El Gobierno de Pedro Sánchez no lleva ni doce días constituido y vuelve a tener una jornada negra, como la ocurrida este jueves. Los frentes abiertos son numerosos y los varapalos se coleccionan en todos los ámbitos, desde los nombramientos en Justicia como las pesquisas abiertas por el Tribunal de Cuentas descontrol contra la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, presidida por Nadia Calviño. Repsol, por su parte, estudia desviar 1.500 millones de euros en inversiones fuera de España ante la inseguridad jurídica.
Asimismo, la crisis diplomática con Israel se recrudece, con llamada a consultas al embajador en Tel-Aviv, y la salida de la embajadora del país en España por las nuevas salidas de tono de Pedro Sánchez. Asimismo, mantiene su estrategia favorable a la amnistía y ha cesado a Javier Benosa, jefe de la Oficina de Gibraltar, por sus críticas a esta la proposición de ley que permitiría el regreso del prófugo Carles Puigdemont a tierras catalanas sin haber pisado el suelo de ningún tribunal español.
A esta jornada negra para el Gobierno de Pedro Sánchez se ha sumado el Tribunal Supremo con un soberano varapalo al tumbar el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, por no tener méritos para desempeñar esta función. La exministra, diputada, consejera, teniente de alcalde y concejal atesora una marcha política extensa, pero en ningún caso es «una jurista de reconocido prestigio», requisito indispensable para liderar este órgano consultivo.
MAGDALENA VALERIO Y ÁLVARO GARCÍA, DOS NOMBRAMIENTOS CON VARAPALO
El Ejecutivo trató de enmendar este vacío con un reconocimiento expreso en un Consejo de Ministros de 2022, al incluir a Valerio como una jurista de reconocido prestigio. Y es que, los socialistas elevan a su máxima expresión el axioma de siempre: «El papel lo aguanta todo».
Pero el Supremo se niega a aceptarlo sin más. Para tener ese mérito, se ha de lograr primero y mantenerlo a través del «ejercicio profesional prolongado de la abogacía o de cualquier función jurídica, fiscal, judicial, administrativa, docente, investigadora, publicística o de cualquier naturaleza que suponga un dominio del Derecho tan notable que despierte el aprecio profesional». Una sentencia que supone un duro revés.
Sin salir del ámbito judicial, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un duro informe contra el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, considera que el fiscal general del Estado nombrado por Sánchez no es idóneo para el cargo. Es un hecho insólito en este nombramiento al ser la primera vez en la historia de la Democracia que el órgano de los jueces se opone al candidato del Gobierno.
PEDRO SÁNCHEZ COMPARA LA AMNISTÍA CON EL DIVORCIO
En un nuevo intento de ser más papista que el Papa, Pedro Sánchez trata de defender la amnistía a los condenados y encausados por delitos como terrorismo, malversación y usurpación de funciones públicas con ejemplos difundidos en su día por Artur Más y sus acólitos para justificar la independencia de Cataluña. Tras el sonoro patinazo de Óscar Puente, el presidente del Gobierno afirma que la amnistía es tan buena como el matrimonio homosexual y el divorcio.
Su ruptura con la realidad es total, donde una exultante mayoría de españoles se opone a la amnistía al investigado por terrorismo Puigdemont y sus supuestos compinches en la cúpula ‘Tsunami Democràtic’.
PEDRO SÁNCHEZ Y SU PATINAZO CON LA AMNISTÍA
«Igual que ocurrió con el divorcio y el matrimonio de personas del mismo sexo, aquellos que se manifiestan ahora en las calles acabarán recordando lo de estos días con el dicho de si te he visto, no me acuerdo», ha afirmado. Las consecuencias de la ley de amnistía las está notando el propio Gobierno en sus doce días de andadura, con tres grandes frentes abiertos y una sociedad completamente dividida en dos bloques.
En un nuevo blanqueo del separatismo violento, Pedro Sánchez ha asegurado que la amnistía «reincorpora a la negociación política a quienes desde 2017 se negaron a participar en la gobernabilidad de España». No obstante, fue el propio PSOE junto con ERC quienes aislaron y acorralaron a Junts. Ahora, por la necesidad de siete votos, Puigdemont ha vuelto a la arena política, eso sí con amenazas más gruesas que hace seis años.
