El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha reabierto el caso de espionaje con Pegasus, al admitir la querella presentada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, contra la entonces presidenta del CNI, Paz Esteban, por el supuesto espionaje de que fue objeto. A esta iniciativa se suma la reapertura por parte del Consejo Europeo, del que casualmente Pedro Sánchez ostenta la presidencia de turno, de la investigación del espionaje realizado a los independentistas catalanes también con el sistema Pegasus.
Resulta significativo que ambas iniciativas coincidan en el tiempo con las negociaciones que mantiene Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes para su investidura. Los supuestos delitos investigados por el juzgado barcelonés son de intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales, lo que de confirmarse conllevaría «infracciones penales».
Aragonès personalizó la querella contra Paz Esteban, posteriormente destituida por el Gobierno de Pedro Sánchez como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El juzgado de Barcelona la ha llamado a declarar, como imputada, al igual que al demandante, el presidente de la Generalitat. Curiosamente este juzgado había decidido inhibirse del caso, por petición de la Fiscalía, para que se hiciera cargo la Audiencia Nacional por tratarse de una alta institución del Estado.
LA AUDIENCIA NACIONAL ARCHIVÓ EL CASO EN JULIO DE ESTE AÑO AL NO ENCONTRAR INDICIOS SOBRE EL CNI
Sin embargo, el pasado 10 de julio, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, anunció el archivo de la causa al no poderse esclarecer el origen del espionaje, que afectó también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros como Margarita Robles, además de más de 50 independentistas catalanes.
Un mes antes, en junio pasado, la Audiencia de Barcelona decidió retomar el caso que ahora ha sido admitido a trámite por el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona. Y ha dado un paso más al citar como investigada a Paz Esteban el próximo 13 de diciembre, además ese mismo 13 de diciembre Aragonès deberá declarar como perjudicado por el espionaje.
Paz Esteban fue destituida en mayo de 2022 por el escándalo y Aragonès basa su querella en el informe del colectivo Citizen Lab, de la Universidad de Toronto y experto en el programa Pegasus, publicado en abril de 2021, en el que se explicaba que personas del movimiento independentista catalán y de ERC estaban siendo espiadas a través de sus móviles, infectados por Pegasus para «espionaje político».
El teléfono móvil de Aragonès era uno de los espiados y, según concreta el colectivo canadiense, fue infectado a través de unos SMS enviados el 4, 5 y 13 de enero de 2020. El político catalán ocupaba en ese momento la vicepresidencia de la Generalitat.
EL JUZGADO PIDE INFORMACIÓN AL SUPREMO, TRIBUNAL DE CUENTAS, CNI Y EMITE UNA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACION SOBRE NSO GROUP
De acuerdo con el ‘Auto de Admisión, querella e incoación de diligencias previas’ al que ha tenido acceso Moncloa.com, el juzgado barcelonés sobre este caso ha exhortado al Tribunal Supremo a que informe sobre si se había autorizado el uso de este software, monitorización, balizamiento o cualquier otra fórmula de inversión de las comunicaciones de Aragonès. Y de haber ocurrido este extremo, que le remitan las autorizaciones para realizar esta intervención.
Asimismo, el juzgado de instrucción catalán se ha dirigido al CNI que le informe sobre la compra y uso que se ha hecho de este software de espionaje, y que le pase una relación de las personas del CNI conocían el encargo de espiar, y si se espió a Pere Aragonès.
El juzgado ha pedido al CNI que le informe sobre la compra de este software de espionaje
Y también se ha dirigido al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado para que le envíen el certificado sobre si el CNI compró productos o licencias o pago servicios a NSO Group desde 2014, y que detallen los datos de estos productos.
Por otro lado, el juez ha emitido una Orden Europea de Investigación paRa que NSO, OSY Technologies, con sede en Luxemburgo, explique si ha comercializado el software Pegasus con organismos gubernamentales del Gobierno español, y en caso afirmativo que detallen qué organismos y con qué personas. Esto incluye también los documentos sobre el pedido, compra, instalación, formación y soporte de mantenimiento al cliente. Por último reclama que identifique a los clientes de Pegasus en España.
LA EUROCÁMARA PIDE UNA INVESTIGACIÓN «PLENA, JUSTA Y EFICAZ»
La admisión a trámite de la querella de Aragonès prácticamente ha coincidido con el llamamiento desde el Parlamento Europeo para que se investigue el espionaje con Pegasus en España sobre los supuestos casos denunciados, incluidos los 47 de los 65 independentistas catalanes en los que se sigue sin aclarar si fueron espiados por el CNI.
La institución europea reclama una investigación «plena, justa y eficaz» para que se facilite la información, al menos de los 18 casos confirmados, como el de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska o Luis Planas o la exministra de Exterior, Arancha González-Laya.
El informe del Parlamento Europeo también arroja sospechas sobre los gobiernos de Marruecos y de Ruanda, que podrían haber espiado a ciudadanos europeos, entre los que se incluyen Sánchez, Robles, Grande-Marlaska y mandatarios de Francia y Bélgica. Sin embargo estas sospenchas no han podido ser confirmadas.
Otro de los casos que tampoco han podido ser confirmados y sobre los que parece existir una vinculación con Pegasus es el denominado ‘caso Voloh’, el supuesto desvío de fondos públicos al procés. Un juzgado de Barcelona investigó en 2022 al empresario ruso que ejerció presuntamente de enlace del expresidente Carles Puigdemont en Rusia. Alexander Dmitrenko, al que se le negó la nacionalidad española por sus supuestos contactos con los servicios secretos rusos.
La Guardia Civil inició la operación Voloh a finales de octubre de 2020 en varias localidades españolas. Resultado de las investigaciones se descubrieron contactos entre altos cargos políticos de Cataluña con representantes del régimen de Putin en Rusia.
