PSOE y ERC alcanzan un pacto de legislatura. En el acuerdo, dado a conocer por ambas formaciones tras difundir la foto de Félix Bolaños, ministro de Presidencia en funciones, y Oriol Junqueras, líder de la formación republicana, se traspasan varias líneas rojas al afectar a todas las Comunidades Autónomas.
En este sentido, el acuerdo desactiva la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña en referencia a la disposición adicional tercera, que exige al Estado invertir en la Comunidad Autónoma el mismo peso que su PIB. Según el fallo, esta pretensión no era más que mero «papel mojado». Asimismo, también habrá un traspaso de la red de Rodalies, que afectará a Renfe Viajeros. De hecho, se creará una empresa conjunta con la Administración General del Estado (AGE), pero el presidente será designado por la propia Generalitat.
Otro de los puntos más espinosos y que no se han explicado públicamente se refieren a la financiación autonómica, con quita de deuda incluida. Así, la Generalitat podrá «sanear» sus cuentas y volver a la financiación en los mercados de deuda mediante una «modificación legal» que afectará a todas las Comunidades Autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este.
PSOE y ERC coinciden en su diagnóstico común en que Cataluña es uno de los principales motores económicos del Estado y la tercera comunidad que más recursos aporta al Estado por habitante situándose en el entorno de la media de financiación por habitante en relación con el resto de las CC AA. Por tanto, es un contribuyente neto al sistema de financiación de acuerdo con el nivel de renta de sus ciudadanos y es necesario que a su vez una reciba un nivel de financiación e inversiones suficientes.
PSOE Y ERC PACTAN LA QUITA DE DEUDA
Por lo que respecta a los problemas financieros de la comunidad, en el documento se reconoce el problema de ‘infraejecución’ de inversiones en infraestructuras, poniéndose negro sobre blanco que, en términos de inversión real, Cataluña se encuentra por debajo de la inversión real en infraestructuras que le corresponde.
El texto justifica la elevada deuda contraída por Cataluña con el Estado, culpando al actual sistema de financiación autonómica por la carga de deuda que soporta, ante los incumplimientos de obligaciones de inversión contenidas en el Estatuto de Autonomía por anteriores ejecutivos, que ha afectado a la autonomía financiera de Cataluña y su capacidad de lograr financiación en los mercados.
En el acuerdo no se cita la palabra ‘quita‘, pero sí se dan cifras. En concreto, 15.000 millones de euros menos que tendrá que abonar la Generalitat y asumir el Estado, ahorrando en intereses el pago de 1.300 millones de euros. Además, se podrá «también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario».
La Generalitat traspasará a las arcas públicas el 20% de la deuda viva en el momento de la ejecución de este pacto, sin que se estipulen fechas o plazos
Por otro lado, el Fondo de Liquidez Autonómico podrá seguir operando como sistema de último recurso en el caso de «situaciones críticas del mercado». De esta forma, la Generalitat traspasará a las arcas públicas el 20% de la deuda viva en el momento de la ejecución de este pacto, sin que se estipulen fechas o plazos.
LA JUSTIFICACIÓN DE LA QUITA DE DEUDA
De esta forma, en el documento firmado por ambas formaciones se reconoce una deuda a cierre de 2022 de 84.518 millones de euros, de los que 71.306 millones son deuda contraída con el Estado. Tras repasar la evolución de la deuda, que antes de la crisis de 2007 ascendía a 15.766 millones y 7 años más tarde, en 2014, dicha deuda ya era de 64.466 millones. Se justifica gran parte de este abultado crecimiento al impacto de la crisis en las finanzas públicas autonómicas, es decir, «se debió al ciclo económico y a la insuficiente respuesta europea y del Estado ante la crisis, muy diferente de la reacción que se ha producido desde 2020 para hacer frente a los efectos de la pandemia y a la posterior crisis energética provocada por la invasión de Ucrania».
En el acuerdo del PSOE con ERC se suscribe un compromiso entre Gobierno español y Gobierno de la Generalitat para abrir una mesa bilateral en la que abordar de forma jurídica y económica el tratamiento de la deuda contraída por Cataluña con el Estado español, así como abordar a partir de este acuerdo la financiación con la que contará la comunidad autónoma para garantizar la suficiencia financiera de los servicios públicos en Cataluña, así como la inversión prevista para la región.
Por toda esta evolución, PSOE y ERC consideran que el sistema de financiación autonómica en vigor fue diseñado para “aplicarse en períodos de estabilidad económica” y, sin embargo, “comenzó a aplicarse en plena crisis financiera, seguida de una crisis de deuda y sus secuelas, por lo que los recursos proporcionados a la Generalitat por el sistema tuvieron que ser completados por ésta acudiendo al endeudamiento, en gran parte con el propio Estado.
