Salvador Illa, el ministro de la pandemia y de los inconstitucionales estados de alarma, se ha sumado a la petición de exigir explicaciones al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. «¿No se enteraba de con quién iba en barco?», ha preguntado el líder del PSC a Feijóo. «Qué credibilidad tiene este señor ante Europa por sus relaciones sin aclarar», ahonda en referencia a la fotografía realizada en 1995 y publicada años después por El País.
Illa se ha sumado así a los ministros ‘hooligans‘ de Pedro Sánchez para tratar de torpedear la campaña electoral del PP. No es el primero en hacerlo ni será el último. Antes que él lo ha hecho Teresa Ribera, la ministra de la Transición Ecológica y Reto Demográfico; como Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, ésta última durante la precampaña de las municipales y autonómicas. La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha aireado también la imagen, como ha hecho el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
SALVADOR ILLA Y SUS FOTOS CON INVESTIGADOS
En la búsqueda de trapos sucios contra Feijóo, el PSOE solo encuentra una imagen de un entonces joven presidente de Correos y una persona que no había sido condenada en firme por delito de narcotráfico. Lo fue ocho años más tarde.
En ese mismo tiempo, el líder del PSC, cuando era secretario de Organización y en la presidencia, se ha hecho numerosas fotos más que incómodas, como su candidata por Barcelona y presidenta del Congreso, Meritxell Batet. El pasado año, Illa ha mostrado su respaldo total a José Félix Ballesteros, imputado por el caso Inipro, que afecta a la ex cúpula socialista del Ayuntamiento de Tarragona. Batet se hizo la misma foto con Ballesteros en 2019.
En este caso, iniciado en 2009, Ballesteros permitió que salieran casi 280.000 euros públicos destinados a la integración de personas extranjeras hacia la empresa Inipro para que relanzara y pusiera en buena posición al alcalde de la ciudad. El PSC pagó 276.000 euros como responsable civil.
El último movimiento de Illa es proponer a una investigada y alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín
El nuevo alcalde de Tarragona, también del PSC, Rubén Viñuales ha tratado, además, de poner palos en las ruedas. Nada más llegar al poder municipal fichó a la principal testigo del caso, mientras ha aprobado un decreto para evitar que el Ayuntamiento, principal perjudicado en la causa, deje de ser la acusación del mismo. Así es como buscan la transparencia Salvador Illa y los suyos. Al líder del PSC no le ha importado continuar haciéndose instantáneas con imputados que aún mantiene en las listas electorales, como el propio Ballesteros en las pasadas elecciones municipales.
La forma de actuar de Illa dista de la mostrada por Miquel Iceta, quien negaba que quien se hubiera beneficiado de un caso de corrupción fuera del PSC. «. Las malas lenguas señalan que Ballesteros tiene mucho más que callar que Prats.
SALVADOR ILLA PROPONE A UNA IMPUTADA COMO SENADORA
La corrupción se ha convertido en una seña de identidad en el PSC desde hace años. Los nombres de Inipro, Innova, Mercurio, Pretoria y Sant Pau son muestra de ello, algunos incluso con la colaboración de dirigentes de ERC y Unió.
No son los únicos casos que afectan a dirigentes y ex dirigentes socialistas. Lejos de mantener a los investigados alejados de las instituciones, el último movimiento de Illa es proponer a una investigada y alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, ni más ni menos que como senadora por designación autonómica. Tanto ERC como Junts se han opuesto a bailar el agua a los socialistas por este motivo, pero los de Illa tratan de compararlo con el caso de Miquel Iceta.
Illa trata de imponer un relato alejado de la realidad. Desde ERC señalan que una investigada no puede tener su voto, mientras en Junts esgrimen el mismo motivo y otras razones, como el bloqueo sistemático al «régimen el ’78».
EL DESVÍO DE SUBVENCIONES, LA CAUSA QUE ACORRALA AL PSC
Proponer a una investigada como senadora es una muestra más de cómo el PSC trata de esconder la corrupción, ya que el caso iría a parar directamente al Tribunal Supremo por el aforamiento, el privilegio que tienen aún en la clase política.
En el caso de Marín, el juez que indaga una supuesta trama de desvío de subvenciones en el
Consell Esportiu de L’Hospitalet (Barcelona). A la ex presidenta de la Diputación de Barcelona se le vincula con la conocida triada de la corrupción: malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Asimismo, también está citado como investigado el segundo teniente de
alcalde de L’Hospitalet, Cristian Alcázar. Curiosamente, el PSC sólo presentó a Marín en las pasadas elecciones municipales, mientras eliminó de las listas a Alcázar.
El juez ordenó la detención de 13 personas, incluyendo a Cristóbal Plaza; y el secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras. Se investiga, además, si Marín ignoró una supuesta doble realidad contable del Consell Esportiu de L’Hospitalet y concedió subvenciones sin el control administrativo exigido por la ley, en connivencia con Plaza.
Jaume Graells, concejal entonces del PSC, denunció los hechos, dimitió después y mantuvo el acta de concejal. Marín mantuvo a Alcázar, pero no le ha acompañado en las listas en las pasadas municipales.
SALVADOR ILLA Y LA COMPRA DE MASCARILLAS DEFECTUOSAS
Sobre Illa, por otro lado, pesa aún el caso de las mascarillas defectuosas. La Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso por la querella de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en 2020. El entonces ministro de Sanidad facilitó a los trabajadores médicos y facultativos mascarillas defectuosas durante los meses más duros de la pandemia, en pleno confinamiento inconstitucional.
«De ningún modo puede hablarse de una investigación prospectiva. La recepción de las mascarillas fake y su distribución fueron además hechos notorios», señaló el juez. Estas mascarillas se utilizaron en hospitales de la Comunidad Valenciana. En este sentido, Illa y el Gobierno achacaron a la situación y el caos de la pandemia estas compras, pero los jueces señalan que esas excusas no sirven «de patente de corso para descartar cualquier tipo de responsabilidad penal como si de una causa de exclusión de la punibilidad se tratase».
El caso está abierto aún y un nuevo cambio de Gobierno quizá propicie que todo lo que se hizo durante la pandemia salga a la luz.
