El nombre de Ana Redondo, la nueva ministra de Igualdad, era hasta el lunes 20 de noviembre de 2023, totalmente desconocido para mucha gente, que se echaban las manos a la cabeza por ver como Pedro Sánchez elegía a un perfil bajo para sustituir a Irene Montero en el Ministerio de Igualdad.
Redondo es doctora en Derecho Constitucional y fue, hasta las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, Teniente de alcalde y concejala de Turismo y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid. Es decir, esta socialista era la número dos del entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ahora ocupa la cartera de Transportes.
En este sentido, la Comisión 8M, vinculada al feminismo cercano a Irene Montero, ha establecido que la nueva ministra de Igualdad cuenta con 100 días, hasta el 8 de marzo, para emprender acciones, ya que, según su perspectiva, «queda mucho trabajo por hacer». La salida de Irene Montero del Ministerio de Igualdad deja al feminismo dividido, con una facción de feministas clásicas, incluidas exdirigentes socialistas, opuestas a la ley trans y que han solicitado en diversas ocasiones la dimisión de Montero, mientras que otra facción está representada por la Comisión 8M.
«Lo que podemos decir es que aún queda mucho trabajo por hacer y que esperamos que la nueva ministra esté a la altura de los retos para seguir avanzando en derechos. De aquí al 8M hay 100 días para demostrarlo», ha asegurado la Comisión 8M.
ANA REDONDO SE ENFRENTA A UN MINISTERIO SITUADO BAJO EL FOCO MEDIÁTICO
En la anterior legislatura, el Ministerio de Igualdad destacó como un foco central en la atención mediática del Gobierno central. Recibió un significativo impulso económico para abordar los desafías asociados a la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, la polémica ley trans, promovida por el sector de Podemos y que garantiza la autodeterminación de género sin requerir informes médicos, resultó ser un factor decisivo que fracturó la unidad del movimiento feminista y generó fuertes tensiones entre los dos partidos que conformaban la coalición gubernamental.
En este aspecto, fuentes feministas explican al medio Público, que Ana Redondo no se ha mostrado nunca públicamente contraría a la ley trans, ni tampoco se ha sumado a las manifestaciones donde destacadas socialistas, como es el caso de Carmen Calvo, ha participado activamente en contra de la ley.
Otras fuentes cercanas a la formación morada, ya desaparecida del Gobierno, indican que el perfil de la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, está muy baja en feminismo, pero muy alta en su lealtad política con el PSOE. Sin duda un factor clave para sobresalir en el mundo político.
OTROS RETOS PARA ANA REDONDO: LA LEY DEL ‘SOLO SÍ ES SI’ Y MÁS AGENDA COMO MINISTRA
Una norma impulsada por Unidas Podemos, la ley de libertad sexual, mejor conocida como la ley del ‘solo si es sí’, ha sido el epicentro de desacuerdos entre socialistas y la formación morada en el Gobierno de coalición. Esta legislación ha sido también un punto de contención y crítica utilizado por el PP y Vox para elucubrar sobre el Ejecutivo, especialmente en relación con las reducciones de penas para agresores sexuales condenados.
A pesar de la controversia, la ley del ‘solo si es sí’, que finalmente fue reformada por el PSOE con el respaldo del PP, representa avances sustanciales en términos de conceptos y consentimiento y en cuanto a las medidas de reparación para las víctimas, según el reconocimiento de destacados juristas.
Redondo tendrá que hacer frente al derecho al aborto, agenda LGTBI+, ley contra la trata de personas y a la gestación subrogada
Por otro lado, se espera que Ana Redondo como ministra y jurista se centre por completo en la lucha contra la violencia de género y amplíe la agenda LGTBI+, con un mayor presupuesto y estructuras diferenciadas a la agenda de Igualdad. Algunas fuentes dentro del ámbito socialista consideran que Redondo podría evaluar la opción de transferir ciertas políticas relacionadas con el colectivo LGTBI+ del Ministerio de Igualdad al de Infancia y Juventud, presidio por Sira Rego.
Asimismo, es importante recordar que Pedro Sánchez, durante su discurso en la primera sesión de investidura, se comprometió a buscar un pacto de Estado por las personas LGTBI+, argumentando que en esta época era «más necesario que nunca».
EL DERECHO AL ABORTO, OTRO DE LOS RETOS PARA ANA REDONDO EN IGUALDAD
Como desafíos inmediatos, la ministra Ana Redondo se enfrenta a la tarea de consolidar el derecho al aborto en los centros públicos, un objetivo consagrado en la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. A pesar de la existencia de esta ley desde febrero de 2023, en la práctica aún existen ciertos obstáculos.
Esta ley pretende asegurar que, en los centros de salud públicos, las mujeres que así lo deseen puedan acceder a ejercer su derecho a abortar sin la restricción de encontrarse con la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, una problemática vigente en la actualidad. La realidad es que muchas mujeres se ven obligadas a desplazarse fuera de sus provincias e incluso comunidades autónomas para encontrar un centro donde se les realice el procedimiento.
La ley busca garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud, asegurando igualdad y proximidad en las condiciones. Con el objetivo de cumplir este propósito, se establece la necesidad de elaborar una lista de médicos objetores, con la finalidad de crear un registro público de centros donde se garantice la presencia de facultativos dispuestos a realizar dichas intervenciones. Hasta el momento, estos registros aún no han sido completados.
ANA REDONDO TENDRÁ QUE HACER FRENTE A UNA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
De acuerdo con el pacto de legislatura entre el PSOE y Sumar, el nuevo Gobierno se compromete a llevar a cabo la tramitación de una ley integral contra la trata de personas, abordando «todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan principalmente a las mujeres».
Fuera del acuerdo entre Sumar y el PSOE quedó excluida una hipotética ley de abolicionismo de la prostitución, a pesar de que los socialistas la incluían en su programa. Debido a este impedimento, la ley contra la trata se perfila como la legislación destacada del Ministerio de Igualdad en esta legislatura, destinada a mitigar los efectos de la prostitución forzada que afecta a miles de mujeres y menores en España.
En relación con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la nueva ministra, Ana Redondo, se enfrenta a la tarea de supervisar su implementación en un momento crítico. La presencia de mensajes negacionistas de Vox, en coalición con el PP en la mayoría de las comunidades autónomas, amenaza las políticas efectivas contra los feminicidios.
Comisiones Obreras (CC. OO.) ha urgido a la ministra de Igualdad a revisar la aplicación del pacto en Andalucía, donde la Junta ha recortado más de cinco millones de euros del presupuesto para 2024 del Instituto Andaluz de la Mujer y solo ha ejecutado un 35% de los fondos destinados este año para combatir la violencia de género.
En relación con la gestación subrogada, el programa electoral del PSOE se comprometía a tomar medidas «contra las agencias que promocionan y hacen negocio», además de continuar «apoyando a nivel europeo la consideración como delito» de esta práctica. Actualmente, en España, la gestación subrogada está prohibida, y la reforma de la ley del aborto, en su artículo 33, prohíbe su promoción comercial.
