El constitucionalismo catalán vuelve otra vez a las calles por primera vez desde octubre de 2019, cuando el PSC rehuyó de hacerse la foto con PP y Ciudadanos. La movilización tendrá lugar un día tan señalado como el 8 de octubre, rememorando la masiva manifestación de 2017 una semana después del referéndum del 1-O.
Sociedad Civil Catalana (SCC), convocante y promotora de la movilización, vuelve a ondear la bandera en las calles. Esta vez la amnistía es el centro de las críticas. Un ruido ensordecedor en Barcelona podría provocar la marcha atrás del PSOE en su intento de mantener el Gobierno con el apoyo de Carles Puigdemont y Junts. Los independentistas exigen un pacto fiscal similar al concierto vasco, el referéndum de independencia pactado con el Estado y la amnistía como base para entablar una negociación. Los socialistas catalanes descartan la consulta, pero no tanto la amnistía, a la que buscan un encaje dentro de la Constitución Española para sustentar el acuerdo.
No obstante, tan sólo los juristas cercanos al PSOE y Sumar se posicionan favorablemente. Otras fuentes, no obstante, se oponen de forma tajante al señalar que no tiene cabida. Políticamente, las críticas internas dentro del PSOE son manifiestas. La vieja guardia ha salido en tromba, con Felipe González y Nicolás Redondo a la cabeza. El histórico socialista vasco se ha marchado dejando un duro mensaje contra la actual cúpula socialista de Pedro Sánchez. Entre otros, pide al PSOE entenderse con el PP y evitar poner el rumbo de España en manos de los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.
LA ESTRATEGIA DE LA AMNISTÍA DIVIDE AL PSOE
La estrategia del PSOE, por su parte, es otra muy distinta. Despojado del poder municipal y autonómico, con tan sólo Castilla-La Mancha y Navarra, con Emiliano García-Page y María Chivite al frente. Asimismo, también ha mantenido Asturias con Adrián Barbón. Los socialistas han perdido Valencia, Baleares y Extremadura, tres bastiones cruciales para mantener la financiación de un partido de Gobierno. Este es el principal problema de Pedro Sánchez. Su único atril potente es el Consejo de Ministros, utilizado para atacar a la oposición y hacer electoralismo. La ministra y portavoz, Isabel Rodríguez, da buena cuenta de ello con una multa de la Junta Electoral Central (JEC).
Esta vez no son sólo los separatistas, esta vez la repetición del golpe a la democracia del 17 viene de la mano del PSOE
Ante este panorama, SCC rechaza los medios utilizados por el PSOE para lograr el objetivo de mantenerse en el sillón de La Moncloa, como una negociación con Puigdemont por la amnistía. Bajo el lema ‘No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación‘, la principal asociación constitucionalista busca dar no solo voz a los catalanes favorables a la Constitución sino también al resto de españoles que rechazan ser moneda de cambio política.
Asimismo, el PSOE tiene mucha prisa por lograr un acuerdo. Pedro Sánchez busca ser presidente en plena presidencia de la UE y trata de cerrar el acuerdo. La manifestación está convocada apenas diez días después de la votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo.
LA AMNISTÍA UNE AL CONSTITUCIONALISMO
Por primera vez, la plana mayor del PP se movilizará también en esta convocatoria, con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Antes de la manifestación de Barcelona, los ‘populares’ mostrarán su fuerza con un gran acto en Madrid contra la amnistía justo antes de la votación por la investidura de Feijóo. Para el PP, los pactos con Junts y ERC están fuera de la ley.
«Ahí estaré», afirma Ayuso ante la invitación de SCC. El mensaje, enviado a través de la red social Twitter, ha tenido una respuesta rápida de la Generalitat. «La ignorancia es muy atrevida. Cataluña es una nación y seremos todo lo que la ciudadanía quiera ser», ha asegurado Pere Aragonès, presidente del Govern. No obstante, la realidad es muy distinta. Se llevó a cabo el referéndum ilegal y ERC desactivó el mandato de aquella votación.
Aragonès ha puesto en valor los indultos y el exilio de Puigdemont, junto con el resto de exconsejeros catalanes que salieron de España ante los delitos que pesaban sobre ellos. «Es la diferencia entre una nación que confía en la democracia y un Estado que encierra en la prisión y envía al exilio a quien quiere poner urnas para que la ciudadanía decida», ha afirmado.
AYUSO ACUDIRÁ A BARCELONA
Ayuso es más clara y afirma que ni los indultos ni los cambios del Código Penal para rebajar el delito de sedición debieron haberse concedido y menos «a espaldas de los españoles».
Asimismo, a la marcha en Barcelona también se ha sumado Ciudadanos. Se trata de parar un golpe más a la democracia, como sería la ley de amnistía. Los ‘naranjas’ reniegan a ser una moneda de cambio para satisfacer el estómago agradecido de los independentistas.
«Esta vez no son sólo los separatistas, esta vez la repetición del golpe a la democracia del 17 viene de la mano del PSOE», ha denunciado la formación.
Vox ha tardado 24 horas en reaccionar a la convocatoria, pero finalmente acudirá a la marcha con un «¡Allí estaremos!», según ha apuntado Ignacio Garriga. Esta movilización, además, se producirá cuatro días antes de la Fiesta Nacional, señalada en rojo en el calendario constitucionalista. Para los ‘verdes’ conservadores, la amnistía les parece «un atentado contra la democracia».
«El señor Pedro Sánchez está haciendo todo lo que está en su mano para vender por trozos a España con tal de seguir un día más en Moncloa», ha afirmado Garriga, vicepresidente de Vox. «Plantear una amnistía en los términos en los que se está planteando y como concepto en una democracia como la nuestra, es una prueba más de la deriva a la cual está dispuesto a conducir a nuestra querida nación el presidente en funciones Pedro Sánchez», ha afirmado. «Realmente han pisado el acelerador y están dispuestos a hacer todo lo que esté en su mano para incluso, como en este caso, beneficiar a unos delincuentes, a unos golpistas», ha criticado.
EL GOLPE DE LA AMNISTÍA
Asimismo, el movimiento de SCC es completamente transversal. JUCIL, la principal asociación de la Guardia Civil, se ha opuesto de forma tajante a la amnistía al considerar que situaría a España ante un «golpe de Estado dictatorial».
«Esto sería inaceptable en un Estado de derecho, pero sí muy habitual en las dictaduras», ha aseverado, y ha advertido del peligro que supone la ruptura de la separación de poderes. El Gobierno «está autorizado a perdonar delitos a delincuentes confesos y condenados, pero no tiene autoridad para decidir qué es o no delito», al ser esto último una tarea del Parlamento, ha señalado.