Como conclusión de este apartado se acuerda que se creará una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat con el fin de llegar a un acuerdo y encontrar soluciones en el ámbito jurídico y económico, así como encontrar los mecanismos para garantizar la financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Cataluña. A ello se suman los compromisos de inversión que contempla el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
LOS ESPAÑOLES PAGARÁN EL REFUERZO DE LOS MOSSOS
En otro orden de cosas, el acuerdo hace referencia a las «cuestiones singulares». En este sentido, estos asuntos serán tratados de forma bilateral bajo el principio de suficiencia financiera y en concreto la financiación de los Mossos d’Esquadra para hacer frente al gasto de la plantilla total de 22.006 efectivos, con una ratio de 2,628 agentes por cada mil habitantes. De esta forma, el Estado tendrá que abonar la integración de otros 3.739 agentes adicionales.
«El Gobierno se compromete a transferir anualmente, al objeto de que Cataluña ejerza competencias transferidas no homogéneas vinculadas a la seguridad ciudadana, desde 2024 y hasta 2030, el resultado de aplicar al módulo acordado, la diferencia entre el número de efectivos de Mossos d’Esquadra certificado de cada año y los efectivos certificados de 2021», señala el acuerdo. Para ello, se adoptará un compromiso mediante un acuerdo de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF).
Para la actualización de los módulos de valoración de los nuevos órganos judiciales. Esta actualización se aplicará a los futuros traspasos derivados de la constitución y puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. «Se aprobará el módulo de gastos generales de funcionamiento incrementado en el 26,6% para una mejor adecuación con los costes efectivos de la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos judiciales», destacan PSOE y ERC.
Asimismo, también se ha pactado la «financiación de servicios penitenciarios», donde se estipula la gestión de la jubilación de hasta 1.397 efectivos hasta el año 2030. No será el único gasto que tenga que afrontar el Estado, ya que la financiación ordinaria de la ejecución penal, «es necesario adecuar la financiación estatal a su coste real teniendo en cuenta los impactos normativos aprobados desde entonces, a este efecto, en el primer semestre de 2024, se convocará a la Comisión correspondiente para evaluar el impacto que haya tenido la
normativa estatal sobre la prestación de los servicios penitenciarios».
EL ESTADO PAGARÁ JUBILACIONES PARA PENITENCIARIOS Y UNIVERSIDADES
Para investigación y desarrollo, la Generalitat establece la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de investigación científica y técnica, la competencia exclusiva con relación a los centros y las estructuras de investigación de la Generalitat y a los proyectos financiados por ésta.
Para el pleno desarrollo de la competencia en materia de investigación científica y técnica, en los términos recogidos en el Estatuto de Autonomía, la Administración General del Estado consignará en los PGE y transferirá anualmente a la Generalitat la parte correspondiente al Estado sobre proyectos estratégicos cuya cuantía no será inferior a 150 millones de euros. El Estado, además, pagará otros dos millones para las becas y ayudas al estudio.
LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES
Reconocida el sistema de «gobernanza compartida» de las inversiones, PSOE y ERC acuerdan que sea el Gobierno central el que se encargue de la inversión en las infraestructuras de interés general, consensuadas previamente las operaciones a acometer a lo largo de la XV Legislatura. Del resto de las inversiones en infraestructuras se encargará la Generalitat.
Con este fin se creará una comisión de inversiones entre la Generalitat y el Gobierno del Estado para acordar las prioridades y planificar la actividad inversora, su seguimiento y ejecución. De esta comisión formarán parte las consejerías y ministerios afectados.
Así, la Administración General del Estado asume el compromiso de que la proporción de la inversión pública programa en Cataluña se ajuste a la proporción de la economía de Cataluña en el conjunto del Estado, medido en términos de PIB nominal. Además, se especifica que este sistema deberá tener en cuenta y cubrir los costes de gestión que comporta para la Generalitat.
CREACIONES DE COMISIONES ENTRE PSOE Y ERC
El acuerdo se adentra, a continuación, en un apartado que para ERC es de gran importancia: los inmuebles compartidos por el Estado y la Generalitat. Para dirimir qué hacer con ellos se creará otra comisión entre el Gobierno y la Generalitat a fin de estudiar la titularidad de cada inmueble en estos momentos del Estado y desarrollar la optimización de su parque inmobiliario.
Con ello, se pretende analizar los inmuebles compartidos por ambas administraciones, a fin de ponerlos al servicio de las políticas públicas y las actividades de la Generalitat, dentro del interés general y mejor servicio público.
Con objeto de hacer seguimiento y evaluar el complimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo, ambas partes se comprometen a reunirse en una comisión de seguimiento con carácter anual para comprobar su grado de incidencia sobre la situación económica y financiera de la Generalitat.
