El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía que negocian el PSOE, Sumar, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, un primer pronunciamiento en el que denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría «la abolición» del Estado de Derecho en España.
«El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», alerta.
OLEA INCLINA LA BALANZA TRAS MODIFICAR EL TEXTO ORIGINAL
Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la declaración finalmente ha salido adelante con los votos de sus 8 promotores -los vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona– más el de su compañero Wenceslao Olea, también del bloque conservador.
Aunque solo hacían falta 8 votos, han conseguido sumar a Olea modificando el texto original. El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, -también en la órbita conservadora– ha optado por votar en blanco. En su caso, redactará una explicación de voto donde evidenciará que no está de acuerdo con la amnistía pero que cree conveniente esperar a que haya una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.
GUILARTE ENTIENDE QUE HABÍA QUE ESPERAR UNA PROPOSICIÓN DE LEY
Por su parte, los 5 vocales progresistas que han asistido al Pleno han votado en contra. El sexto integrante de este bloque, Álvaro Cuesta, no ha acudido al cónclave al considerar que era «manifiestamente ilegal» porque su finalidad es contraria «al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales» del CGPJ.
Su ausencia ha allanado la aprobación de la declaración institucional, ya que la ha hecho posible únicamente con los votos de los 8 promotores. De haber acudido, habrían sido necesarios al menos 9.
Es la primera vez que el CGPJ se posiciona de manera oficial sobre la futura amnistía. Y lo hace sin que aún se conozca un texto detallado. De hecho, la principal crítica de los vocales progresistas es que ni siquiera hay una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados.
La principal crítica de los vocales progresistas es que ni siquiera hay una proposición de ley registrada, aunque sí está pactada con ERC y en negociación con Junts
Desde el ala progresista subrayan que hasta ahora el CPGJ solo se había pronunciado con un texto registrado en el Congreso. Y, además, recuerdan que el Consejo solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley y no tiene control alguno sobre las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.
Desde el CGPJ se explica que el artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que «deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitaren cinco vocales (en este caso la petición está firmada por ocho vocales)».
El artículo 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del órgano constitucional señala que «procederá, en todo caso, la celebración de sesión extraordinaria cuando la misma sea solicitada por escrito dirigido al presidente por cinco o más vocales del Consejo, con expresión del tema que haya de ser tratado, y con aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día propuesto».
El texto, consensuado con Olea y los ocho conservadores del CGPJ, expone que no se aceptarán atajos para amnistiar hechos concretos. «Cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada, y más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables leyes singulares de amnistía para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales», sostiene la declaración.
EL CGPJ DESMONTA EL RELATO DEL PSOE Y DE SÁNCHEZ
«En ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el Presidente del Gobierno en funciones», ha afirmado el CGPJ.
«Confundir el «interés de España» con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico», considera el pleno del CGPJ sobre la medida de gracia.
La amnistía deja sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias
«Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora», ha advertido el alto tribunal.
En este sentido, ha señalado que «utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política, constituye una perversión del régimen constitucional, porque nada impediría que mayorías coyunturales en la composición de las Cortes impongan su criterio por encima de las exigencias constitucionales, al amparo de que una norma con ese rango no puede ser cuestionada por los ciudadanos».
EL CGPJ ACUSA A SÁNCHEZ DE DEGRADAR EL ESTADO DE DERECHO
Ello es así, primero, «porque no es compatible con el principio de Estado de derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución», y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno. Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el «interés de España».
En segundo lugar, el CGPJ indica que se genera una «clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución».
En tercer lugar, «se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales».
PEDRO SÁNCHEZ CONVIERTE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN UNA QUIMERA
«La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la Justicia en suma, en una quimera». ha alertado el CGPJ.
Y, por último, el CGPJ «no puede dejar de señalar que lo que se violenta con la medida anunciada por el presidente del Gobierno no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial».
«El riesgo -alerta el CGPJ- de que llegue el momento en el que la Unión Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la previsión de quienes pretendan realmente actuar en el «interés de España».
CRÍTICAS AL CGPJ DESDE DEFENSA Y DE JPD
Desde Jueces para la Democracia han criticado los argumentos de los vocales conservadores para realizar la convocatoria también por el «tono del escrito» y por considerar que la propuesta de declaración es un «abuso de las atribuciones legales que ostentan los vocales y una desviación de la legítima función de ese órgano».
Asimismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles ha acusado a los vocales conservadores de no ser los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad cuando deberían haberse ido y haber dimitido hace mucho tiempo.
