José Luis Escrivá es un economista, un técnico, pero también un político. Bajo su dirección creó José Luis Rodríguez Zapatero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en marzo de 2014, nueve meses antes de que llegara Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno. Y en la AIReF estuvo hasta 2020 en que Pedro Sánchez le llamó emprender unas de sus grandes reformas, la de las pensiones y la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.
Bajo su apariencia de hombre despistado, ensimismado con las cuestiones que le ocupan, Escrivá esconde una gran preparación, desde su licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, con premio extraordinario de licenciatura. Con el título ya en su currículum agregó, posteriormente, estudios de posgrado en Análisis Económico en la propia universidad donde se licenció, y luego Econometría en el Banco de España. Los temas financieros y monetarios han sido algunos de los aspectos sobre los que ha investigado y escrito.
Comenzó su vida laboral en el Servicio de Estudios del Banco de España, para centrarse unos años en el proceso de integración monetaria en Europa desde 1993, siendo asesor del Instituto Monetario Europeo. Su conexión con las instituciones europeas le llevó a ocupar la jefatura de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE) una vez creada la Unión Monetaria, para posteriormente dirigir la política para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea, entre 2012 y 2014. Paralelamente a este trabajo europeo, fue economista-jefe y director del Servicio de Estudios del BBVA, y a partir de 2010, Managing director del Área de Finanzas Públicas.
ESCRIVÁ CONOCE DE SOBRA LOS MECANISMOS, ENTRESIJOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS
Viendo su preparación y los puestos ocupados, se puede decir que Escrivá es la persona con la que puede contar entre los suyos para sustituir a Nadia Calviño en el caso de que sea nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Como ella, sabe manejarse perfectamente por Europa al conocer todos los mecanismos, entresijos y funcionamiento comunitario, sobre todo, en materia económica y financiera. Esto es, para ser ministro de Economía.
En el mundo de la rumorología, la mayoría de las voces coinciden en asegurar que su puesto recién creado como ministro de Transformación Digital, área de la que se ocupaba la propia Nadia Calviño en la anterior legislatura (instigadora, entre otras cuestiones, del ‘Kit Digital’) es una muestra más de que Sánchez ha optado por mantenerlo en la recámara mientras se despeja en diciembre si Calviño se va a Europa. Nadie se cree que una persona con tanta preparación se le deje para atender solo, aunque no por ello menos importante puesto que es el futuro que afectará a países, empresas y trabajadores, la transformación digital de España, incluidas las telecomunicaciones o la Inteligencia Artificial.
De producirse este cambio, es previsible, que el presidente del Gobierno opte por hacer desaparecer ese nuevo ministerio para integrar la transformación digital en una secretaría dependiente de Economía como estaba hasta ahora, pero también que Escrivá ocupe la vicepresidencia primera que deja Calviño.
ESCRIVÁ DEJA COMO LEGADO LA PUESTA EN MARCHA DE LA AIREF Y LA REFORMA DE LAS PENSIONES
Como medidas económicas de mayor calado, Escrivá fue el artífice de la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en 2014. Esta ‘autoridad’ pública del siglo XXI tiene cometido velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo.
Poco a poco sus informes han ido calando en el quehacer político y del Gobierno, ya que sus análisis independientes sirve de referencia para fijar el camino a seguir en todos los aspectos estatales y autonómicos de la financiación pública. E incluso para corregir posibles errores de las políticas aprobadas.
Se le critica porque su reforma de pensiones pondrá en peligro la sostenibilidad del sistema público de las pensiones
Esa independencia se ha puesto de manifiesto este mismo año cuando la sucesora de Escrivá, Cristina Herrero hasta le ha leído la cartilla por el ingreso mínimo vital y la falta de datos que ha llevado a la UE a considerar estas ayudas como productivas y, por tanto, dejarlas fuera de los fondos europeos. La presidenta de la AIReF ya avisó en septiembre, para el que formara el nuevo Gobierno (todavía no había sido el debate de investidura de Feijóo, y mucho menos el de Sánchez) que «la situación económica y fiscal requiere responsabilidad de todos los niveles de la Administración».
La otra gran tarea de Escrivá ha sido la reforma del sistema público de pensiones, recuperando el criterio de revalorización de las mismas del Pacto de Toledo: en función del IPC, para que no pierdan poder adquisitivo. Esta reforma no estuvo exenta de diversas polémicas, como las dudas que ha dejado sobre la viabilidad financiera del sistema con las mejoras introducidas, sobre todo a las pensiones más bajas; y por otro lado, con los autónomos, cuyas cuotas serán revisadas casi mes a mes, en función de cómo les vaya, lo que supone a los trabajadores por cuenta propia estar fotografiándose continuamente, además de haberles subido las cuotas, lo que para muchos supone dificultades añadidas a su supervivencia.
LAS ESPINAS DE ESCRIVÁ, LA DIFICULTAD PARA ACCEDER A LA RENTA MÍNIMA Y LA CRISIS MIGRATORIA
Sin embargo, los problemas más significativos que ha dejado sin resolver han sido en primer lugar la crisis migratoria, que conocía desde el verano y que para aliviar la situación que atraviesa Canarias no puso medidas hasta prácticamente mediados de noviembre. Unas medidas, además, descoordinadas con el resto de las comunidades autónomas a las que designó junto con el Ministerio del Interior para la recepción de migrantes ante el colapso de los centros de acogida existentes en todas las islas de la comunidad canaria.
Una de sus últimas actuaciones, de este mismo lunes, fue la desconvocatoria de la Conferencia sectorial sobre migraciones que había convocado con los responsables de cada comunidad. La justificación de esta desconvocatoria fue la falta de representantes autonómicos, ya que solo habían confirmado nueve autonomías su asistencia. Esta decisión ha levantado ampollas entre las regiones gobernadas por el PP, muchas de las cuales han dicho que no es necesario confirmar la asistencia.
Y la otra espina han sido los obstáculos burocráticos y exigencia excesiva de criterios con que se han encontrado las personas en situación de vulnerabilidad para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital. Se puso en funcionamiento en junio de 2020, en plena pandemia del Covid-19, y tres años después las cifras confirman 646.084 hogares en los que viven 1.868.172 personas. El tiempo medio de espera para tener acceso a esta prestación es de seis meses.
