El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha manifestado más un deseo que una promesa de fácil realización al comprometerse en su discurso de investidura a eliminar las listas de espera en el sistema de salud pública de España, centrándose específicamente en las relacionadas con la salud mental, odontología, oftalmología e intervenciones quirúrgicas.
«Vamos a reducir los tiempos de espera y a garantizar que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla», apuntó durante su primera intervención en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados.
La declaración de Pedro Sánchez sobre la posible recentralización sanitaria ha generado las primeras críticas, las del PNV. El portavoz del partido vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ya se ha pronunciado sobre el tema y ha lanzado una advertencia al Partido Socialista.
«Quiero recordad que en algunos anuncios podemos estar de acuerdo, pero lo que tenemos claro y lo que ha firmado es el respeto a las competencias de las comunidades, y el PNV ahí será inflexible, aunque nos quedemos solos, como nos hemos quedado solos muchas veces defendiendo las competencias», comentó Aitor Esteban tras el discurso de Pedro Sánchez.
Lo sorprendente de estas declaraciones es que han sido realizadas por uno de los socios del futuro Gobierno de coalición y no por la oposición del Partido Popular o por Vox. Lo que añade un elemento significativo a la dinámica política entre las distintas fuerzas políticas que gobernarán España en cuestión de horas.
EL PROPIO SÁNCHEZ RECONOCE QUE EL GOBIERNO NO TIENE LAS COMPETENCIAS EN SANIDAD
En una nación donde los ciudadanos deben esperar más de tres meses para obtener una primera cita con un médico especialista, la promesa parecía atractiva en un discurso de investidura. Sin embargo, incluso el propio Sánchez admitió en su discurso que era más un deseo que una promesa realista, ya que el Gobierno carece de competencias en el ámbito de la Sanidad.
«Nosotros no podemos, como Gobierno de España, quedarlos de brazos cruzados», comentó para segundos después anunciar, «un plan para lograr una reducción drástica de las listas de espera» a través de los «Gobiernos autonómicos que así lo deseen», explicó sin abordar más en el tema.
Vamos a reducir los tiempos de espera y a garantizar que en España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla
Pedro Sánchez
El candidato a la presidencia de España solo se limitó a anunciar que fortalecería la Atención Primaria, tomando así posición ante la grave escasez de especialistas en España. Sin embargo, no hizo mención alguna al problema persistente en Ceuta y Melilla, donde la falta de recursos y médicos es evidente, y donde el Ejecutivo nacional sí que tiene competencias gracias al Insalud. Tanto en Ceuta como en Melilla, los profesionales sanitarios se sienten desatendidos y llevan medio año de huelga.
LAS LISTAS DE ESPERA UN PROBLEMA QUE NI EL MINISTERIO DE SANIDAD PUEDE SOLUCIONAR
Las listas de espera ha sido otro de los temas que trató Pedro Sánchez durante su discurso. Estas son un problema persistente que ni el Ministerio de Sanidad ni las Comunidades Autónomas son capaces de resolver. A lo largo de la historia se han llegado a tomar decisiones que podrían tener el efecto contrario al deseado, como la propuesta de poner fin a los conciertos con la sanidad privada mediante la Ley de Equidad Sanitaria. Se estima que esta medida provocaría un aumento del 153% en la demora media para recibir asistencia sanitaria pública.
A estas demoras en las listas de espera se suman la falta de médicos en diversas especialidades y el aumento de las plazas MIR no termina de subsanar la demanda, sobre todo en aquellas zonas de complicada cobertura sanitaria, tal y como indica y ha denunciado el Consejo General de Médicos.
El Gobierno central en funciones está genuinamente preocupado por la escasez de profesionales para abordar los problemas de salud mental que han surgido a raíz de la pandemia. O de aquellos casos que llevan años sin tratarse o con tratamiento inadecuado para la enfermedad.
LAS PALABRAS DE SÁNCHEZ SON SOLO ANUNCIOS HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO
No es la primera vez que Pedro Sánchez aborda el tema de la salud mental. En 2021 anunció un plan con una inversión de cien millones de euros que hasta la fecha no ha solucionado nada a los enfermos españoles. En realidad el plan propuesto por Sánchez en 2021 se creó sin ningún tipo de financiamiento, recoge el medio ABC.
La propuesta inicial para esa estrategia nacional no contaban con una asignación presupuestaria. Fue tiempo después, cuando se le asignó 2,5 millones de euros y, finalmente, se aumentó a cien millones debido a la presión recibida por las sociedades científicas. A través de esta financiación se creó el teléfono de atención al suicidio, pero no se pudo contratar a nuevos profesionales.
Por otro lado, otro de los anuncios de Pedro Sánchez ha sido una de las medidas ya pactadas en el Consejo de Ministros. La intención del Ejecutivo es seguir aumentando la Cartera de Servicios públicos con el objetivo de incluir tratamientos bucodentales y oftalmológicos para jóvenes. Sin embargo, hasta que estos anuncios no se lleven a término, las palabras de Sánchez serán simplemente humo.
¿QUÉ PASARÍA SI SÁNCHEZ INVADE LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN SANIDAD?
Si el gobierno central de España asumiera u ocupara las competencias autonómicas, especialmente en áreas descentralizadas como la sanidad, podría desencadenar diversas consecuencias políticas, legales y sociales. Las comunidades autónomas tienen un alto grado de autonomía, y cualquier intento del gobierno central de centralizar el poder podría generar fuertes tensiones políticas. Podría interpretarse como un desafío al principio de descentralización consagrado en la Constitución Española.
Además, la Constitución Española establece claramente la autonomía de las comunidades en ciertos ámbitos, como la sanidad. Una intervención significativa por parte del gobierno central podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, generando conflictos legales y debates sobre la interpretación de la Constitución. Por otro lado, las Comunidades Autónomas podrían reaccionar con protestas y resistencia social ante cualquier intento de centralizar competencias.
Es importante destacar que la intervención en competencias autonómicas sería un paso extremo y se enfrentaría a obstáculos legales y políticos significativos. En España, el respeto por la autonomía regional es un principio fundamental, y cualquier cambio en este sentido requeriría un amplio consenso y, posiblemente, una modificación constitucional.
