Gonzalo Boye, el abogado del ex presidente catalán Carles Puigdemont, ha sostenido este lunes a través de sus redes sociales que «el ‘lawfare’ debe entrar en la ley de amnistía, no por los nombres sino por lo que implica políticamente para España», un movimiento que le beneficiaría a él personalmente.
Así se ha expresado en X (antiguo Twitter) en plenas negociaciones entre Junts y PSOE para cerrar el acuerdo que permitirá una nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Cabe recordar que el PSOE ya firmó el pasado jueves un acuerdo con ERC –que incluye una ley de amnistía aún no detallada– y, aunque ese mismo día se esperaba también el acuerdo con Junts, no pudo ser y los negociadores siguen reunidos en Bruselas.
Con el término ‘lawfare’ o ‘guerra judicial’ los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos.
Como víctimas de este ‘lawfare’ señalan al propio Boye, el clan Pujol o a la presidenta de Junts, Laura Borràs. Sin embargo, este mismo lunes el portavoz de los comuns, Joan Mena, ha rechazado que el caso de Borràs, pueda incluirse en la ley de amnistía.
CONDENADOS, ENCAUSADOS E IMPUTADOS
La Audiencia Nacional ha enviado a juicio a Boye por un presunto delito de blanqueo de capitales, junto al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, por su presunta implicación en la ‘Operación Mito’. Antidroga le pide 9 años y 9 meses de cárcel.
Por su parte, el ex presidente catalán Jordi Pujol y sus hijos también están a la espera de juicio en la Audiencia Nacional por el presunto origen ilegal del patrimonio familiar. Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el ex president y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
En cuanto a Borràs, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.
En el universo de posibles beneficiados, si se acepta la teoría del ‘lawfare’, estaría Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, por el ‘caso Voloh’, donde se investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al ‘procés’.
