En plena negociación con la amnistía y tras la resaca de la exitosa manifestación contra la medida de gracia, el Ministerio de Justicia en funciones, en manos de Pilar Llop, ha iniciado los trámites para obtener el indulto para los condenados en el ‘caso ERE’, el mayor caso de corrupción en España con un desvío de más de 679 millones de euros de dinero público.
Así las cosas, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acuerda formar «expediente de indulto» merced a la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, interesando diversos aspectos sobre la hoja histórica y penal de cada uno de los condenados y solicitando además que la propia Fiscalía emita su propio informe sobre tales peticiones. Desde el Ministerio de Justicia han señalado que un Gobierno en funciones puede tramitar y conceder los indultos.
GRIÑÁN Y OTROS CONDENADOS, SIN PASAR POR PRISIÓN POR LOS ERE
Entre los condenados se encuentran José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, quien pesa sobre él una pena de seis años y dos días y la inhabilitación absoluta por 15 años y dos días por delitos de malversación y prevaricación; para el expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, la pena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación; mientras los cargos Antonio Fernández y Francisco Javier Navarro tuvieron una condena de 7 años, 11 meses y un día de prisión por ambos delitos.
Otros cargos socialistas y públicos fueron también condenados, como Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina, exsecretarios generales, a 9 años de inhabilitación por prevaricación, -Medina fue inhabilitada durante 8 años, 6 meses y un día-. Jacinto Cañete, exdirector de Idea, fue condenado a esta última misma pena. Asimismo, también hay exconsejeros en la cárcel, como Carmen Martínez Aguayo, con una condena a seis años; , Antonio Fernández, con siete años y once meses; Francisco Vallejo, otros siete años; y el exviceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, con otros siete años y 11 meses.
El Gobierno ha mandado un escrito a la Audiencia Provincial de Sevilla para solicitar este nuevo indulto tras el rechazo del Tribunal Constitucional a los recursos de los encerrados, a excepción de Griñán, que no ha pasado ni un sólo día en prisión. El expresidente de la Junta de Andalucía pidió a la Audiencia de Sevilla evitar la prisión al ser incompatible con el tratamiento de su enfermedad, pero se le ha visto por las calles sin problema alguno.
Se gastan el dinero de los andaluces en prostitutas y drogas, roban cientos de millones de euros y el Gobierno del autócrata Sánchez quiere librarles de la cárcel
Juan Márquez, condenado a cinco años y tres meses, eludió el ingreso en prisión al solicitar el indulto; el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, condenado a siete años y un día, salió de prisión con el tercer grado.
LLOP DEJA SIN RECUPERAR MÁS DE 679 M€ EN LOS ERE
Ahora, el Gobierno en funciones, a través de la ministra de Justicia, Pilar Llop, tendrá que argumentar los indultos con los preceptivos informe, tal y como hizo con los políticos presos en el desafío independentista. Estos escritos llegarán primero a Fiscalía y después a las acusaciones particulares. Serían indultos parciales, como ocurrió con los nueve sentenciados por el referéndum ilegal del 1-O y solo conciernen a las penas de prisión, mientras se mantendrían activas las inhabilitaciones.
De esta forma, será la Audiencia Provincial quien examine el caso y permita la liberación de los ahora condenados. Eso sí, la última palabra, como marca la legislación vigente, se dará en los tribunales. El tribunal tendrá que ver si existen razones de justicia, equidad o utilidad pública en favor del condenado en función de los informes recabados y remitidos por Justicia.
LOS NUEVOS INDULTOS EN PLENA NEGOCIACIÓN CON LA AMNISTÍA
El Ejecutivo tendrá difícil el planteamiento debido al daño hecho en las arcas públicas, como también era difícil otorgar los indultos a los condenados por el desafío separatista. El Gobierno vendió los indultos como un gesto para encontrar la concordia en Cataluña, aunque no se ha mostrado arrepentimiento alguno de quienes provocaron el caos en la región durante los meses de septiembre y octubre.
Ahora, con la amnistía a Carles Puigdemont, se eleva el precio de la investidura, pero no varía el argumento de la «concordia» y la «convivencia». Por esta razón, Llop ha pedido «dejar trabajar a los negociadores».
La medida ha encendido al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía y a la oposición. El PP andaluz ha salido en tromba para cargar contra esta nueva medida de gracia al dejar sin efecto no solo las penas de prisión, sino también la devolución del dinero. Eso sí, los ‘populares’ andaluces han resaltado la cantidad desviada: 679.432.179,09 euros.
El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha cargado contra la medida y exige que se devuelva cada céntimo robado. «Se gastan el dinero de los andaluces en prostitutas y drogas, roban cientos de millones de euros y el Gobierno del autócrata (Pedro) Sánchez quiere librarles de la cárcel. ¡No tienen vergüenza ni la conocen!», ha cargado el portavoz en Twitter.
