El Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de José Miñones, está inmerso en la revisión del Real Decreto 183/2004, del 30 de enero, con la finalidad de implementar un nuevo diseño de tarjeta sanitaria que se utilice de manera uniforme en todo el territorio de España.
El propósito de esta iniciativa es asegurar que esta tarjeta sea compatible tanto en su formato físico como en el ámbito virtual, con el fin de lograr una verdadera interoperabilidad en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y facilitar un acceso sencillo y rápido a los servicios de atención médica y farmacéutica.
Con el objetivo de llevar a cabo esta iniciativa, el Ministerio de Sanidad ha sometido el proyecto a consulta pública, brindando así la oportunidad a la ciudadanía, organizaciones y diversas asociaciones de expresar sus opiniones sobre los temas planteados, si así lo desean.
La propuesta de Miñones de crear una tarjeta sanitaria uniforme en todo el país podría generar fricciones legales al ser vista como una intromisión en las competencias autonómicas.
En virtud de lo estipulado en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se informa que desde el 23 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2023, se habilita un buzón de correo (seciis@sanidad.gob.es) para que los interesados puedan enviar sus ideas, sugerencias o planteamientos con relación a la cuestión planteada. Se dará consideración a aquellas respuestas en las que el remitente esté identificado.
Sin embargo, la propuesta de Miñones plantea la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno central en funciones se involucren en un ámbito que tradicionalmente se encuentra dentro del ámbito de competencia de las comunidades autónomas. La implementación de esta propuesta podría dar lugar a cuestiones delicadas relacionadas con la división de competencias entre el Gobierno central y las administraciones regionales.
ESTOS SON LOS DATOS QUE INCLUIRÁN EN LA TARJETA SANITARIA QUE PROPONE MIÑONES
La propuesta de una nueva tarjeta sanitaria, impulsada por el Ministerio de Miñones, busca proporcionar una solución eficiente y actualizada para el ámbito de la atención médica en España. Estas credenciales de salud se diseñarían con el propósito de contener información fundamental que sea uniforme en todas las tarjetas, lo que facilitaría su interoperabilidad y uso en todo el Sistema Nacional de Salud.
Las nuevas credenciales de salud se caracterizarían por incluir, de manera estandarizada, los datos esenciales que permiten la identificación del titular de la tarjeta. Esto incluiría información como el nombre, la fecha de nacimiento y otros detalles clave. Además, se especificaría claramente los derechos del titular en relación con los servicios de prestación farmacéutica y se indicaría el servicio de salud o la entidad responsable de la atención sanitaria.
En lo que respecta a la tecnología utilizada en estas tarjetas sanitarias, se prestaría especial atención a los componentes de almacenamiento y a las aplicaciones que gestionan los datos. La finalidad sería asegurar que estos elementos tecnológicos permitieran la lectura y la verificación de los datos de manera efectiva en cualquier punto del territorio nacional, garantizando así la accesibilidad y utilidad de las tarjetas para todas las instituciones y entidades gubernamentales involucradas en la atención médica. Esta iniciativa refleja un esfuerzo por modernizar y hacer más eficiente la gestión de la información de salud en todo el país.
No obstante, con la propuesta de Miñones, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno central en funciones estarían adentrándose en un terreno que normalmente está bajo la jurisdicción de las comunidades autónomas. Si esta propuesta se lleva a cabo, es posible que surjan cuestiones problemáticas en lo que se refiere a la distribución de competencias entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas.
En la actual estructura de descentralización administrativa en España, la gestión de la sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas, lo que les otorga un alto grado de autonomía en la toma de decisiones sobre asuntos sanitarios. La propuesta de Miñones, que busca implementar una tarjeta sanitaria única en todo el país, podría generar fricciones y desafíos legales, ya que algunos podrían considerar que invade las competencias autonómicas en este campo.
Es importante destacar que el equilibrio entre las competencias centralizadas y descentralizadas es un aspecto fundamental en la organización administrativa de España. Cualquier iniciativa que busque modificar esta distribución de responsabilidades debe abordarse con cuidado y respetando el marco jurídico y político vigente. La propuesta de Miñones, aunque busca mejorar la interoperabilidad y eficiencia del sistema de salud, podría requerir una cuidadosa consideración y negociación con las comunidades autónomas para evitar posibles conflictos y asegurar una implementación exitosa.
MIÑONES DESTACA LOS PROBLEMAS EN CASO DE QUE NO SALGA ADELANTE EL NUEVO MODELO DE TARJETA SANITARIA
Por último, en su convocatoria para la consulta pública, el Ministerio de Sanidad subraya la importancia de regular la interoperabilidad de la tarjeta sanitaria individual en formato virtual. Advierte que la falta de una regulación que garantice esta interoperabilidad podría llevar a que las diferentes administraciones públicas sanitarias opten por crear sus propias tarjetas sanitarias virtuales, las cuales podrían no ser compatibles entre sí.
Esto significaría que estas tarjetas solo serían válidas para acceder a servicios de atención médica o farmacéutica en la jurisdicción específica de la administración pública emisora, en lugar de poder utilizarse en todo el Sistema Nacional de Salud. Por esta razón, el Ministerio de Sanidad insta a considerar detenidamente el proyecto y la necesidad de modificar el Real Decreto.
Esta llamada refleja la preocupación por evitar una fragmentación en el sistema de salud y promover la interoperabilidad, lo que permitiría un acceso más amplio y eficiente a los servicios sanitarios en todo el país. La consulta pública busca recabar opiniones y sugerencias de la ciudadanía, las organizaciones y las asociaciones interesadas, a fin de tomar decisiones informadas y adecuadas con respecto a esta propuesta de modificación.
