «presidenta para todos, dialogante y moderada que representa el mejor futuro», en palabras del líder de su propio partido Alberto Núñez Feijóo. En su toma de posesión del pasado mes de julio Prohens se reivindicó como ejemplo de «un cambio imparable e inaplazable» y manifestó su intención de apoyarse en la «iniciativa privada» para afrontar los distintos retos que tiene esta comunidad y «pasar de la prohibición y el intervencionismo» a la «responsabilidad individual».
«Una presidenta dialogante y moderada que representa el mejor futuro»
El proyecto de Prohens para Baleares pasa por el desarrollo de políticas económicas liberales y de alivio fiscal, como las aplicadas por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que mitiguen la carga de las familias y estimulen el consumo. Una de las primeras medidas que tomó nada más llegar al Govern fue eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. También se ha propuesto implementar acciones de estímulo económico para sectores como el turismo. Una rama de actividad con gran peso en las islas, y en la que la gestión de Armengol y sus socios de izquierdas y nacionalistas ha generado gran controversia.
Las propuestas del anterior Gobierno insular de crecimiento cero de plazas hoteleras, la imposición de una tasa turística y otras ideas como eliminar los chiringuitos de las playas o convertir hoteles en vivienda social, han indignado y puesto a los hosteleros en pie de guerra. Marga Prohens pretende ahora tranquilizar a este colectivo, tan relevante para Baleares, y revertir la situación generada con una nueva ley turística para las islas que ponga fin a la criticada moratoria de plazas hoteleras y a una política de decrecimiento para el sector.
Una normativa que dará potestad a los diferentes consejos insulares para que fijen sus límites y recuperen aquellas plazas que hayan quedado bloqueadas por las exigencias del anterior Gobierno, siempre que realicen un análisis técnico y concluyan que son viables. Para Prohens, la anterior legislación negaba nuevas oportunidades y suponía acabar con la libre competencia. «Fue una ley intervencionista, prohibicionista, de imposición y perjudicial para las Islas», ha manifestado y ha expresado su compromiso de «apostar por el turismo como la principal industria de Baleares» y de «luchar contra la turismofobia del Govern». Su nueva ley turística defenderá al sector empresarial y a los sindicatos, e implica «mejoras encaminadas a la sostenibilidad, la promoción del producto local o la calidad del trabajo en el sector».
A VUELTAS CON EL LENGUAJE
Otro de los puntos que Prohens ha revertido es la exigencia del catalán como requisito indispensable para acceder a la función pública o a la sanidad, medida importada del nacionalismo, que ha tenido algunas consecuencias indeseadas como la falta de personal en estos ámbitos. Una de las primeras acciones del actual Govern ha sido un plan urgente para captar y fidelizar a profesionales sanitarios que garantice la atención y reduzca las listas de espera.
Según estimaciones del sindicato médico, faltan unas 800 plazas para acabar con el déficit sanitario en las islas. Prohens ha ofrecido un extra de 20.000 euros al año para todos los profesionales que decidan cubrir estas vacantes. Además, ya no tendrán que presentar obligatoriamente un certificado de catalán para trabajar en el sistema sanitario, conocer este idioma será de nuevo un mérito y no un requisito. También la presidenta ha iniciado un proceso participativo con los agentes sociales, políticos y el sector sanitario de las islas, con el objetivo de encontrar el compromiso de todos los implicados para trabajar conjuntamente por construir el primer Pacto Político y Social por la Salud de las Illes Balears, un acuerdo que quiere tener listo a finales del primer semestre de 2024. El objetivo es unir a todos los profesionales y a la sociedad en torno a un pacto político y social para la salud.
exige al gobierno el pago de «una insularidad digna» para los funcionarios
También el Govern lleva a cabo el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública y ha exigido al Gobierno de España el pago de una «insularidad digna» para los funcionarios del Estado que trabajan en la Comunidad, así como la mejora de sus condiciones económicas. Los empleados públicos son reacios a trasladarse a Baleares y prefieren trabajar en la Península, debido a la falta de un sueldo acorde con la carestía de la vida en las islas, el elevado precio de la vivienda y la inmersión lingüística. Prohens ha anunciado que estudia también medidas específicas para rebajar el coste de la vivienda para estos trabajadores.
La crisis habitacional es otra de las prioridades del PP, su programa incluye la derogación de los decretos ley de limitaciones urbanísticas aprobados anteriormente, sacar más suelo al mercado impulsado desclasificaciones, elevación de alturas en los edificios y protección del alquiler para fomentar que los propietarios de pisos los saquen al mercado. Además de continuar construyendo vivienda pública para alquiler.
EL CAMPO DE BATALLA DE LA EDUCACIÓN
En cuanto a la educación, la imposición del catalán como lengua vehicular en prácticamente todos los centros públicos, ha tenido efectos negativos en forma de fracaso escolar para los alumnos cuya lengua materna era el castellano y ha enfrentado a la comunidad educativa. Prohens, está intentando revertir la presión de los nacionalistas para que las escuelas dejen de ser campos de batalla de defensa del catalán y que las familias puedan acceder a la libre elección de la lengua, un derecho reconocido en la Ley de Normalización Lingüística de Baleares.
Otro de los objetivos de Marga Prohens, en este caso consecuencia de las alianzas del Gobierno central, será no consentir pasar a ser una comunidad de tercera frente a las privilegiadas Cataluña y País Vasco, que apuntalan a Sánchez con sus votos para que pueda gobernar esta legislatura. La popular dará la batalla por un reparto justo, y ya ha dicho que «no aceptará las migajas de los acuerdos con ninguna otra comunidad». Para activar sus reivindicaciones y que las islas no sean olvidadas ha enviado una «agenda balear» al presidente del Gobierno con todas sus demandas para esta legislatura. Entre ellas, una financiación propia y la compensación de la insularidad con un Régimen Especial permanente.