GARCÍA ORTIZ, 123.535,92 € POR EL SILENCIO ANTE EL LAWFARE DEL PSOE Y JUNTS
García Ortiz es una de las pocas voces judiciales que ha guardado silencio sobre el pacto entre PSOE y Junts para la legislatura. Bien vale mantener la boca cerrada por 123.535,92 euros anuales repartidos en 12 pagas antes que pronunciarse sobre un acuerdo que afirma que los jueces prevarican con sus decisiones judiciales para perjudicar a los independentistas, tal y como se define el lawfare.
El fiscal, cuyo mandato es recopilar las pruebas y presentar un escrito de acusación en base a las mismas, afirma ahora que ha de mantener «una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad». Asimismo, ha asegurado que tiene que «respetar el principio de separación de poderes constitucional al Estado de derecho».
Sus propios compañeros de carrera, sin excepción, tienen una opinión muy distinta. Por primera vez en Democracia, todas las asociaciones de fiscales han realizado un manifiesto conjunto y no precisamente para pedir un respeto a la separación de poderes, sino para exigir al PSOE y Junts que respeten dicha norma.
LA INCOMODIDAD EN EL CUERPO DIPLOMÁTICO POR TENER QUE DEFENDER LA AMNISTÍA
Benosa denunció la «incomodidad» de defender ahora en el extranjero los argumentos a favor de la amnistía cuando el cuerpo diplomático lleva años desmontando el ‘proceso’ separatista. En concreto, desde antes de 2017 y meses después del 1-O con Josep Borrell (PSOE) al frente. Ahora, el diplomático formará parte del equipo negociador del dossier del Peñón, con el fin de dar un impulso a la negociación con Reino Unido por Gibraltar.
De hecho, la estrategia diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021 se centro en desmontar todo el argumentario independentista, así como advertir de las consecuencias nefastas que tendría Cataluña con su ruptura del resto de España. Además, los servicios de Inteligencia españoles mostraban al separatismo como una amenaza terrorista debido a su naturaleza violenta.
Desde el 23-J, la estrategia del Gobierno ha consistido en borrar todo rastro de estos informes, como los de España Global, bajo la excusa de que «son viejos» y desactualizados. No obstante, la maniobra se entiende mejor cuando se mira en perspectiva todo el conjunto de medidas para tratar de blanquear la violencia extrema mostrada por los de Puigdemont y Oriol Junqueras durante el referéndum del 1-O y los gravísimos disturbios desatados tras publicarse la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del ‘procés’.
ALBARES OPTA POR MATAR AL PERRO PARA CONTROLAR LA RABIA
El propio Ejecutivo ha obligado a Europol a incluir en un nuevo informe el «error» de tratar de terroristas al movimiento separatista.
No obstante, no existe ningún error toda vez que la Audiencia Nacional, y posiblemente el Tribunal Supremo, investiga la causa de ‘Tsunami Democràtic‘ por delitos de terrorismo, malversación y usurpación de funciones públicas a los líderes del ‘procés’. Hasta la Fiscalía se reafirma en el delito de terrorismo en una de las causas abiertas contra el movimiento separatista.
Con todo, José Manuel Albares, el ejecutor ministro de Exteriores, ha sido el encargado del cese de Benosa. No obstante, no ha podido acallar las duras críticas vertidas por Felipe González y Francisco Pérez de los Cobos, expresidentes del Gobierno y del Tribunal Constitucional, respectivamente, contra la amnistía. La amnistía es «intolerable», ha afirmado el jefe del Ejecutivo más longevo de la democracia. «Es pedir perdón a quienes cometieron los delitos», ha insistido.
PÉREZ DE LOS COBOS ROMPE SU SILENCIO CONTRA LA AMNISTÍA
«Es un desafío al orden constitucional», ha afirmado el expresidente del TC, al vulnerar «gravemente» los principios de seguridad jurídica e igualdad ante las leyes. «Hoy he decidido no hacerlo: creo que tengo la obligación como ciudadano de pronunciarme sobre una situación que considero enormemente preocupante y que también me interpela en relación con el ejercicio de las funciones de interpretación y defensa de la Constitución que he desempeñado», ha afirmado.
