La Comisión Europea ha pedido este miércoles a Amazon que informe en el plazo de tres semanas de las medidas específicas que ha tomado para reforzar la protección del consumidor en la línea de lo exigido por la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) que impone a las grandes plataformas un mayor control contra los contenidos ilícitos y la difusión de bulos.
En concreto, los servicios comunitarios han pedido a la compañía que antes del 6 de diciembre detalle las medidas que ha tomado para cumplir con las nuevas obligaciones de la legislación comunitaria, por ejemplo, en materia de evaluación de riesgos y mitigación frente a la difusión de productos ilegales y para la protección de los derechos fundamentales de los usuarios.
En base a la respuesta que proporcione Amazon, el Ejecutivo comunitario podrá evaluar si es necesario tomar más medidas, incluida la apertura de un procedimiento de infracción.
Bruselas también ha advertido de la obligación para la compañía de responder al requerimiento, ya que las nuevas normas comunes prevén multas para quienes remitan «información incorrecta, incompleta o engañosa» o en caso de que no haya respuesta.
Fuentes de Amazon han señalado que están «revisando esta solicitud y trabajando en estrecha colaboración con la Comisión Europea». «Amazon comparte el objetivo de la Comisión Europea de crear un entorno online seguro y fiable, e invertimos significativamente en proteger nuestra tienda de los infractores y del contenido ilegal con el fin de crear la mejor experiencia de compra. Nos hemos basado en esta sólida postura para cumplir con la DSA», han precisado.
La compañía recuerda que, en 2022, invirtió más de 1.200 millones de dólares en todo el mundo y empleó a más de 15.000 personas, entre ellas expertos en aprendizaje automático, desarrolladores de software e investigadores, dedicados a proteger a clientes, marcas, colaboradores comerciales y la tienda de Amazon contra las falsificaciones, el fraude y otras formas de abuso.