El Tribunal Constitucional respaldó al Gobierno central en funciones en lo que respecta al Impuesto a las Grandes Fortunas aprobado en 2022, en un revés para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En respuesta, Ayuso anunció la tramitación urgente de una nueva ley que permita a la región recaudar directamente este tributo.
La sentencia del TC ha incluido votos particulares de los cuatro magistrados conservadores, Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. En contraposición, los otros siete magistrados, considerados de la mayoría progresista, han respaldado la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer, quien no encontró inconstitucionalidad en el impuesto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, argumentando que no invade competencias ni genera inseguridad jurídica.
Por otro lado, también subraya que el impuesto es complementario al Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo cedido a las comunidades autónomas, y que no interfiere en las competencias autonómicas sobre este impuesto. Por tanto, se descarta que la ley vulnere la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso argumentaba que la medida perjudicaba el ahorro y la inversión, pero el tribunal no encontró fundamento en estas afirmaciones.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO DA LA RAZÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID
«La queja real de la Comunidad de Madrid —aclara— es que aquellos de sus residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros (únicos que están sujetos al impuesto sobre grandes fortunas) tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio», apuntan los magistrados del Tribunal Constitucional.
El tribunal considera que la búsqueda de este objetivo no puede obstaculizar la capacidad del Estado para introducir nuevos impuestos. «Si en el pasado el Tribunal de Cuentas ya ha reconocido que el Estado puede ocupar un espacio fiscal autonómico para armonizarlo, con mayor razón podrá hacerlo en su propio espacio fiscal, como es este», explican desde el TC.
No vamos a quedarnos parados y lo que vamos a hacer es tramitar de urgencia una reforma legislativa
Isabel Díaz Ayuso
Además, aseguran que el argumento presentado por Isabel Díaz Ayuso de que los tipos de gravamen de nuevo impuesto son excesivamente elevados en relación con la rentabilidad actual que viven los mercados. Sin embargo, desde el TC especifican que «el impuesto sobre grandes fortunas solo tendría efecto confiscatorio en caso de agitar el valor del patrimonio (sobre lo que nada argumenta la demanda), no la renta generada por los bienes gravados, que es una manifestación distinta de la capacidad económica».
Otro de los puntos a los que se acoge el TC para desechar la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es que no es cierto que el impuesto sea desorbitado y desproporcionado. Asimismo, aclara que el tipo de efectivo de gravamen del impuesto sobre las grandes fortunas se posiciona por debajo del 0,5% del valor del patrimonio gravado «por lo que no es desproporcionado».
Este es el primer recurso que se evalúa en relación con este impuesto, pero el tribunal anticipa que la misma doctrina se aplicará a los casos pendientes, incluyendo los recursos presentados por el Gobierno de la Junta de Andalucía, la Asamblea de Madrid, la Xunta de Galicia y el Gobierno de la Región de Murcia.
MADRID CONTRADICE AL TC Y RECAUDARÁ DIRECTAMENTE EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS.
La Comunidad de Madrid y, por tanto, Isabel Díaz Ayuso han reaccionado al fallo del Tribunal Constitucional para que la recaudación a las grandes fortunas se queden en la región. Ayuso recuperará en parte el Impuesto de Patrimonio y lo compensará después con más reducciones fiscales para los madrileños.
«Lo vamos a hacer lo antes posible para que esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño y, de esta manera, se lo podamos devolver al mismo», ha comunicado la presidenta del Ejecutivo madrileño. «No vamos a quedarnos parados y lo que vamos a hacer es tramitar de urgencia una reforma legislativa, una nueva ley que llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid, un proyecto de ley que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se queden en las arcas madrileñas», añadió Ayuso.
La intención de la Comunidad de Madrid es destinar el dinero «a lo que los ciudadanos libremente votaron en las últimas elecciones y fue una baja fiscalidad y libertad también a la hora de pagar con sus impuestos, para que podamos crear más prosperidad y puestos de trabajo», dijo Ayuso.
Esta ha sido la forma en la que ha reaccionado la Comunidad de Madrid al esfuerzo de Moncloa para que las personas con ingresos superiores a 3 millones de euros. Actualmente, este nuevo impuesto afecta a 10.302 contribuyentes madrileños y fue diseñado por el Ministerio de Hacienda, principalmente dirigido a perjudicar a Madrid, donde el Impuesto de Patrimonio, teóricamente cedido a las comunidades autónomas, tiene beneficios fiscales.
AYUSO YA ESTÁ PENSANDO EN NUEVAS FÓRMULAS DE REBAJAS FISCALES
Por otro lado, la administración regional está considerando opciones para implementar reducciones fiscales adicionales para estos contribuyentes, con el objetivo de compensar el aumento de los impuestos que ahora deberán pagar nuevamente con el Impuesto de Patrimonio.
«Se va a articular a través de una modificación de la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio, establecido en su lugar una bonificación variable para que los contribuyentes madrileños afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas lo satisfagan en el Impuesto sobre el Patrimonio. De igual manera, los contribuyentes no afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas seguirán sin pagar el Impuesto sobre el Patrimonio», desglosan desde el Ejecutivo regional.
El Gobierno de Ayuso presentó una objeción al impuesto alegando que resultaría en pérdidas anuales de entre 1.200 y 1.600 millones de euros para las arcas públicas de Madrid, ya que desalentaría las inversiones extranjeras en la región. También señaló la «inseguridad jurídica» del nuevo impuesto debido a sus efectos retroactivos para todo el año 2022, a pesar de entrar en vigor a finales de diciembre, lo que representaría una carga fiscal inesperada para los contribuyentes.
La decisión del TC se tomó 10 meses después de su aprobación en el Senado, donde se incluyó como enmienda en el Congreso por parte del PSOE y Unidas Podemos en la proposición de ley que introducía nuevos gravámenes temporales a empresas energéticas y bancos. Este impuesto se aplica a una tasa del 1,7% para patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros, del 2,1% para patrimonios de entre 5,3 y 10,6 millones y del 3,5% para aquellos superiores a 10,6 millones. El impuesto a las grandes fortunas, válido para los años 2023 y 2024 y previamente
