Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el propio Tribunal Supremo ponen contra las cuerdas la amnistía del PSOE y al Gobierno por las maniobras políticas. En concreto, el Alto Tribunal ha anulado el ascenso de Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado; mientras García Castellón insiste en imputar a Puigdemont por delito de terrorismo, junto a otras once personas; y el TSCJ pone fecha al juicio contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dirigentes de ERC, por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O de 2017.
La Justicia prosigue con sus actuaciones tras los pactos del PSOE con Junts y ERC, que incluyen la amnistía a los líderes separatistas, así como a centenares de personas por delitos como terrorismo, malversación, usurpación de funciones públicas y prevaricación, entre otros.
El primer mazazo para el PSOE ha llegado por cortesía de García Castellón, quien ha instado al Tribunal Supremo a abrir una causa por delito de terrorismo contra Carles Puigdemont, Marta Rovira (ERC), Josep Lluís Alay, mano derecha del prófugo de Waterloo, junto al editor Oriol Soler; y Xavier Vendrell, exconsejero de Gobernació y exmiembro de la extinguida banda terrorista Terra Lliure, y otras siete personas más.
TSUNAMI DEMOCRÀTIC Y UNA IMPUTACIÓN PENDIENTE DEL SUPREMO
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dado a conocer la exposición razonada al Alto Tribunal de los hechos. El motivo de trasladar esta causa al Supremo es que varios de los investigados están aforados y la Audiencia Nacional no tiene competencias para citarles como investigados. Entre los investigados que reúnen estas condiciones está también Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament.
Según ha explicado García Castellón al Tribunal Supremo, Puigdemont sería el «vértice más alto de la organización» de Tsunami Democràtic, la plataforma creada supuestamente por los líderes independentistas y financiada con dinero público, extraído presuntamente por Alay, para llevar a cabo las acciones de sabotaje y asedio contra infraestructuras estratégicas como la estación de Sants y el aeropuerto de El Prat.
Es en este último lugar donde se centran las acusaciones de terrorismo. Por un lado, un turista falleció de un paro cardiaco en pleno asedio, mientras que por otro se impidió el cambio de turno de los controladores aéreos, provocando un serio riesgo para la vida humana. Es en este punto donde García Castellón incide para sostener su acusación de terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional señala a Puigdemont como el «líder desde Bruselas del independentismo» y le atribuye «una posición de autoridad incuestionable».
EL ASEDIO A EL PRAT, DELITO DE TERRORISMO PARA PUIGDEMONT
Para el juez de la Audiencia Nacional, existen indicios claros para conectar a Puigdemont y su participación en la creación y planificación de Tsunami Democràtic, como los mensajes con Alay, entonces su jefe de Gabinete y mano derecha del prófugo de Waterloo, y el empresario Jesús Rodríguez, así como la agenda confiscada y el impulso de Tsunami Democràtic en redes sociales.
El liderazgo de Puigdemont en Tsunami Democràtic también se apuntala con la discusión y debate mantenido con Josep Campmajó, otro empresario. Ambos señalaron la actitud de diferentes dirigentes en relación a la sentencia del ‘procés’, conocida el 14 de octubre de 2019. En aquel escrito, el Alto Tribunal sentenció a Oriol Junqueras, los ‘Jordis’ -Sánchez y Cruixart, así como a Josep Rull, entre otros, a casi una decena de años de prisión cada uno y otros tantos de inhabilitación.
El juez, como hizo en su auto de terrorismo, enumera las actuaciones de los independentistas alentados supuestamente por Puigdemont para paralizar Cataluña y todas las conexiones por tierra y aire. Así, describe el llamamiento a la ‘huelga de país‘ durante los días posteriores a la sentencia, el bloqueo de infraestructuras críticas y el asedio al aeropuerto de El Prat, donde se incluyó la torre de control de Enaire de Barcelona-Gavá. Este último tiene una «importancia estratégica» y el hecho de impedir el cambio de turno de los controladores hubiera podido ocasionar «graves consecuencias» en la «seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional» de haber alcanzado la consecución de este objetivo.
EL OBJETIVO DE TSUNAMI DEMOCRÀTIC PUSO EN RIESGO VIDAS HUMANAS
«Si Tsunami hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas», reitera el magistrado ante el Tribunal Supremo. De hecho, los propios controladores lo han puesto de manifiesto en diversas conferencias. Y no, no era posible que extendieran su jornada laboral.
García Castellón sostiene su alegato de terrorismo en este hecho, cuyo impacto hubiera conllevado el peligro para vidas e integridad de las personas. En este punto recuerda el fallecimiento de un turista francés y cuya muerte se está investigando para conocer si el fallecimiento pudo haberse evitado si no hubiera sido por los disturbios y bloqueos de los separatistas durante la noche del 14 al 15 de octubre, el mismo día que se conoció la condena del Supremo.
