Pere Navarro ha desmentido al presidente del Gobierno. A pesar de los esfuerzos de Pedro Sánchez por negar en el cara a cara con Feijoo que se impondrá el peaje a las carreteras nacionales, es un «secreto» que no podrá ocultar más el Gobierno en la campaña electoral. El director General de Tráfico y socialista catalán ha confirmado en el matinal de TV3 que en 2024 los peajes se impondrán en las autovías públicas nacionales, independientemente de que siga el PSOE o no en el Ejecutivo. Pere Navarro confirma lo que Sánchez se esforzó en negar y ha afirmando que es una imposición que llega directamente de Bruselas.
El representante de Tráfico ha asegurado que esta decisión llega directamente de Europa y que esta tarifa impositiva por circular por España «aunque están diciendo que es para el mantenimiento de las carreteras, en realidad es por otras cosas». En esta declaración, Pere Navarro ha añadido que se trata de una condición para seguir obteniendo financiación de la Unión Europea, asegurando que Bruselas está diciendo a España que «si ponéis los peajes, recibiréis más dinero». Sin embargo, también asegura que es una medida con la que «todos salimos perdiendo» pero que hay que acatar.
Pere Navarro ha intentando «romper una lanza» a favor del actual presidente del Gobierno y se ha mostrado crítico ante la cuestión de poner peajes en todas las autopistas españolas a partir de 2024. El director de la DGT ha afirmado que es una decisión que «se tiene que sacar del debate electoral» ya que va más allá de las decisiones del PSOE. Sin embargo, con sus declaraciones ha demostrado, en diferido, que Pedro Sánchez ha intentando ocultar esta medida en plena campaña electoral, a raíz de la negativa acogida que tuvo la proposición de esta norma en 2021.
El Gobierno dijo en 2021 que el motivo de esta medida era «el déficit de las carreteras»
Por mucho que Pedro Sánchez haya intentado «colar» de mentira las declaraciones de Núñez-Feijoo en el debate sobre la medida de esta tasa, la realidad es que el presidente ya había tomado la en mayo de 2021, cuando se encontraba en el ecuador de su legislatura. La cuestión es que esta información se hizo pública en un momento en el que los españoles estaban en pleno proceso de vacunación del Covid-19, saliendo de la crisis económica y social que se había desprendido de la pandemia y aun pendientes de no volver otro golpe sanitario como el que se vivió durante todo 2020.
En este contexto, el Gobierno trató la información «con cautela» asegurando que buscaría «el acuerdo social y político para implementar esta medida» y que hasta su implementación desarrollaría campañas de «concienciación y sensibilización» sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta norma, según lo aseguraba en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas. Sin embargo, en 2021 el documento de este proyecto señalaba que el motivo de esta medida eran los 8.000 millones de euros de déficit que supone la conservación de las carreteras en España y aseguraba que supone unos costes que «no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios».
Los peajes impositivos: una medida que el Gobierno ya sabía que crearía rechazo
Ya en 2021, Pedro Sánchez y su Ejecutivo hicieron esta promesa a Bruselas aun sabiendo que no tendría una buena acogida en la ciudadanía. Sin embargo, al Gobierno le quedaban pocos meses para recibir los primeros fondos europeos, que llegaron el agosto de ese mismo año, y la presión de Europa sobre España hizo que Sánchez prometiera que los peajes en todas las autovías y carreteras estarían listos para 2024. Sin embargo, ya en su momento el rechazo a esta medida fue masivo. De hecho, en cuanto formó parte de la agenda medíatica, personalidades como Rubén Sánchez, portavoz de la red de consumidores Facua, afirmó en Twitter que «Extender el peaje a todas las autovías del país puede ser el suicidio político de Pedro Sánchez. Tiene que rectificar de inmediato».
Por ello, la medida, aun tomada, ha pasado desapercibida durante el resto de la legislatura de Sánchez. A pesar de que el Gobierno aseguró en su momento que se implantaba en 2024 porque necesitaban «entre dos y tres años» para «crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional», Sánchez negó que se fuera a ejecutar en el cara a cara con Núñez-Feijoo, cuando el del PP le pidió explicaciones sobre esta medida. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo «debajo de la alfombra», Pere Navarro ha dejado claro que es una cuestión que necesita «del acuerdo de los partidos» porque se va a tener que imponer, independientemente de quien gobierne.
