El juicio al exconseller de Interior Miquel Buch por presuntamente designar al mosso d’esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente del Govern Puigdemont -en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución- ha quedado visto para sentencia este jueves en la Audiencia de Barcelona, un día antes de lo que estaba previsto.
La última jornada del juicio ha estado marcada por la ratificación de la petición de penas de la Fiscalía que, tras exponerse todas las pruebas del caso, sigue reclamando para Buch una condena de seis años de prisión y 27 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación; y para Escolà de cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación en calidad de cooperador necesario.
Por su parte, las defensas han reclamado la absolución, y este jueves también ha sido el turno de los interrogatorios a los dos acusados: Buch ha negado que nombrara al mosso como asesor para que pudiera seguir escoltando a Puigdemont en el extranjero, como sostiene la Fiscalía, y ha afirmado que «nunca» habló con el expresidente sobre su servicio de protección.
El exconseller ha aprovechado su último turno de palabra en el juicio para arremeter contra los directores de la investigación de los Mossos d’Esquadra sobre el caso, que considera «cargada de subjetividad, prejuicios, errores y mala fe«: la dirigió el intendente Toni Rodríguez, que en 2021 fue cesado del cargo de director de la División de Investigación Criminal (DIC) y trasladado a la comisaría de Rubí (Barcelona).
Escolà, que había sido jefe operativo de la unidad de escoltas de presidencia durante el mandato de Puigdemont, ha declarado que acompañó a Puigdemont hasta Bélgica la noche del 29 de octubre de 2017 estando de vacaciones desde ese mismo día porque el expresidente se lo pidió, ha asegurado que sí ejerció como asesor y su abogada, Isabel Elbal, ha valorado que fiscalizar un cargo de confianza como el que ostentaba supone una «persecución política».
Las tres primeras jornadas del juicio -el 28, 29 y 30 junio- se dedicaron a los testigos, entre los que destacó la declaración de Puigdemont por ser la primera vez que testificó en un juicio relacionado con el proceso independentista desde que se marchó al extranjero tras el 1-O: compareció por videoconferencia desde un juzgado belga y afirmó que nunca ha pedido un servicio de protección que no sea el previsto por la ley de expresidentes.
También testificaron los miembros de la cúpula de Interior durante el mandato de Buch (el entonces secretario general de Interior, Brauli Duart, el exdirector de los Mossos Andreu Joan Martínez y el entonces jefe de gabinete de Buch, Pere Ferrer) y afirmaron que Escolà sí ejerció como asesor de Buch tras el 155, en contra de la tesis de la Fiscalía.
En el juicio también han testificado el intendente de Mossos Toni Rodríguez, que contó que en la investigación no encontraron irregularidades formales en su nombramiento como asesor de Buch, y la entonces directora general de Función Pública de la Generalitat, Pilar Sorribas, que explicó al tribunal que la propuesta de puesto de trabajo para Escolà en Interior era correcta, por lo que no hicieron «ninguna objeción».