A su juicio, el pacto entre el PSOE y Junts, así como la propia ley de amnistía, es un «desafío». En este sentido, el máximo representante del Tribunal Constitucional entre 2013 y 2017 ha afirmado que el texto presentado por el PSOE solo es «una pieza», un «pago» de un pacto que se irá sellando fuera de las fronteras españolas con la figura de un verificador.
PSOE y Junts acudirán a un nuevo encuentro en Ginebra (Suiza) este sábado sin dar a conocer quién verificará los puntos acordados y su cumplimiento. Las especulaciones son numerosas e incluso hay quien apunta a vinculaciones con el desarme de ETA de 2017.
Según ha dado a conocer MONCLOA, esta enigmática figura ha participado en al menos dos encuentros anteriores, pero continúa sin desvelarse el nombre o nombres. Una muestra más de la falta de transparencia de los socialistas, quienes han asegurado por activa y por pasiva que darían a conocer todos los encuentros con luz y taquígrafos. No obstante, ni los micrófonos ni las cámaras tienen batería y se han desconectado para mantener el apagón informativo al respecto, pese a afectar a todos los españoles.
IRREGULARIDADES, NADIA CALVIÑO Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS
El Tribunal de Cuentas también se ha sumado a este jueves negro para el Gobierno de Pedro Sánchez por el descontrol de contratos en la fundación que preside la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.
El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosos incumplimientos de la normativa de contratación, deficiencias en la normativa de personal y brecha de género en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
Dedicada a la cooperación internacional en materia de administración y políticas públicas, la Fundación se ha visto envuelta en la trama socialista del ‘Tito Berni’. La juez del caso pidió los contratos con el proyecto europeo GARSI-Sahel, unos fondos destinados supuestamente a la formación de polícias en la zona y que gestionó el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, colaborador del dimitod diputado canario.
Calviño negó ante el Congreso la vinculación con la trama del Tito Berni y encargó un informe, cuya conclusión fue una inmaculada hoja de servicios. El Tribunal de Cuentas, por su parte, no ha hecho la vista gorda y ha detectado un descontrol absoluto del gasto, con pagos de 109 millones de euros a proyectos de cooperación técnico-pública y otros 349 contratos por valor de 83 millones de euros, junto a otros 455 contratos menores por un importe de 4 millones.
Todo ello, tras los continuos retrasos registrados en la presentación de sus cuentas anuales. En concreto, tardó 528 días más de lo previsto en la legislación vigente en dar a conocer los números de 2020, mientras que tardó prácticamente un año más en rendir las de 2021. Todo por «el desordenado y deficiente proceso de cambio de aplicación contable desde 2018».
REPSOL Y LA GUERRA ENTRE YOLANDA DÍAZ Y CALVIÑO
Si la crisis diplomática con Israel, la amnistía y los varapalos judiciales no eran suficientes, el Gobierno suma una nueva guerra entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño a costa de la política de empleo y los subsidios de paro.
El choque de trenes entre Trabajo y Economía puede tener consecuencias imprevisibles en la legislatura más política de la historia de la democracia desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero.
Yolanda Díaz pretende ampliar la cuantía del subsidio de desempleo a los 660 euros al mes durante los primeros seis meses, es decir, un 110% más respecto al IPREM; y a 540 euros euros los siguiente seis meses, y después mantener los 480 euros mensuales, para los mayores de 45 años.
No obstante, Calviño no está por la labor de dorar la píldora a la también vicepresidenta y apunta a recortes en los subsidios, así como recortar el periodo de cobro, desde los 30 meses a los 12. Con esta fórmula, más propia de un Gobierno liberal, se incentiva la búsqueda de trabajo y se evita agotar las prestaciones durante dos años.
Por último y más importante, Repsol estudia seriamente llevarse 1.500 millones de euros en inversión a Francia o Portugal ante la falta seguridad jurídica y fiscal en España.
