La investidura de Pedro Sánchez va a tener un coste político muy elevado que, en algunos casos, tocará los cimientos de la propia Constitución. ERC y Junts, Sumar, Podemos, IU, PNV, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) y BNG ya tienen preparada la factura. Este miércoles, el candidato a la investidura dio el pistoletazo de salida para recabar todo lo que le piden y negociar a fin de obtener su voto favorable.
Cualquier voto es necesario, incluido el de Cristina Valido, la única diputada de Coalición Canaria (CC), que le pide lo mismo a Pedro Sánchez que, en su día, hizo con Alberto Núñez Feijóo: 200 millones de euros para Canarias y asumir la ‘Agenda Canaria’. O el del diputado del BNG, Néstor Rego, que pide que se tenga en cuenta a Galicia.
Antes de empezar su primera ronda de negociación, Pedro Sánchez, pese a lo dicho a Felipe VI, no cuenta con los votos suficientes para ser investido. Solo hay que echar mano de la calculador. Los del PSOE (121). El resto está en el aire, incluidos los 31 votos de Sumar, que en ya han explicado que el acuerdo no está cerrado para hacerse valer. Y por si fuera poco dentro de Sumar ahora empiezan a oírse diferentes voces reclamando su espacio, como Podemos e IU. También parecen probables los 6 votos de EH Bildu y, tal vez los 5 del PNV.
sólo si Junts vota que sí, contando también con el voto de CC, Pedro Sánchez obtendría más síes que noes, 179
Lo que aún tiene muy en el aire son los 7 de ERC y 7 de Junts, que a medida que pasan los días elevan su factura para dar sus votos. Carles Puigdemont sigue sumando más coste político: rechaza al líder del PSC, Salvador Illa, como negociador y deja claro que el voto de Junts será sí o no, pero no habrá abstención, que era una de las posibles jugadas de Pedro Sánchez para lograr más síes que noes en la segunda votación, descartada la mayoría absoluta de la primera votación.
De esta forma, con los votos casi seguros, como ocurrió en las votaciones en la investidura de Feijóo, el nuevo candidato a la investidura contaría con 172 votos. Si CC vota a favor, y si Junts se abstuviera sería posible repetir en Moncloa, saldría su investidura, pero ya no es posible. Y sólo si Junts vota que sí, contando también con el voto de CC, Pedro Sánchez obtendría más síes que noes, 179.
EL COSTE DE SUMAR SON AVANCES SOCIALES, CON PODEMOS E IU PIDIENDO MINISTERIO
La primera en informarle de sus peticiones fue Yolanda Díaz. Pensaba que iba a ser la parada más fácil para conseguir los votos, aunque iba con los antecedentes que lo que le había dicho al Rey: «el acuerdo no está cerrado». Pero además Díaz se siente en la obligación de decir a Sánchez lo que piensa sobre lo que está negociando con los independentistas catalanes.
Yolanda Díaz le explicó a Sánchez que quiere avances en el tratamiento del despido, de la jornada laboral (a cuatro días semanales, como propone Más Madrid, uno de sus socios), una Ley de Cuidados, que también tenga reflejo en el Estatuto de Trabajadores, acciones para reducir los tiempos de espera en Sanidad, y también más avances en la financiación autonómica.
Pese a que Podemos formaba parte de la formación de Sumar, finalmente se ha desmarcado y la factura que pasan por sus cinco votos es que Irene Montero forme parte del nuevo Gobierno de coalición. Reclaman mantener «su autonomía política dentro de Sumar», esto es, espacio propio en las negociaciones con Sánchez, fuera de las reuniones con Sumar, y añaden a las propuestas de Yolanda Díaz, la derogación de la conocida como ‘Ley Mordaza’, modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aprobar una Ley contra el Racismo o declarar la gratuidad del transporte público.
Tanto Sumar como Podemos coinciden defender las conversaciones de Sánchez con los independentistas catalanes, aunque para Yolanda Díaz, ERC y Junts deben comprender que su acuerdo debe «conllevar renuncias a la unilateralidad». Y en Podemos muestran respeto de su formación a la amnistía y a que se encuentren las condiciones para celebrar un referéndum de secesión.
Además, en los últimos días se ha vuelto a producir una nueva escisión en Sumar, la de Izquierda Unida (IU), que la formación de Yolanda Díaz prácticamente ha fagocitado. El partido de Alberto Garzón, ministro de Consumo en funciones, ha retomado su proyecto republicando para la España del siglo XXI como alternativa al marco político-constitucional y al modelo económico social. En su propuesta agregan la resolución de los problemas reales de la gente, en su mayoría trabajadores. En IU mantienen la posibilidad de que alguno de sus miembros vuelva a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
EL COSTE DE PNV Y EH BILDU PARA POR ELABORAR UN NUEVO MODELO TERRITORIAL
Las condiciones de la hipoteca que propone el PNV se basan en elaborar un nuevo modelo territorial del Estado. Ante el avance de EH Bildu en las urnas, los nacionalistas vascos de Andoni Ortuzar no pueden bajarse de este barco. Para ellos sería alejarse de la realidad de las urnas, con el problema añadido de que deberán afrontar unas elecciones autonómicas en 2024. Pero además Pedro Sánchez deberá aplacar el enfado de los representantes del PNV ante el incumplimiento de algunos de los acuerdos cerrados en la investidura de 2019, que se resumen en el traspaso de más competencias como, por ejemplo, la gestión de la Seguridad Social.
Ésta es una de las condiciones, como le propuso a Alberto Núñez Feijóo, a quien además le pidieron acelerar las obras del AVE vasco, traspasar las competencias de la gestión de la Seguridad Social y abordar la posibilidad de un nuevo Estatuto de autonomía para el País Vasco.
Por su parte EH Bildu también quiere que se aborde la cuestión territorial. Esa es factura, aunque Arnaldo Otegi guarda en el mayor de los secretos cómo quieren que se aborde. Ha dado su sí a Pedro Sánchez, antes incluso de reunirse, aunque ante la proximidad de la reunión ya ha empezado a poner condiciones: el nuevo gobierno debe abordar una agenda política “plurinacional y profundamente social”, según ha adelantado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.
ERC Y JUNTS SUPONEN LA FACTURA MÁS CARA QUE DEBERÁ PAGAR PEDRO SÁNCHEZ
Los que elevan su precio cada vez que hablan son los independentistas de Junts, a cuyas exigencias se suma ERC. La primera, que casi está cerrada, es la amnistía. Luego Carles Puigdemont fue sumando: 450.000 millones de pago del Estado a Cataluña; crear un concierto económico catalán, similar al que tiene el País Vasco y, por último, un referéndum de autodeterminación. La inicial, ya la cumplido Sánchez, que en el Congreso se hablen las lenguas cooficiales y conseguir llegar el debate a las instituciones europeas.
Y luego incrementan con más flecos, como que Salvador Illa, el líder del PSC que le ha ganado el 23J la partida en las urnas no esté presente en las negociaciones. También es cierto que Illa se ha mostrado contrario a la amnistía. Y con un ultimátum inamovible: Junts votará sí o no, pero no se abstendrá. Es decir, que Sánchez sólo podrá sacar su investidura adelante si ellos votan sí, lo que supone que se deberán aceptar ‘todas’ sus condiciones.
Entre las salidas que le quedan a Sánchez ante esta situación, una se la ha propuesto la líder de Sumar, que ha considerado que el tema del referéndum podría negociarse a lo largo de la legislatura, y renunciando a la unilateralidad.
