A las puertas de la campaña electoral, Yolanda Díaz ha comenzado la gira con «mensajes revolucionarios». Así lo ha definido la actual ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, quien ha comenzado su ruta de mítines para hacer conseguir el voto de quien está más a la izquierda de Pedro Sánchez. Por eso, la conquista de los apoyos las ha basado, esta vez, en el derecho a la vivienda y en citar a la constitución española para después depositar la responsabilidad de la situación actual en este ámbito sobre las grandes fortunas y el mercado privado.
Para ello, Yolanda Díaz se ha centrado en la combinación de dos artículos de la Carta Magna: el 128 y el 47. Esa ha sido la clave de lo que la candidata de Sumar ha catalogado como «pedir algo revolucionario». Por un lado, «quiere que se respete» el derecho constitucional de tener una vivienda digna y por otro, el hecho de que, según la candidata, «la constitución dice que toda la riqueza del país está sujeta al interés general». Así es como la ministra ha comenzado su alegato por la vivienda, en el que ha señalado directamente a los compradores extranjeros de los problemas de especulación y del precio de la vivienda.
Con este señalamiento, la ministra de Trabajo ha asegurado que los hogares españoles son un «objeto de deseo» del comprador extranjero asegurando que es «para que sigan subiendo los precios y la gente no pueda vivir con dignidad». Así, Díaz señala directamente, una vez más, al mercado privado como principal objetivo de su candidatura, a quien señala como «culpable» a la vez que utiliza el artículo 128 de la Constitución como elemento para marcar el límite al poder económico. Sin embargo, Yolanda Díaz habla de intervenir el mercado, pero no de las obligaciones que tiene el Gobierno actualmente sobre la situación actual y como puede ayudar a «vivir con dignidad» en un país donde la vivienda se ha convertido en un «bien de lujo».
Un derecho fundamental que ya no es «para todos»
La ministra Yolanda Díaz asegura que votar el 23 de julio es votar por «el derecho a vivienda», si le votas a ella. Sin embargo, más allá de la Ley de Vivienda que aun no ha tenido unos efectos fructíferos y medibles, la realidad es que el Ejecutivo del que ella forma parte no ha conseguido ofrecer una solución a corto plazo para que las personas puedan vivir en una casa con dignidad. La promesa de Pedro Sánchez de más de 100.000 viviendas no ha vuelto a ser mencionada y los planes de comprar los terrenos a Defensa, no han avanzado.
Mientras tanto, el precio del alquiler supera en algunas provincias el 60% del Salario Mínimo Interprofesional, la compra de vivienda supone aceptar unas hipotecas con intereses variables y cambiables, en el caso de conseguirla. La relación directa entre poder adquisitivo y dignidad para conseguir un hogar no solo depende de los rusos que vienen a comprar segundas residencias a España, sino que es una consecuencia de la situación económica estructural que es responsabilidad del Gobierno, y no de los mercados privados.
De comprar una casa a comprar una habitación
Mientras que Yolanda Díaz relacionaba la intervención del Estado sobre el mercado privado como herramienta para conseguir votos el 23 de julio, en España se ha comenzado a poner en venta habitaciones individuales, en lugar de pisos. Esta es una nueva opción que están desarrollando empresas nacionales como habitación.com, quien tiene de eslogan la frase de «no pierdas tu dinero alquilando una habitación, cómprala. Es tu propiedad, vive en ella o alquílala si te mudas. Recupera tu dinero cuando la quieras vender», dice la web, que ofrece cuartos con una letra desde 390 euros al mes.
Esto se ha vuelto una realidad en una situación en la que el precio de las habitaciones alquiladas en pisos compartidos ha experimentado un enorme repunte en los últimos siete años y que, para cualquier joven, resulta más rentable económicamente plantearse la cuestión de comprarse una habitación por ese precio, en lugar de alquilar por un coste muy superior, independientemente que este hecho afecte a la inflación del precio de la vivienda en su totalidad. Por tanto, más allá del intervencionismo del mercado del que presume Díaz, la realidad es que la vivienda necesita ser reconocida realmente como un derecho y no como un bien que pueda generar riqueza, y esa es una cuestión del Estado y no que se vuelva «más responsable» el mercado.
