El pacto entre PSOE y Junts es «peor de lo esperado». Así lo aseguran fuentes jurídicas consultadas por este medio al conocerse la vuelta al Estatuto de 2006, cuyo articulado exigía, entre otros, la creación de un Consejo General del Poder Judicial en Cataluña, o que los autos serían recurribles «en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma». Asimismo, esa misma normativa tumbada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010 exigía el blindaje del catalán como «la única lengua vehicular».
El acuerdo entre PSOE y Junts se ha cerrado en la madrugada del jueves, a las 03.30 horas, con la firma de Santos Cerdán y Jordi Turull. Un documento de cuatro páginas, menos denso que el de ERC, y sin arrancar concreciones, como suele ser habitual en la formación del puño y la rosa. El escrito sellado de puño y letra por ambos dirigentes abre la puerta a la negociación aunque parte de la base de la pérdida de confianza, especialmente cuando Zapatero aseguró que aprobarían el Estatuto de Cataluña y que el TC destripó como si fuera papel mojado.
El acuerdo entre PSOE y Junts estipula que la ley de amnistía solo será válida para los encausados antes y después de la consulta de 2014, de la que se cumplen este jueves nueve años, y del referéndum de 2017. También se incluyen los casos del ‘lawfare’ -guerra judicial-, obligando así al poder Ejecutivo cambiar la legislación vigente. «Con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», afirma el acuerdo.
El líder de Junts ha sellado así la vuelta a 2006, pero no es la única preocupación de los juristas consultados. Según han señalado tanto Carles Puigdemont como Santos Cerdán, líder de Junts y número 3 del PSOE, respectivamente, se aprobará una ley de amnistía que involucre a personas enjuiciadas por delitos de terrorismo o condenadas por su vinculación con el narcotráfico, como ocurre con el Gonzalo Boye, abogado del prófugo de Waterloo, así como con sentenciados por corrupción política, como Laura Borràs, inhabilitada por más de una década al trocear contratos públicos para otorgarlos a un amigo.
COMISIONES DE INVESTIGACIÓN PARA SUPERAR A LOS JUECES
Además, se incluirá en esta amnistía a los investigados por la Audiencia Nacional por el juez García Castellón, cuyo auto judicial de esta misma semana ha puesto en alerta a los independentistas. Este escrito cierra la puerta a cualquier modificación del Código Penal ya que se refiere a las directrices europeas sobre el delito de terrorismo. No obstante, el acuerdo asienta una frase que llama preocupantemente la atención a las fuentes consultadas.
Los propios jueces han mostrado en un escrito esta profunda preocupación, incluyendo a Juezas y Jueces por la Democracia, más afín a la progresía. «El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización política, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», denuncian las cuatro asociaciones de los magistrados más importantes de España.
En el mismo sentido se han pronunciado todas las asociaciones de Fiscales, incluyendo la que ampara al fiscal general del Estado. La Asociación de Fiscales ha mostrado «su más firme oposición a esta medida, un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho».«Es inadmisible la utilización del término “guerra judicial” (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente», ha cargado.
Sergio Oliva, miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, ha mostrado su defensa del Estado de Derecho contra la «infamia» que supone el acuerdo entre PSOE y Junts. De hecho, según ha explicado, el acuerdo pone en cuestión las decisiones judiciales y policiales a la hora de investigar presuntos actos delictivos, hechos que se analizarán en las comisiones parlamentarias, situando a la política por encima del poder judicial.
Es inadmisible la utilización del término guerra judicial (lawfare) utilizado en el acuerdo
En el mismo sentido se ha mostrado la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha mostrado «su absoluto rechazo» a las referencias de ‘lawfare’. «Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes».
LA SEPARACIÓN DE PODERES, EN RIESGO
Con el acuerdo entre PSOE y Junts, «se podría someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de separación de poderes». Los propios jueces recuerdan que están sometidos única y exclusivamente al «imperio de la ley» y critican las expresiones utilizadas en el acuerdo. «El Poder Judicial es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», destacan.
