El Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha dejado en manos de la Generalitat el coste y el operativo para desplegar un servicio de escolta a Carles Puigdemont; lo hace el mismo día en el que se ha expedientado a tres agentes de la Guardia Civil por oponerse a la amnistía, una sanción que simboliza un aviso a navegantes.
Marlaska permite así dar asistencia con el dinero de todos los españoles a un prófugo de la justicia, un hecho único en Europa y una forma más de pisotear al poder judicial, como hace la propia ley de amnistía, según los juristas consultados por este medio.
En plenas protestas y tras el fin de las negociaciones entre PSOE y Junts, el Ministerio permite dar asistencia policial a un prófugo de la Justicia, que le investiga por delitos de terrorismo. Según la Audiencia Nacional, Carles Puigdemont estaría al frente de ‘Tsunami Democràtic‘, la plataforma utilizada para bloquear y asediar infraestructuras críticas durante los disturbios de la sentencia del Tribunal Supremo a los indultados por el referéndum ilegal del 1-O. Tanto Puigdemont como su mano derecha, Josep Lluís Alay, habrían desviado fondos públicos para poder sufragar los costes.
Los graves disturbios llegaron a producirse en el aeropuerto de El Prat, donde se corría el riesgo de bloquear el cambio de turno de los controladores aéreos, un hecho que de no producirse hubiera podido costar vidas humanas. Es por este motivo por el que el juez Manuel García Castellón investiga por terrorismo a la plataforma separatista basándose en la legislación vigente en Europa.
MARLASKA SE LAVA LAS MANOS EN EL ESCOLTA A PUIGDEMONT
Tras el pacto con el PSOE, Junts acordó imponer un escolta a Puigdemont debido a las fuertes protestas que se están produciendo en todas las sedes socialistas, con especial atención en Ferraz, la sede orgánica del partido del puño y la rosa.
El hecho de que Interior acceda directa o indirectamente a poner un escolta a un prófugo de la Justicia es un hecho insólito en España, hasta el punto de volver a provocar la indignación policial. Es una «contradicción» y «una aberración que los contribuyentes españoles tengan que hacerse cargo de la escolta de una persona huida de la justicia e investigado por delitos muy graves, incluso el de terrorismo», han asegurado las fuentes policiales.
La petición se ha exigido de forma urgente tras sospechar de un incremento del nivel de peligrosidad y riesgo en las últimas semanas
En este sentido, instan a Puigdemont a solicitar la protección a las autoridades belgas en caso de considerar que su seguridad está comprometida. Y es que, el expresidente de la Generalitat reside en Waterloo. Las mismas fuentes apuntan que esta solicitud debería extenderse al Parlamento Europeo, dado que tiene aún el acta de eurodiputado.
No es la primera vez que Puigdemont solicita este privilegio otorgado a los expresidentes. Lo hizo en 2018 y 2022, con sendos escritos formales a la Consejería de Interior. La Generalitat avaló estas disposiciones en virtud del Estatuto, como despacho y oficina de representación, así como un servicio de escolta, como el que disfrutan Artur Mas, Josep Montilla y Quim Torra.
ALAY PIDE URGENTEMENTE UN ESCOLTA A PUIGDEMONT
Alay se queja de la falta de material y personal para poder ofrecer un servicio de seguridad a Puigdemont. Así, exige que se cumpla la normativa vigente, como si de un exjefe del Ejecutivo autonómico se tratara. Todo ello, beneficios para un prófugo de la Justicia.
La petición se ha exigido, además, de forma urgente tras sospechar de un incremento del nivel de peligrosidad y riesgo en las últimas semanas. Es decir, se muestra ahora como un posible objetivo por las protestas contra la amnistía en las sedes socialistas.
Cabe destacar, además, que el exconsejero de la Generalitat, Miquel Buch, está investigado por ofrecer el servicio de escolta a Puigdemont por un presunto delito de desvío de dinero público y prevaricación. La condena alcanzó los cuatro años y medio de cárcel y los 20 de inhabilitación por situar a un mosso a las órdenes del prófugo de la Justicia.
La consejería de Interior dispuso de estos medios para que el sargento Lluís Escola pudiera ejercer como escolta fuera de España. Para ello, encadenó bajas laborales, días de descanso y permisos. En total, le cayeron cuatro años de prisión.
Ahora, con el permiso de Marlaska a la Generalitat, Puigdemont podría tener de nuevo escolta. Eso sí, los grupos parlamentarios catalanes se están moviendo para denunciar este hecho en caso de producirse, como hizo Ciudadanos con Buch. Puigdemont cargó contra el fallo judicial al tildarlo de «acto de barbarie». «Si no han entendido la razón por la que no renunciaremos nunca a la unilateralidad y a la independencia, y por qué desconfiamos del Estado español, aquí tienen una de las muchas que tenemos acumuladas», ha destacado.
CIUDADANOS CONSIGUIÓ CÁRCEL POR EL ESCOLTA A PUIGDEMONT
El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, advirtió al PSOE de que el caso de Buch no puede quedar «impune» con una posible amnistía, pero entrará dentro de la medida de gracia. «No pueden amparar este tipo de conductas ilegales, que entran a saco en el dinero de todos los catalanes», ha señalado en un vídeo.
Para el líder de Ciudadanos en Cataluña, el caso de Buch es un caso «de extraordinaria gravedad» y la ley es igual para todo el mundo, por lo que considera lógico que condenen a quien la incumple. «No nos acostumbremos nunca a que los gobernantes puedan malversar dinero para pagarse sus fiestas, como ha hecho aquí el independentismo», ha afirmado.
