La opacidad en los precios que paga el Estado a las farmacéuticas por los medicamentos camina hacia la transparencia. La Audiencia Nacional ha dado un paso más y se ha posicionado a favor del derecho a saber de la ciudadanía sobre las cantidades que acuerdan las farmacéuticas con las administraciones públicas sobre los medicamentos que les venden. Así, esta sentencia se une a otra anterior de este mismo organismo y fortalece el precedente que marcó en la relación del Gobierno con las empresas de fármacos.
Se trata de un movimiento realizado desde el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, de la Audiencia Nacional, donde se ha vuelto a llevar a juicio que el Estado no haga públicos la cantidad de dinero que paga por los medicamentos que luego financia por la Seguridad Social. En este caso, ha dado la razón al medio de comunicación Civio y ha desestimado el recurso de la farmacéutica Novartis para seguir manteniendo el secreto sobre el coste real y las condiciones de financiación de Zolgensma, el medicamento más caro que cubre a día de hoy la Seguridad Social.
Este tratamiento tiene como objetivo tratar a niños y niñas que sufren atrofia muscular espinar, un grupo de enfermedades genéticas que dañan y matan las neuronas motoras y es considerada como una patología grave y poco común. El Sistema Nacional de Salud comenzó a financiar su tratamiento en 2021, pero el proceso de compra de la medicación ha destacado por una opacidad que dificulta conocer la cantidad de dinero público que paga el Estado por el medicamento Zolgensma.
NOVARTIS PIERDE CONTRA CIVIO Y TRANSPARENCIA
Civio ha iniciado su propia batalla por que los precios de los medicamentos de la Seguridad Social sean públicos y tiene abiertos tres procesos jurídicos con diferentes farmacéuticas y fármacos. Este último caso comenzó hace dos años cuando, al hacer una solicitud de información vía Ley de Transparencia, el ministerio de Sanidad rechazó conceder los datos concretos sobre el acuerdo con Novartis y la obtención de Zorgensma por parte del Estado.
Tras esta negativa institucional, Civio reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le dio la razón el 2022. Sin embargo, la farmacéutica Novartis recurrió a los tribunales la decisión de este órgano independiente basándose en el artículo 97 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La empresa centra su recurso y defensa en que hacer pública esta información afecta a los intereses económicos y comerciales, algo que la Audiencia Nacional ha negado con su resolución.
el juez destaca la relevancia del interés público y del derecho a saber
Este juzgado ha considerado darle la razón a Civio al considerar que «conocer el precio real que abonan las arcas públicas por este medicamento no afecta a los intereses económicos y comerciales». Además, el juez destaca la relevancia del interés público y del derecho a saber y afirma que «el conocimiento del consumo o precio de un determinado medicamento supera con mucho el interés particular del laboratorio para que no se ofrezca dicha información sobre la base de su simple interés particular”.
CIVIO QUIERE «LLEGAR AL TRIBUNAL SUPREMO»
En este caso judicial todavía quedan muchas batallas que lidiar. La sentencia de la Audiencia Nacional no es firme y aunque, según ha informado Civio a Moncloa.com, Novartis todavía no ha interpuesto el recurso correspondiente, y desde este medio de comunicación quieren «llegar al Tribunal Supremo» con este caso. En este sentido, Civio afirma que «estamos hablando de información pública» y que lo que piden es conocer «las resoluciones previas de Sanidad antes de la financiación del Estado».
Según este medio de comunicación, Novartis asegura que «la Ley de Transparencia no es aplicable en este caso». Desde Moncloa.com nos hemos puesto en contacto con la empresa farmacéutica para conocer su punto de vista, pero no hemos recibido respuesta a las preguntas enviadas. Por parte de Civio, su objetivo final es «que se siente jurisprudencia a favor del derecho a saber» y «conocer el precio real que se paga» por los medicamentos.
DIFERENTES MEDICAMENTOS, MISMO OBJETIVO
Aunque en este caso la información que se cuestiona como pública sea la relacionada con Zolgensma, Civio tiene abiertos otros dos casos con otros dos medicamentos. Como ya informó Moncloa.com, uno de ellos es el correspondiente con la información económica del fármaco Luxturma, en el que Novartis contó con el apoyo de Ministerio de Sanidad e interpuso su propio recurso ante la petición de información.
En ambos casos, Civio asegura que están «pidiendo lo mismo», ya que no entienden «que se tapen los precios» en este ámbito y no en otros. En este sentido, el experto en derecho sanitario y contratación pública, Francisco Lavale, coincide con la perspectiva de Civio y, aunque celebre la sentencia, asegura que el recurso de Novartis «es una excusa para proteger los intereses de la industria farmacéutica». Además, asegura que «no tiene sentido que la protección ante la competencia sea para los medicamentos pero no para los productos sanitarios como las mascarillas».
