No es oro todo lo que parece. En los acuerdos de PP con Vox para gobernar no había coincidencias programáticas, solo algunas aproximaciones. Lo que realmente ha unido a PP y a Vox ha sido intentar derogar algunas leyes aprobadas por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. El resto son puntos de los documentos propuestos por Vox que habrá que discutir cuando llegue el momento, como es el caso del denominado ‘pin parental’.
A una semana de que Alberto Núñez Feijóo fracasara en su intento de ser presidente del Gobierno, el líder del PP ha reconocido que realmente no quería pactar con Vox para formar gobiernos en comunidades como la valenciana, extremeña o murciana. La decisión se tomó para que no se tuvieran que repetir las elecciones en esas regiones, y por esos el PP «asumió, que a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, el desgaste, y el darle un Gobierno estable a Extremadura y Valencia» era lo importante.
En este matrimonio de conveniencia, algunos aspectos de la política nacional les une más que los separa. Éste sería el caso de la amnistía, la memoria histórica o el Impuesto de Sucesiones. En el caso de las lenguas cooficiales, Feijóo pese a considerar que el Congreso de los Diputados parece un «karaoke», se encuentra contra la espada y la pared, dada su procedencia de Galicia y los años que gobernó en esta comunidad con mayoría absoluta.
LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA ES PARA PP Y VOX UNA AFRENTA QUE DEBE DEROGARSE
La Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de coalición en la pasada legislatura no ha gustado al PP ni Vox. Tampoco que se hablen las lenguas cooficiales en el Congreso y llevaban tiempo pidiendo la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones para eliminar las desigualdades por comunidades. El último frente que les une es la amnistía que negocia Pedro Sánchez con ERC y Junts, y el posible referéndum.
PP y Vox ya han empezado a dar los primeros pasos en las comunidades donde gobiernan. Pero también donde Vox no forma parte de un acuerdo de gobernabilidad como ha sido recientemente el caso de Cantabria. A iniciativa de Vox, el Grupo Popular parlamentario cántabro ha instado al Ejecutivo regional (con mayoría simple del PP) para que elabore un proyecto de ley “a la mayor brevedad posible” para que se derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática en Cantabria.
Llama la atención, que mientras Núñez Feijóo debatía su investidura, que PP y Vox hayan unido fuerzas en una comunidad donde los populares no han necesitado el apoyo de los de Abascal para gobernar. María José Sáenz de Buruaga salió elegida presidenta de la Comunidad de Cantabria, en segunda votación, con el voto en contra de los diputados regionales de Vox, y gracias a la abstención de los 8 diputados de PRC.
En Cantabria sin necesitar el apoyo de Vox para gobernar, el PP ha propuesto derogar La Ley de Mermoría Histórica de Cantabria
Sin embargo, la Ley de Memoria Histórica les ha unido. Ambas formaciones han explicado que se trata de una ley «parcial y sectaria» que selecciona entre «víctimas de primera y de segunda». En lo único que están de acuerdo con la actual normativa es que mantenga el derecho de los cántabros a recuperar los restos de sus familiares, con independencia del banco que sean.
Lo sucedido en Cantabria es un botón de muestra de lo que que harán en el resto de las comunidades donde gobiernan. En los pactos de gobierno PP-Vox de la mayoría de las comunidades así lo recogen. Aragón es un ejemplo, y Cantabria y Andalucía es una prueba de que el PP, por sí solo, también pretende o derogar la norma autonómica o, simplemente, no desarrollarla. Pero también se puede observar lo ocurrido en Madrid con el Valle de los Caídos, cuando aún no existía la ley de Memoria Histórica, donde se han buscado todos los recovecos legales para impedir todas las medidas adoptadas por el Gobierno.
Murcia y Galicia, que aún no han desarrollado la ley en la comunidad podrían ser las siguientes, dado que la ley estatal debe ser desarrollada en cada región por sus propios gobiernos autonómicos. Murcianos y gallegos podrían no desarrollarla.