PUIGDEMONT Y DIRIGENTES DE ERC, PRESUNTOS RESPONSABLES
El juez trata así de dirimir si los investigados deben hacerse responsables de las lesiones causadas durante los graves altercados. «Especialmente relevante resultará esclarecer si entre los lesionados hubo usuarios del aeropuerto –viajeros, tripulación de vuelo, acompañantes o familiares de viajeros o personal del aeropuerto-, a los efectos de concretar el riesgo que para la integridad física de las personas que se encontraban en el aeropuerto supuso la acción organizada por Tsunami», destaca. García Castellón, además, apunta que los responsables de Tsunami Democràtic deberán hacerse responsables de los daños y perjuicios económicos ocasionados.
PUIGDEMONT Y ROVIRA, ENJUICIADOS EN BRUSELAS Y SUIZA
Para evitar un cambio de la legislación española, García Castellón apunta al consenso y directrices europeas, donde encajarían todos estos actos en el delito de terrorismo. Así, no hubo ninguna convocatoria legal para bloquear El Prat, tampoco para manifestarse por las calles de Barcelona; mientras enumera la cantidad de objetos descritos por los Mossos d’Esquadra en sus informes, como piedras de granito y mármol, cortantes, hierros, extintores, maderas, vallas, pirotecnia y vidrios rotos de las cristaleras del inmueble.
García Castellón abre la posibilidad de que, atendiendo al Derecho comunitario, Puigdemont pudiera ser enjuiciado en Bélgica
Asimismo, el propio García Castellón abre la posibilidad de que, atendiendo al Derecho comunitario, Puigdemont pudiera ser enjuiciado en Bélgica, mientras que Rovira lo sería en Suiza, siguiendo los mecanismos de cooperación oportunos.
Por otro lado, podría imputar a los responsables de Tsunami Democràtic un «delito de desórdenes públicos cometido por una organización criminal estructurada» con «la finalidad de cometer acciones terroristas, como la que se materializó» en El Prat.
LOS DIRIGENTES DE ERC Y UNA CONSEJERA, A JUICIO EN EL TSJC
El otro varapalo recibido por el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, como defensor de la amnistía, viene por el TSJC. El tribunal autonómico ha fijado fecha para el juicio a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, actuales dirigentes de ERC, por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O de 2017. Ambos tendrán que acudir entre abril y mayo a los Juzgados, meses en los que se espera la aprobación de la amnistía tras el bloqueo del PP a la tramitación en el Senado.
La Fiscalía pide siete años de prisión para Jové y Salvadó por los delitos de prevaricación, desobediencia, malversación y revelación de secretos. Ambos eran del núcleo duro de Oriol Junqueras durante su etapa en la Vicepresidencia y Consejería de Economía. Este ente fue el encargado de organizar y preparar el referéndum ilegal del 1-O.
A pesar de los delitos, Jové fue premiado con el cargo de presidente de ERC en el Parlament, mientras que Lluís Salvadó es el actual presidente del Puerto de Barcelona. Asimismo, Jové ha negociado de tú a tú con el PSOE de Pedro Sánchez, mientras su celebridad saltó a la fama por la famosa libreta ‘moleskine’, una prueba utilizada en el juicio contra los líderes secesionistas en el Supremo. En ella anotó todas las reuniones y pasos para alcanzar el día de la proclamación de independencia de Puigdemont. También está llamada como investigada Natalia Garriga, consejera del Govern de Pere Aragonès por un delito de desobediencia.
EL VARAPALO PARA EL PSOE CON DOLORES DELGADO
El último varapalo llega desde el Supremo, que anula el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala tras un recurso del fiscal Luis Rueda. El BOE la nombró como fiscal de Sala de lo Militar, pero se hizo sin las seguir las reglas adecuadas. El Alto Tribunal apunta a una desviación de poder en el nombramiento y ordena repetir todo el proceso.
La finalidad declarada del fiscal General del Estado fue reparar lo que él reputaba una laguna en la ley
Esta desviación de poder se realizó en «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico», según indica la estimación del recurso. De hecho, el fallo apunta que el fiscal General del Estado trató de asegurar a Delgado una promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal.
Para ello aprovechó un vacío legal, pero el Supremo reprende que se haya hecho al margen de los criterios establecidos, como el de mérito.
«La desviación de poder es visible e innegable en el presente caso», afirma el Tribunal Supremo. «La finalidad declarada del fiscal General del Estado fue reparar lo que él reputaba una laguna en la ley: que quien sin tener la más alta categoría en la Carrera Fiscal es nombrado Fiscal General del Estado no sea automáticamente promovido, al cesar en el cargo, a la categoría de Fiscal de Sala», destaca la sentencia conocida este martes.
Con esta maniobra se logró el objetivo y cubierto la plaza. No obstante, el propio Supremo desgrana cómo se hizo. Se firmó «la iniciativa de convocatoria de la plaza por la propia codemandada cuando aún era Fiscal General del Estado, dimisión poco después de dicho cargo por razones de salud, convocatoria de la plaza y presentación de solicitud por la señora Delgado García, propuesta a favor de ella por quien fue su estrecho colaborador y en ese momento ya su sucesor; y todo ello, por si fuera poco, de manera rápida y prácticamente sin solución de continuidad». Es decir, una especie de yo me lo guiso y yo me lo como.