Estas críticas contrastan con el buenismo desplegado por Santos Cerdán en Bruselas durante su rueda de prensa para explicar el acuerdo. El líder del equipo negociador del PSOE aseguró que los jueces vigilarán y analizarán cada uno de los casos para aplicar la ley de amnistía. Son más de 1.000 beneficiarios, aunque algunas fuentes señalan a más de 4.000, atendiendo únicamente a hechos relacionados con el referéndum de 2014, del que se cumplieron este jueves nueve años, y hasta 2023. Es decir, un borrado completo del ‘procés’, el mismo que aplaudieron los independentistas hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
CERDÁN JUSTIFICA SU PACTO CON JUNTS CON ATAQUES AL PP
Este reinicio del ‘procés’, que no es otra cosa que una nueva fase entre el PSOE y el independentismo, pone en riesgo la separación de poderes e incluso la posibilidad de que sea la Generalitat quien designe las plazas judiciales a cubrir, como también al órgano de Gobierno de los jueces, a imagen y semejanza del CGPJ en España.
Cerdán ha tapado todo el embrollo judicial durante su rueda de prensa, esta vez sin representantes de Junts. A su juicio, «los españoles dijeron no a un gobierno del PP y Vox, dijeron sí a un gobierno del PSOE. Dijeron no al retroceso, no a la crispación, al enfrentamiento, incluso al odio. Dijeron sí al acuerdo, a la convivencia, a las políticas de igualdad y al progreso. Esta es nuestra manera de hacerlo, con generosidad y altura de miras», ha asegurado.
Antes de aceptar las preguntas, el número 3 del PSOE no nombró ni a la Justicia, ni a los jueces, ni tampoco la amnistía. Lejos de ello, afirmó que el pacto con Junts traerá prosperidad económica a la sociedad catalana y española, diferenciando cada una de ellas como si de dos territorios separados se tratara. Poco después, MONCLOA daba a conocer los términos del acuerdo, horas antes de que el PSOE y Junts lo hicieran público.
El acuerdo entre PSOE y Junts pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes
PSOE y Junts han sellado las bases para convocar un referéndum de autodeterminación «sobre el futuro político de Cataluña». La propuesta la hará la formación de Puigdemont basándose en el artículo 92 de la Constitución, un punto que no consiguió arrancar ERC con Oriol Junqueras al frente, y del que reniega el PSC de Salvador Illa. Ahora, los diputados socialistas catalanes asistirán a un nuevo cambio de opinión.
El PSOE, además, desarrollará el Estatuto aprobado en 2006, que fue tumbado por el Tribunal Constitucional en gran medida en una histórica sentencia en 2010. La formación de Pedro Sánchez «defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatuto de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya».
PSOE Y JUNTS SELLAN VOLVER AL ESTATUTO DE 2006
Puigdemont, por su parte, aseguró que era la hora de la negociación, eliminando así la vía unilateral y establecer la base para un cordón sanitario a la CUP, como se ha demostrado en el Parlament, al abstenerse de una propuesta para realizar un referéndum. No obstante, pese a ser una proposición similar a las leyes de desconexión de septiembre 2017, la Cámara catalana ha permitido su tramitación sin oposición del Gobierno.
Por otro lado, el acuerdo entre PSOE y Junts está lleno de mantras y simbolismos propios de socialistas e independentistas. Como ocurrió con el acuerdo de ERC, no hay fechas ni tampoco calendarios para implementar el Estatuto cercenado por el Tribunal Constitucional.
Tampoco se apunta con nombre y apellidos a los verificadores internacionales del acuerdo, mientras no se concreta el lugar de reuniones de para implementar las negociaciones, pero se descarta que se realice en España. Es decir, se están negociando leyes para todos los españoles, pero fuera del territorio nacional. Un hecho inédito en la democracia y que trata de tú a tú a Puigdemont, del que no hay que olvidarse que hoy por hoy es un prófugo de la justicia.