También en el acuerdo de gobernabilidad de la Comunidad Valenciana se puede leer que «se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos» al tiempo que se comprometen a garantizar la ley de memoria. Y en Extremadura, el acuerdo apuesta por promover «la concorida y el respeto a la memoria de todos los extremeños y españoles» para sustituir la norma autonómica (de Vara) por «una nueva que sirva a la reconciliación y a la concordia real».
La ley de memoria histórica solo se mantendra en Cataluña, País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, las únicas donde no gobiernan PP y Vox
En el acuerdo de Castilla y León, Mañueco se comprometió con Vox a reivindicar nuestra historia común, como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles. No obstante, no se especificaba si se derogaría o aplicaría la norma estatal a la autonómica, pese a que el presidente de la Junta había dicho antes de las elecciones que no iba a modificarla.
Y para la investidura de Baleares, Vox hizo incluir en el documento que el gobierno regional garantizará la memoria entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles. En esta comunidad se han comprometido a derogar la ley autonómica. Pese al acuerdo, también hay un compromiso para facilitar la recuperación de personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos, así como para impedir la destrucción de monumentos y elementos históricos.
Por el momento, se desconoce que harán con el desarrollo autonómico de la ley estatal La Rioja, donde el PP gobierna sin el apoyo de Vox, y Canarias, donde CC y PP llegaron a un acuerdo de gobernabilidad.
Por tanto, únicamente la ley de memoria histórica y su desarrollo autonómico se mantendrán en Cataluña, País Vasco, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, las únicas comunidades donde no gobiernan PP y Vox.
PP Y VOX TAMBIÉN HAN EMPEZADO A ELIMINAR EL IMPUESTO DE SUCESIONES
El segundo frente de unidad es contra el Impuesto de Donaciones y Sucesiones. Ambas formaciones políticas siempre se han mostrado en contra de su existencia por la desigualdad que provoca su existencia entre las diferentes comunidades autónomas. Las estadísticas demuestran que cerca de 55.500 personas renunciaron a su herencia en 2022 por no poder pagar el impuesto de sucesiones, según el Consejo General del Notariado.
Las comunidades autónomas tienen competencia plena sobre el impuesto y son las que deciden la reducción de la base imponible del impuesto. Y en este punto cada región tiene sus propias tablas, dependiendo del grado de consaguinidad del fallecido.
Por tanto, se puede decir que sólo Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León y Cantabria el impuesto de sucesiones es prácticamente inexistente o, en todo caso, simbólico. En el otro extremo, Asturias y Aragón son las CCAA donde heredar es más caro. En la Comunidad Valenciana PP y Vox ya han aprobado la práctica supresión del impuesto. Igual ha ocurrido en Baleares.
PP Y VOX, CONTRA LA AMNISTÍA EN COMUNIDADES Y AYUNTAMIENTOS
Por último, la ofensiva de PP y Vox contra la amnistía que negocia Pedro Sánchez con ERC y Junts muestra una de las unidades más significativas del frente común que han formado en comunidades y ayuntamientos contra las políticas del Gobierno de coalición, y los posibles acuerdos que Sánchez pacte par su investidura.
A las manifestaciones convocadas en Madrid, primero, y luego en Barcelona se suman estas mociones de censura, donde los territorios gobernados por ambos partidos han dejado claro que no se admitirá la amnistía. En todas las localidades, los máximos dirigentes políticos de PP y Vox han puesto de manifiesto en las mociones que no hay consenso suficiente en toda España para abrir un proceso que genera rechazo en la la sociedad.
Además califican la amnistía como un fraude, un engaño y la ruptura del consenso de la Constitución. Acusan a Sánchez de aceptar lo que pide el 6% de los independentistas, sacrificando al resto. Y recuerdan que tanto la amnistía como un referéndum necesita del respaldo de los dos tercios del congreso de los diputados, algo que Sánchez no va a conseguir.
