El Tribunal de Cuentas y jueces se adelantan a los acontecimientos de la actualidad política, con y sin razones, ante la aprobación de la ley de amnistía, que aún cursa su trámite parlamentario. La norma pactada entre PSOE y Junts no está aprobada ni redactada en sus términos finales. Además, puede ser recurrida por afectados y beneficiarios de la misma.
Pero a la vista está que tanto PSOE como Junts y ERC venden esta medida de gracia como una victoria hacia la «normalización» en Cataluña, a pesar de que la negociación aún no ha terminado, como se ha visto este pasado fin de semana en Bruselas.
Ante esta situación, las instituciones, organismos e incluso la Justicia están adoptando decisiones al calor de la amnistía. Nadie quiere dar un paso en falso, aunque se dé la espalda a la realidad del momento. Y es que, la norma registrada únicamente por el PSOE en la Cámara Baja tardará como mínimo hasta marzo para entrar en vigor. No obstante, el Tribunal de Cuentas y un juez han comenzado a actuar como si la norma ya estuviera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
CAMBIO DE FICHEROS A LA CARPETA ‘AMNISTÍA’
Así las cosas, en el Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano Jávega, han traspasado toda la investigación a una carpeta denominada ahora ‘Amnistía’. El cambio no solo afecta al nombre, sino a miles de archivos de la causa del procés, que el ente mantiene contra 33 altos cargos, entre los que se encuentra Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, por el desvío de 3,4 millones de euros. Las fuentes consultadas del ente público apuntan que los cambios se han producido esta pasada semana, al calor de las reuniones entre PSOE y Junts y tan solo diez después de la formación de Gobierno.
Los archivos CAMBIADOS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS pertenecen principalmente a la causa contra Puigdemont
Los archivos pertenecen principalmente a la causa contra Puigdemont, que se mantiene abierta contra esos 33 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña, así como contra Puigdemont, Mas y Junqueras, por desviar el dinero público para promocionar la secesión en el extranjero.
El juicio concluyó el pasado 17 de noviembre y quedó visto para sentencia, que no tiene fecha concreta de publicación. Con este expediente, el Tribunal de Cuentas trató de restituir los fondos públicos desviados para el ‘procés’ entre 2014 y 2017. Si la ley de amnistía entrara en vigor en este momento, este caso quedaría cerrado y beneficiaría a todos los investigados por malversación de caudales públicos.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MANTIENE LA INVESTIGACIÓN SOBRE PUIGDEMONT
El Tribunal de Cuentas afirmó que la investigación correría su curso, pero se espera ahora que la ley de amnistía no solo anule las condenas, sino que se restituirá el dinero de las multas impuestas, así como los intereses de demora. Este cambio en los ficheros del Tribunal de Cuentas se produce tan sólo dos semanas después de que el organismo rechazara el recurso de Puigdemont por la organización del referéndum ilegal y la aprobación de las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017.
De hecho, este es uno de los casos que sigue Bruselas con mayor profundidad al tratarse de un delito de corrupción. No obstante, Didier Reynders ha desmentido por segunda vez en una semana al ‘superministro’ de Justicia, Félix Bolaños, al asegurar que la Comisión Europea no se pronunciará sobre la amnistía hasta no obtener las respuestas enviadas al Gobierno de Pedro Sánchez.
El comisario europeo de Justicia, en una rueda de prensa conjunta con Bolaños en la Comisión Europea, ha indicado que existe preocupación por la amnistía y por tanto espera las respuestas del Gobierno sobre la norma. Además, también se ha centrado en la paralización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
REYNDERS Y SUS MALENTENDIDOS CON BOLAÑOS
Reynders ha asegurado que revelará las conclusiones sobre la ley de amnistía «antes del verano», aunque el calendario apunta al primer trimestre. Asimismo, ha urgido a España a renovar al CGPJ y después abordar una reforma para evitar así un bloqueo como el que soporta el órgano de los jueces desde hace cinco años.
El comisario de Justicia ha insistido que el problema de Cataluña es una cuestión interna de España, pero ha recordado al mismo tiempo las quejas de miles de ciudadanos sobre la nueva norma que está en trámite en la Cámara Baja, especialmente por exonerar a imputados por delitos de malversación y terrorismo.
Por este motivo, Reynders ha instado al Ejecutivo a ofrecer todas y cada una de las respuestas a las cuestiones planteadas sobre la ley, mientras insiste en el diálogo con el Gobierno para poder presentar la evaluación de la Comisión sobre el texto al menos hasta el primer trimestre del próximo año. «Por supuesto que tengo preguntas», admitió el comisario horas antes, a la llegada del Consejo de Justicia. De hecho, el comisario de la UE no ha mostrado ni dicho una sola palabra sobre las declaraciones de Bolaños y la «cero preocupación» de Bruselas sobre la amnistía.
Durante la rueda de prensa, el jefe de gabinete de la delegación trató de cortar a los periodistas por las sucesivas preguntas sobre las dudas de Bruselas respecto a la amnistía. Lo hizo en dos ocasiones, pero sin el éxito esperado. Los informadores continuaron cuestionando sobre esta cuestión. Si tan buena es la relación entre Reynders y Bolaños, con un buen entendimiento, por qué cortar las preguntas.
Asimismo, Bolaños se refería en sus respuestas a las propias declaraciones de Reynders, como si tratara de responder por el dirigente de Bruselas o al menos dejando clara la línea a seguir por las respuestas.
LA JUSTICIA ESPERA A LEYES QUE NO EXISTEN
Reynders no ha entrado en el fondo de la cuestión ni tampoco ha mostrado las notables diferencias que separan a España de las peticiones de Bruselas para evitar un nuevo tirón de orejas público a Bolaños. «El voto final se espera para el primer trimestre del año, así que tenemos tiempo», aseguró Reynders por la mañana. Por la tarde, el plazo se extendía «hasta antes de verano».
Mientras tanto, un Juzgado de Girona ha adoptado una decisión sin precedentes al posponer un juicio por el asalto a las vías del AVE a noviembre de 2024. «Sería inútil celebrarlo», ha afirmado el Juzgado de lo penal 2 de Girona, que ha contado con la aprobación de la Abogacía del Estado. Los investigados se enfrentan a un delito de desórdenes públicos por cortar las vías del tren durante las algaradas de 2018 en la zona.
El juicio estaba fijado entre el 12 y 13 de diciembre, pero no se celebrará hasta un año más tarde. La inusual medida se basa en la aplicación de la ley de amnistía, a pesar de que esta aún no ha sido aprobada. La defensa, liderada por el penalista Benet Salellas, pidió la suspensión por la ley de amnistía, que ni está aprobada ni tampoco en vigor. La Fiscalía, de hecho, se opuso a la misma al ser Adif y Renfe sus dos defendidos. Pero el Juzgado no entró a razones y se respaldó en una ley que no existe.
