El ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino ha reivindicado en su escrito de defensa que, hasta donde alcanzó su conocimiento, ‘Kitchen’ fue una «operación policial legal», así como que «había suficientes razones» para lanzar una investigación contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno.
En un escrito de este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, Pino pide a la Audiencia Nacional una sentencia «plenamente absolutoria» de cara al juicio por el operativo parapolicial que el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz habría ideado y orquestado entre 2013 y 2015 para espiar a Bárcenas y su entorno a fin de robarles la documentación comprometedora que pudieran tener sobre el PP y sus dirigentes en plena investigación judicial por ‘Gürtel’.
Además, pide que durante el juicio –cuya apertura acaba de ordenar el juez instructor Manuel García Castellón– declaren como testigos el ex director de la Policía Nacional Ignacio Cosidó, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el investigador principal de ‘Gürtel’ Manuel Morocho y el ex jefe de la UDEF Manuel Vázquez, entre otros.
Pino sostiene que sus actuaciones en estas pesquisas policiales «consistieron en las propias de cualquier operación policial, justificada y totalmente legal, conociendo del inicio de la operación policial legal, encargando a los órganos policiales correspondientes, por los canales habituales, la investigación policial con fines lícitos».
Subraya que no tuvo «ninguna participación directa» en las pesquisas, limitándose a la actuación «propia del DAO, ajeno a las labores de campo o de investigación policial». Así, acota su intervención al «esporádico conocimiento puntual y casual de la marcha de la investigación en despachos verbales», «comportamiento habitual como en otra más de las miles de operaciones que desarrollaba el Cuerpo de Policía Nacional».
También aclara que «jamás ha encargado la comisión de ilícito alguno por parte de algún miembro policial, ni ha tenido conocimiento posterior ni fundado del mismo», «sin perjuicio de los hechos ilícitos que cada uno pueda cometer en su esfera de actuación», que «son de su exclusiva responsabilidad».
Para reforzar su argumento, destaca que los demás imputados, a excepción del comisario jubilado José Manuel Villarejo, «han sostenido que las actuaciones policiales en lo que mediáticamente se bautizó como ‘Operación Kitchen’ respondían a legítimas razones de interés policial propio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Pino afirma, apoyándose en la declaración en sede judicial de Cospedal –que estuvo brevemente imputada–, que «había suficientes razones para llevar a cabo una investigación policial frente a Bárcenas y (sus) familiares», al margen de ‘Gürtel’.
En este sentido recalca que la documentación vinculada al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez –también encausado– «acredita la relevancia mediática que tenía Bárcenas en esas fechas, tal y como muy bien explica en su declaración judicial».
«Se constata de este modo el lícito, pertinente y necesario interés policial por investigar hechos que pueden ser constitutivos de delito más allá de una investigación judicial abierta y sin perjuicio de una posterior incorporación a la misma del resultado de una previa actividad policial autónoma», incide.
FONDOS RESERVADOS
En concreto, Pino defiende que «tampoco puede sostenerse el carácter ilegal del colaborador policial», en alusión a Sergio Ríos, el ex chófer de Bárcenas, al que la trama parapolicial habría captado para espiar al ex tesorero y los suyos a cambio de pagos con fondos reservados y de convertirse en agente de la Policía Nacional.
El ex DAO asevera que «la autorización verbal del pago con fondos reservados de los gastos y necesidades pertinentes de un colaborador policial, se procedió como es habitual y lógico por la función especial de la investigación policial, con la consiguiente entrega de la cantidad que habitualmente se venía empleando en este tipo de operaciones».
En cualquier caso, descarga toda la responsabilidad de la gestión de Ríos en Villarejo, ya que «era quien controlaba al colaborador policial y, por consiguiente, por quien pasaba toda la información a valorar en el proceder policial».
BÁRCENAS «SE HA SUMADO AL CARRO»
Asimismo, quiere dejar claro que tampoco tuvo conocimiento de «una supuesta adquisición ilegal de datos privados», en alusión a dos incidentes que, según la investigación judicial, habrían consistido en el volcado de dispositivos electrónicos de Bárcenas y en el robo de la documentación sensible que la mujer del ex tesorero guardaba en su estudio de arte.
«No existe el más mínimo indicio que apunte a que mi defendido ordenó o autorizó una actuación de sustracción de documentación del señor Bárcenas y su entorno. Tampoco de recepción de documentación alguna», dice tajante la defensa de Pino.
Y añade que «tampoco Bárcenas ha sabido explicar de qué información se trataba, sino que se ha sumado al carro y con rotunda imprecisión habla de una sustracción de documentación que a todas luces le interesa».
Junto a Pino, Fernández Díaz, Martínez, Villarejo y Ríos, el juez ha enviado a juicio a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Enrique García Castaño, Bonifacio Díez Sevillano y Andrés Manuel Gómez Gordo.
