La irrupción de Saudi Telecom (STC) en la empresa española de telecomunicaciones, Telefónica, ha provocado un terremoto tanto en el sector como en la política del país. La compañía árabe anunció por sorpresa la compra del 9,9% de las acciones del operador española, convirtiéndose así en el primer accionista mayoritario de Telefónica. Ante esta noticia que ni el Gobierno en funciones ni la dirección de la empresa admitieron conocer antes de que ocurriera, el Ejecutivo de Sánchez se ha puesto a trabajar en la búsqueda de mecanismos que puedan evitar que esta acción económica, teniendo solo capacidad de decisión a partir del 5% de la inversión.
La operación ha sorprendido por la premura con que se ha comunicado la noticia, pero el Gobierno reconoce que no es extraño trabajar así en el mundo empresarial. Eso es lo que afirma José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social en funciones, mientras que existe una sorpresa interna por la falta de conocimiento por parte del Gobierno y de José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. Por ello, este líder y el consejero delegado de la compañía, Ángel Vilá, viajaron el pasado jueves a Arabia Saudí para reunirse con STC Group y tratar los diferentes detalles que implica esta operación.
No obstante, la adquisición todavía debe pasar por el Consejo de Ministros. Y es que, el Gobierno aprobó hace apenas un mes y medio un Real Decreto que viene a reforzar el control sobre las inversiones extranjeras en empresas españolas con actividades relacionadas directamente con la defensa nacional. En este sentido, Telefónica es una compañía estratégica para España que tiene una estrecha relación con el Ministerio de Defensa, concretamente tienen cerrados más de 150 millones de euros en contratos, buena parte de ellos relacionados con la implantación del 5G, una tecnología que el Gobierno prevé como pieza clave de las operaciones militares.
Las intenciones de la empresa saudí podrían quedarse en el 4,9% por la intervención del Gobierno
Esta operación ha retorcido las relaciones entre el mercado y el Estado. El anuncio de Saudí Telecom de haber adquirido el 9,9 % de Telefónica se disemina en dos partes: el 4,9% de la compra es una adquisición directa del capital social de la empresa, mientras que el 5% restante corresponde a instrumentos financieros. Es en este segundo ‘paquete’ es donde el Consejo de Ministros podría intervenir el mercado de las telecomunicaciones y bloquear la transacción de ese 5%, basándose en el Real Decreto.
Para que el Gobierno pueda tener su parte de decisión, la norma establece que la empresa pretenda adquirir más del 5% del capital de una empresa española del sector de la defensa o que esté relacionada con ella. Es en este caso cuando será necesaria la autorización del Consejo de Ministros con un informe del ministerio de Defensa. Aunque el Gobierno se puede acoger a este precepto, sí es verdad que la norma guarda la excepción de que no será necesaria la autorización si la inversión no supone entre el 5 y el 10% del capital de la empresa. Por tanto, las intenciones del Ejecutivo en funciones podrían caer en saco roto si Saudí Telecom cumpliera las condiciones al presentar las peticiones que exige dicho reglamento.
Crítica directa desde la oposición: el Gobierno «no se entera»
Tras conocerse la noticia de esta inversión extranjera en una empresa estratégica para España como es Telefónica, el Gobierno ha declarado su intención de «aplicar todos los mecanismos que sean necesarios», según la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. También ha asegurado que «la defensa de los intereses estratégicos» del país será la prioridad de su intervención en esta transacción.
Sin embargo, desde la bancada de la oposición han criticado duramente que la empresa saudí haya podido realizar esta inversión sin el conocimiento previo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha cargado duramente contra el Gobierno en funciones ya que, a su entender, evidencia que «no se entera» de lo que pasa en las empresas estratégicas españolas, aludiendo también a lo que ocurrió con Ferrovial y su traslado de la sede social a Países Bajos hace unos meses.
