La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre la decisión del juez Manuel García Castellón, quien ha instado al Tribunal Supremo a abrir una causa por delito de terrorismo contra Carles Puigdemont, Marta Rovira (ERC), Josep Lluís Alay, mano derecha del prófugo de Waterloo, junto al editor Oriol Soler; y Xavier Vendrell, exconsejero de Gobernació y exmiembro de la extinguida banda terrorista Terra Lliure, y otras siete personas más.
La decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional llega apenas 24 horas después de que García Castellón señale a los presuntos líderes de ‘Tsunami Democràtic‘, la plataforma utilizada por el independentismo para organizar los disturbios y cortes de carreteras, así como el bloqueo en el aeropuerto de El Prat, como respuesta a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del ‘procés’ independentista catalán en el otoño de 2019.
LOS ARGUMENTOS DE GARCÍA CASTELLÓN, INSUFICIENTES PARA CARBALLO
García Castellón elevó la causa a Alto Tribunal para indagar sobre el papel de Puigdemont en todo este supuesto entramado, donde están imputados un total de doce personas, algunas de ellas aforadas. El fiscal Miguel Ángel Carballo se remite a los argumentos que incluyó en otro recurso y se opone de nuevo a dirigir la causa contra el prófugo Carles Puigdemont al considerar que los indicios contra él son «insuficientes».
El juez García Castellón sitúa a Puigdemont en la cúspide de ‘Tsunami Democràtic’, pero el fiscla cree que la Audiencia Nacional «no es competente» en esta causa al no apreciarse indicios de terrorismo, sino de desórdenes públicos. Para el juez, la muerte de un turista francés e impedir el cambio de turno en la torre de control son motivos suficientes para centrar el caso como un delito de terrorismo.
EL FISCAL NO VE INDICIOS DE TERRORISMO CONTRA PUIGDEMONT
«La remisión de la exposición razonada viene a ser una suerte de reforma de oficio de la citada resolución sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto» de Puigdemont y del otro aforado, el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, ha señalado el fiscal.
La remisión de la exposición razonada viene a ser una suerte de reforma de oficio de la citada resolución sin fundamento alguno
«Todo ello en contra de lo establecido en el artículo 267.1 de la LOPJ que impide que los órganos judiciales modifiquen las resoluciones que pronuncien después de firmadas, salvo la aclaración de conceptos oscuros, rectificación de error material, que no resulta ser el caso», ha considerado.
A esos argumentos, sostiene la Fiscalía, «han de sumarse, en la actualidad, la propia pendencia del recurso referido y aun no elevado a la Sala, y la flagrante contradicción en que incurre la citada remisión al Tribunal Supremo con el propio auto del referido recurrido por este Ministerio». Para el fiscal, el momento de García Castellón pasaba por «concretar con mayor precisión» el papel desempeñado por Puigdemont y Wagensberg.
TSUNAMI DEMOCRÀTIC Y UNA IMPUTACIÓN PENDIENTE DEL SUPREMO
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dado a conocer la exposición razonada al Alto Tribunal de los hechos. El motivo de trasladar esta causa al Supremo es que varios de los investigados están aforados y la Audiencia Nacional no tiene competencias para citarles como investigados. Entre los investigados que reúnen estas condiciones está también Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament.
Según ha explicado García Castellón al Tribunal Supremo, Puigdemont sería el «vértice más alto de la organización» de Tsunami Democràtic, la plataforma creada supuestamente por los líderes independentistas y financiada con dinero público, extraído presuntamente por Alay, para llevar a cabo las acciones de sabotaje y asedio contra infraestructuras estratégicas como la estación de Sants y el aeropuerto de El Prat.
EL ASEDIO A EL PRAT, DELITO DE TERRORISMO PARA PUIGDEMONT
Es en este último lugar donde se centran las acusaciones de terrorismo. Por un lado, un turista falleció de un paro cardiaco en pleno asedio, mientras que por otro se impidió el cambio de turno de los controladores aéreos, provocando un serio riesgo para la vida humana. Es en este punto donde García Castellón incide para sostener su acusación de terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional señala a Puigdemont como el «líder desde Bruselas del independentismo» y le atribuye «una posición de autoridad incuestionable».
Si Tsunami hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico
Para el juez de la Audiencia Nacional, existen indicios claros para conectar a Puigdemont y su participación en la creación y planificación de Tsunami Democràtic, como los mensajes con Alay, entonces su jefe de Gabinete y mano derecha del prófugo de Waterloo, y el empresario Jesús Rodríguez, así como la agenda confiscada y el impulso de Tsunami Democràtic en redes sociales.
«Si Tsunami hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas», reitera el magistrado ante el Tribunal Supremo. De hecho, los propios controladores lo han puesto de manifiesto en diversas conferencias. Y no, no era posible que extendieran su jornada laboral.
García Castellón sostiene su alegato de terrorismo en este hecho, cuyo impacto hubiera conllevado el peligro para vidas e integridad de las personas. En este punto recuerda el fallecimiento de un turista francés y cuya muerte se está investigando para conocer si el fallecimiento pudo haberse evitado si no hubiera sido por los disturbios y bloqueos de los separatistas durante la noche del 14 al 15 de octubre, el mismo día que se conoció la condena del Supremo.
