España tratará de convencer este martes a sus socios en la Unión Europea de la urgencia por encontrar un encaje al reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea -tal y como le exige al Gobierno en funciones Junts para apoyar la investidura de Sánchez-, pero chocará con las reservas de la mayoría de países que han dejado claro que tienen demasiadas dudas sobre el impacto legal y económico de la medida como para tomar una decisión.
La reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE estará dirigida por el secretario de Estado de la UE, Pascual Navarro, por ser España presidencia de turno del Consejo. Sin embargo, una decisión inusual que busca subrayar la importancia para España de esta cuestión es que estará también presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para defender la modificación del reglamento que rige el uso de las lenguas.
Como presidencia rotatoria, España decidió incluir este punto en el orden del día de este martes y lo hizo previendo un debate y posterior adopción de decisión, un extremo que según distintas fuentes diplomáticas fue recibido con sorpresa por el resto de delegaciones, muchas de las cuales trasladaron que no están preparadas para pronunciarse.
«Sigue habiendo muchas preguntas sobre las implicaciones (de la modificación) que no han sido contestadas», indicó un alto diplomático tras los primeros contactos informales entre gobiernos, para insistir en que «nadie está preparado» para tomar una decisión.
No en vano, la necesidad de que la petición española sea examinada por los servicios jurídicos del Consejo fue una de las demandas más escuchadas el pasado viernes, durante un primer intercambio de opiniones de los Veintisiete a nivel de embajadores para preparar la reunión de este martes. Cerca de la mitad de los embajadores, además, tomaron la palabra para señalar dudas sobre las consecuencias políticas, legales, financieras y prácticas.
El Gobierno ha asegurado que asumirá el coste financiero de oficializar la traducción e interpretación al catalán, euskera y gallego de debates y documentos oficiales en las instituciones de la UE (incluidos Tratados y el acervo), pero fuentes diplomáticas advierten de que ello no resolvió las dudas porque ni España ha puesto cifra a esos gastos, ni queda claro el impacto que un precedente así tendría en la incorporación de lenguas futuras.
También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones al encaje legal en los Tratados, aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible «efecto dominó» que podría generar en otros Estados miembro que se abriera la puerta a lenguas regionales.
España considera que el artículo 55.2 del Tratado de la UE que faculta a los Estados miembro a traducir con valor jurídico el propio Tratado a cualquier otra lengua que su orden constitucional reconozca como oficial «en la totalidad o en parte de su territorio» puede ser la llave de entrada del catalán, euskera y gallego.
No obstante, fuentes de uno de los Estados miembros reticentes interpretan que el artículo en cuestión permite delegar un poder europeo a poderes nacionales mientras que lo que plantea España va en dirección inversa, es decir, que poderes nacionales se conviertan en europeos.
Así las cosas, los socios europeos solicitan el aval jurídico del Consejo y evaluaciones de impacto detalladas sobre los aspectos financieros y administrativos si se cambiara el reglamento, lo que hace casi imposible que el martes se tome una decisión.
Se trata de documentos que requieren su tiempo de elaboración y varias delegaciones han dejado claro que quieren que todo ello sea examinado y discutido «en detalle a nivel técnico», es decir, en grupos de trabajo en los que abordar la reflexión más a largo plazo, y que consideran que «es muy pronto para tomar una decisión».
El pasado miércoles, Suecia fue el primer gobierno en mostrarse públicamente indeciso al pedir examinar «más a fondo cuáles son las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta» y el viernes fue Finlandia quien advirtió de que el uso del catalán, el euskera y el gallego en la UE podría ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas.
Para países como Bélgica o Países Bajos es complicado tomar una decisión sin tener sobra la mesa evaluaciones de impacto o detalles sobre como «articular» la entrada de tres nuevas lenguas y una reflexión sobre el modo en que ello afectará al funcionamiento de la Unión Europea.
Mientras, para otros socios como Francia, en donde el reconocimiento de las lenguas regionales es un asunto delicado, las reservas van más allá de los elementos técnicos. Hasta el momento, ningún Estado miembro ha tomado posición en contra de la propuesta española y algunos se han mostrado receptivos desde el primer momento, pero la decisión requiere el apoyo unánime y son varios los que piden estudiar con más cautela el proceso.
