El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas ha realizado el periódico examen a España en el que evalúa los métodos del Estado en los que la tortura podría ser una consecuencia de sus acciones. Además de centrarse en los actos de la administración dentro de los centros penitenciarios y en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), la ONU también ha manifestado su preocupación por los abusos policiales que acaecen en nuestro país. Así lo manifiesta en el informe que ha publicado este Comité tras la reunión con representantes gubernamentales, donde pone el foco en la ausencia de un mecanismo independiente encargado de investigar las denuncias de actos de tortura y malos tratos cometidos por agentes del orden.
Los datos oficiales evidencian una realidad que Naciones Unidas ha querido evaluar y por la que muestra su preocupación en España. En este sentido, la comisión de este organismo internacional ha señalado que «un número importante de las causas penales» relativas a denuncias registradas entre 2015 y 2018 por presunta extralimitación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado concluyen con «el sobreseimiento o archivo de la causa o la absolución de los imputados». Además, parte de su preocupación también recae en que estos supuestos abusos policiales se realizan durante el arresto, transporte o custodia policial.
Con este documento titulado «Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de
España», el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas muestra su preocupación por la implicación y limitación de las instituciones a la hora de investigar las denuncias de torturas y malos tratos policiales. Aunque España creara en 2022 la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos para garantizar la investigación de este tipo de actuaciones, la propia comisión de la ONU ha señalado que este organismo se limita a «la supervisión de las
investigaciones abiertas por denuncias de abusos policiales», a pesar de que el Estado lo negara en el mismo examen del Comité.
la ONU ve necesario un órgano independiente del Estado para vigilar los abusos policiales
La Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos creada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura tener como objetivo de «coordinación, seguimiento y evaluación de la actividad policial en materia de DDHH», según el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Perez Ruiz. Sin embargo, este organismo que responde a las exigencias de la ONU en el ámbito de los abusos policiales, «esconde» que depende directamente de la misma administración de la que también depende la Policía Nacional.
Además, junto a esta dependencia directa del órgano que debe velar por el seguimiento de los abusos policiales, la comisión de Naciones Unidas también destaca las limitaciones que tiene el Defensor del Pueblo para denunciar los posibles actos de violencia o de tortura cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es por esto que Naciones Unidas no se siente conforme con la actuación de España en este ámbito y señala que es necesaria la creación de un organismo independiente del Estado ya que considera una limitación para la investigación «pertenecer a la misma estructura que emplea a los presuntos autores de tales delitos».
El 1-O, en el punto de mira del Comité Contra la Tortura
Uno de los eventos en los que ha destacado el abuso de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue el referéndum ilegal que se celebró en Cataluña en 2017 para votar a favor o en contra de la independencia. El conocido como el «1-O» ha sido parte de la evaluación de la comisión internacional, quien ha mostrado su preocupación por las cargas policiales que presuntamente ejecutaron los 45 policías nacionales que están procesados y «el lento avance de las investigaciones» de estos casos.
Además, el mismo Comité destaca el uso de materiales antidisturbios como son las pelotas de goma o de «foam», así como de sus consecuencias directas sobre la ciudadanía y las numerosas denuncias por las lesiones graves que estos elementos hayan podido ocasionar. Así, el Comité Contra la Tortura ha asegurado que el Estado debe no solo investigar «de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad», sino también revisar «la legislación nacional sobre el uso de la fuerza y de las armas», para que el comportamiento nacional de los agentes encaje dentro de los principios marcados por esta institución internacional.
,
