Sumar propone una resignificación profunda del Valle de Cuelgamuros, como lugar de reinterpretación crítica de la guerra civil y la dictadura franquista, además de continuar con las exhumaciones de las personas enterradas cuyos familiares así lo soliciten.
En el programa electoral de la candidatura que abandera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recoge en el apartado relativo a la Ley de Memoria Democrática el compromiso de instalar un centro de interpretación de «última generación ‘in situ'», homologable a otros proyectos de Europa y América Latina.
Asimismo, avanza su plan de desarrollar, mediante un decreto específico, el nuevo régimen jurídico y patrimonial del Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, y avanzar en la «dignificación de las víctimas de la represión franquista».
También desplegará una selección de «lugares de memoria emblemáticos» para su desarrollo como centros de interpretación, para lo cual conformarán un inventario en coordinación con las comunidades autónomas, para la selección de estos enclaves.
Su función será «conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora» de las víctimas del franquismo, entre los que se encontrarían las cárceles de Carabanchel y la Modelo, el edificio de la Jefatura Superior de Policía de vía Laietana en Barcelona, el campo de concentración de Castuera en Badajoz, el destacamento Banús en el Valle de Cuelgamuros (como ejemplo de infraestructura realizada por mano de obra penada), así como lugares emblemáticos del exilio y de la memoria democrática de las mujeres.
Por otro lado, Sumar asegura que impulsará una Ley sobre bebés robados que garantice la reparación a las víctimas, práctica que se realizó fundamentalmente contra las mujeres republicanas y antifranquistas.
También aboga por impulsar la formación en memoria democrática en todas las etapas educativas y el impulso presupuestario en las tareas de búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas durante el régimen franquista.
Mientras, la candidatura promete abordar de forma urgente el desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Democrática y desplegar todas las medidas. En particular, la elaboración del censo público de víctimas; el impulso al Banco Estatal de ADN de los posibles familiares de las personas desaparecidas; la garantía del derecho al libre acceso y consulta gratuita de los archivos públicos y privados con la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.
También pauta la auditoría sobre los bienes y derechos incautados durante la dictadura; el inventario de edificaciones y obras realizados por las víctimas que sufrieron trabajos forzados; la revisión y revocación de todas las condecoraciones, medallas y recompensas concedidas a personas que formaron parte del aparato de represión de la dictadura; el inventario estatal de lugares de memoria; la constitución del Consejo de Memoria Democrática y la creación y dotación del Centro de la Memoria Democrática.
Mientras, en materia de protección y bienestar animal Sumar compromete la derogación de la Ley 18/2013 de protección cultural y patrimonial de la tauromaquia, así como la protección de menores limitando su participación en «espectáculos crueles con animales». Todo ello unido a la supresión de la financiación pública de los espectáculos taurinos «con muerte del animal».
A su vez, quiere avanzar en la transformación de los espacios zoológicos para que se conviertan en garantes de los planes de conservación sobre los conceptos de exhibición, además de acabar «paulatinamente con la cautividad de delfines y otros cetáceos, así como de los espectáculos en los que participan».
