Las carreteras españolas han retrocedido en sus niveles de seguridad. A pesar de que los años previos a la pandemia se registró una notable reducción de los delitos en contra de la seguridad vial, 2022 ha significado un «año negro» en este ámbito por el aumento en delitos, infracciones, siniestralidad y condenas. Para hacer frente a estos elevados datos, la Guardia Civil ha tenido que aumentar sus horas de trabajo y de dedicación ya que el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en lugar de reforzar los cuerpos encargados de patrullar las carreteras, el magistrado los redujo al rededor de un 1.5% en comparación al año anterior.
El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Luis del Río Montesdeoca, fue el encargado de informar sobre este incremento en las últimas cifras de los delitos contra la seguridad vial, quien aseguró que eran una consecuencia de «la pérdida de la necesaria conciencia vial» por las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia. Junto a sus declaraciones, el fiscal informó el número de condenas en la carretera supera por primera vez el listón de las 100.000, recogiendo un total de 137.406 procedimientos judiciales iniciados. Este aumento de los delitos viales es el más alto de la serie histórica desde 2015, superando casi en un 10% los datos del 2021, entre los que se ha disparado la conducción sin carnet -un 12,4 % más- y la circulación bajo los efectos de alcohol y drogas, representado un 8,5% más que en el 2021.
Desde «el otro lado» de la carretera, la Guardia Civil ha sido quien ha visto cómo se producía este aumento de delitos, siendo la primera línea en la detección y gestión de infracciones y accidentes. Sin embargo, a pesar de ser testigos de este incremento de la inseguridad vial, también lo han sido de la reducción de personal en Tráfico, teniendo que cubrir más infracciones con menos personal. Así lo denuncia la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), quien muestra su preocupación porque «el número de guardias civiles para vigilar las carreteras sigue en caída libre y el año pasado solamente había 7.992 agentes», frente al histórico un incremento de las situaciones de peligro.
Mayor dedicación con menos plantilla
La Guardia Civil ve una relación directa entre ambos hechos. La cuestión de que haya habido menos personal de la Benemérita dedicada a la vigilancia de las carreteras, JUCIL considera que no afecta únicamente a su situación laboral, sino que también repercute «en la seguridad y bienestar de todos los usuarios de las carreteras españolas». El colectivo asegura que para hacer frente a esta situación con menos personal «se cubrieron más horas de trabajo», lo que afirman que implica «llenar los cuadrantes de turnos con dobletes y de días de descanso tachados”.
En este contexto de aumento de las infracciones y de la inseguridad en las carreteras, los guardias civiles no han parado de trabajar. JUCIL asegura que han podido «atender más siniestros, hemos redactado más atestados, hemos dedicado más horas a juicios e incluso a tareas de protección y escolta con menos miembros en la plantilla”. Sin embargo, ejecutar esta cobertura implica, según el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, «un claro perjuicio para los compañeros sometidos a este régimen, casi esclavista, pero el déficit en la seguridad lo sufre sobre todo el usuario, el ciudadano”.
Un golpe más de Marlaska a la Guardia Civil
Ya en la pandemia, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denunció la falta generalizada de personal en las Compañías de la Benemérita, lo que afectaba a su incapacidad «cubrir las necesidades de seguridad nacional». Entonces, este otro colectivo también comunicó que la falta de plantilla afectaba directamente al orden público por la falta de medios para cubrir en Murcia la llegada de «cerca de 200 argelinos con síntomas de Covid-19». Esta situación que describe la asociación se ha alargado en el tiempo y en lugar de ampliar el personal, Marlaska le ha retirado las competencias en puertos y aeropuertos a la Guardia Civil para dárselas a la Policía.
Así, el ministro de Interior apunta a su lista otro golpe más a la plantilla de la Guardia Civil, un cuerpo que sigue siendo castigado por este ministerio. Además de reducir trabajadores en las carreteras y funciones en los aeropuertos, los colectivos de la Benemérita también han denunciado en numerables ocasiones que Interior «mira hacia otro lado» frente a la equiparación salarial con otros cuerpos del Estado o frente a la situación laboral en la que se encuentran muchos guardias civiles. Una incomprensión que se materializa, en este caso, en un aumento en la peligrosidad en las carreteras.
