La máxima del PP en sus programas electorales ha sido bajar impuestos. El de Donaciones y Sucesiones ha sido su caballo de batalla porque muchas autonomías gobernadas por el PSOE mantenían una elevada tributación que, en muchos casos, obligaba a los herederos a no cobrar su herencia. La irrupción del PP en las comunidades ha provocado su práctica desaparición.
Precisamente, una de las nuevas consignas del PP desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo era eliminar el Impuesto de Donaciones y Sucesiones en las autonomías que gobiernan, donde todavía estaba vigente. El impuesto de sucesiones y donaciones marca una diferencia en función del territorio de España en el que se tenga que tributar.
El ejemplo más rápido en producirse ha sido la Comunidad Valenciana, presidida por Carlos Mazón. La Comunidad Valenciana anunció el pasado 21 de julio, ocho días después de que Carlos Mazón fuera elegido presidente de la región, la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones. Ha sido la última comunidad del PP en sumarse a esta medida.
CARLOS MAZÓN BAJO EL IMPUESTO DE SUCESIONES A LA SEMANA DE OCUPAR EL CARGO
El gobierno autonómico valenciano del PP y Vox decidió que ésta sería su primera medida: bonificar en un 99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en caso de que la transmisión se realice en beneficio de hijos, cónyuges y padres. Tanto donaciones como sucesiones gravaban hasta ese momento las herencias de los ascendientes, descendientes y cónyuges.
Por este gravamen la Generalitat Valenciana tenía previsto recaudar cerca de 400 millones de euros en el presente ejercicio. La bonificación tendrá efectos retroactivos desde el 28 de mayo, justo el día en que se celebraron los elecciones autonómicas y municipales. Esta medida coincidía en el tiempo con la aprobación por parte del Gobierno de Baleares del citado impuesto, añadiendo también el beneficio entre abuelos y nietos.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones marca una diferencia en función del territorio de España en el que se tenga que tributar. Así, encontramos las comunidades en las que solo se pagan importes simbólicos (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura, Madrid y Murcia, a las que se suman los territorios forales).
En el resto de las autonomías no se paga dicho tributo si no superan determinados límites. De esta forma, en La Rioja el límite está fijado en 400.000 euros; en Aragón, los menores de edad tienen una bonificación del 100% con un máximo de 3 millones de euros. En Cataluña la regulación va del 99 al 20%, en función de la base imponible. Y en Castilla-La Mancha la bonificación se sitúa entre el 100 y el 80% en función de que la base liquidable exceda de los 300.000 euros.
En otras regiones que han cambiado de signo político, como Cantabria aun no se ha tomado una decisión, aunque en 2022 se introdujo una mejora del 95% en este tributo.
LA BAJADA DE IMPUESTOS, UNA PROPUESTA PERMANENTE DEL PP
Si se revisan los programas electorales del PP se observa una apuesta permanente por la bajada de impuestos. Las comunidades reciben el tramo autonómico del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados.
En el año previo a las elecciones autonómicas y locales las cinco comunidades que estaban regidas por el PP hubo un acuerdo para actuar al unísono por lo que rebaja a las rebajas tributarias. Era como una muestra a los ciudadanos de lo que sucedería en el resto de las regiones si llegaban a gobernar.
Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, fue el primero en anunciar su intención de suprimir el Impuesto al Patrimonio y deflactar la tarifa autonómica del IRPF.
Las comunidades son dueñas de decidir lo que hacen con los impuestos que les corresponden, por lo que en la evolución del tramo máximo del Impuesto del IRPF se puede ver la diferencia de presión tributaria. Dado que el tramo autonómico recorta la tarifa.
LA COMUNIDAD DE MADRID REGISTRA EL TRAMO MÁXIMO MAS BAJO DE TODA ESPAÑA
En 2022, el menor porcentaje del tramo máximo del IRPF se localiza en Madrid, al situarse en el 45%, seguido por Castilla y León (46%). En ambas autonomías gobernaba el PP en ese ejercicio.
Únicamente Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, se ‘coló’ entre los máximos más bajos, con el 47%, el mismo porcentaje que registraba la tarifa máxima de Andalucía, y Galicia, también del PP.
Por el contrario, los porcentajes más elevados se correspondían con comunidades gobernadas por el PSOE, con la Comunidad Valenciana a la cabeza, con un 54%.
Desde el verano de 2022, los gobiernos regionales del PP apostaron por deflactar los deferentes tramos del IPRF, ante el anuncio del Gobierno de que no lo haría, según los Presupuestos Generales del Estado, debido al aumento de la inflación a niveles desconocidos (por encima del 10%).
LA DEFLACTACIÓN DE LA TARIFA DEL IRPF AUTONÓMICA FRENTE A LA PASIVIDAD DEL GOBIERNO
La primera en anunciar la deflactación de la tarifa del tramo autonómico fue Isabel Díaz Ayuso, y confirmó que en Madrid se deflactaría la tarifa un 4,1%, según la evolución de los costes salariales. Le siguió el presidente andaluz con una deflactación del 4,3% en los tres primeros tramos de renta.
También Andalucía y Madrid abrieron el melón del Impuesto sobre el Patrimonio, tras el incremento por parte del Gobierno central del aumento del IRPF a las grandes fortunas, pese a tratarse de un tributo por el que se ha recaudado 623 millones en 2023, un 60% menos de lo que esperaba María Jesús Montero.
Con las elecciones autonómicas celebradas, serán, por tanto, Madrid y Andalucía las únicas que bonificarán por completo el Impuesto al Patrimonio, una medida extensible a todos los ciudadanos, no sólo a las grandes fortunas. Por su parte, Galicia, gobernada por el popular Alfonso Rueda, lo reducirá un 25%, sin establecer límites de renta.