Cerdán acepta que las negociaciones sean fuera de España. «Naturalmente, si es un mecanismo independiente, no puede ser ni catalán ni español, y por lo tanto tiene que ser internacional», ha asegurado Puigdemont. «Y si tienen que ser negociaciones, no se podrán desarrollar en el Estado español», ha afirmado.
Este mecanismo o tercera parte de la negociación no es más que la figura de un relator. Puigdemont exigía que fuera un miembro de la ONU, mientras la UE vigila cada uno de estos pasos del Gobierno con «preocupación» al tratarse de amnistiados por delitos de terrorismo.
EL INCÓMODO SILENCIO DE GARCÍA-PAGE POR EL ACUERDO DE JUNTS
Todo ello, con una negociación muy incómoda entre PSOE y Junts. De hecho, durante estos meses, varios socialistas históricos han destripado el carné de afiliado, mientras las críticas arrecian entre quienes aún ostentan puestos de poder. Emiliano García-Page, por ejemplo, no se ha pronunciado sobre el acuerdo, mientras que el sello del mismo dependen de los nueve diputados socialistas castellano-manchegos.
Puigdemont ha tildado de «acuerdo histórico» el pacto con Junts, abriendo así «una etapa, el recorrido y la ambición de la cual dependerá en gran parte de nosotros, de la capacidad que tengamos de utilizar las herramientas que hemos acordado».
DOS MESES Y CUATRO DÍAS DE NEGOCIACIONES
El PSOE no se ha sentado a negociar con Junts hasta el pasado 5 de septiembre. Fue en Bruselas y apenas tres semanas antes de la investidura de Alberto Núñez Feijóo cuando mostró sus líneas rojas, unas peticiones de máximos que se han mantenido hasta el final. No obstante, quería atar y dejar muy bien atada la amnistía y la otra era la eliminación del independentismo como objetivo de las pesquisas policiales.
Ambas se han ido cumpliendo con el paso de los días. A finales de ese mismo mes y tras la fallida investidura del líder de la oposición, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, pidió a Europol una rectificación del informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea. La petición de la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska se ha producido este martes, en plena investidura de Alberto Núñez Feijóo, a través de una carta remitida a Catherine de Bolle, directora ejecutiva de Europol, y a la que ha tenido acceso MONCLOA.
EL PSOE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE PUIGDEMONT
Europol equiparó a los grupos separatistas con el terrorismo a principios de este mismo mes, cuando Carles Puigdemont se dirigió a los suyos y especialmente al Gobierno desde Bruselas para imponer sus condiciones para dar el sí en una hipotética investidura del jefe del Ejecutivo en funciones. No sólo pidió la amnistía y un referéndum, así como una solución al déficit fiscal que sufre Cataluña. También exigió la eliminación de las referencias del informe de Europol.
La otra condición pasa por fabricar un escudo ante una acción judicial para delimitar el alcance de la Justicia con los amnistiados con el fin de evitar condenas a presuntos beneficiarios. El PSOE asegura que dependerá de los jueces, pero la realidad es que se establecen mecanismos para impedirlo.
RUPTURA DE LA CAJA ÚNICA CON PSOE Y JUNTS
El pacto, además, tiene un alcance en la fiscalidad. Los inspectores de Hacienda han mostrado su rechazo a los acuerdos al vislumbrars «de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera».
Bajo el reconocimiento de «una singularidad histórica», sin amparo en la Constitución, se están cediendo todos los tributos gestionados y pagados en Cataluña. Una vuelta a la situación anterior a los decretos de nueva planta que obligarían a modificar todo el modelo de financiación de Cataluña, recogido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
La exigencia de la cesión del rendimiento podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la AEAT en Cataluña, por lo que nuestro colectivo se vería grave y directamente afectado, como lo estarán otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la AGE.
