La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha iniciado su campaña electoral centrando su discurso en el ámbito en el que ella es ministra: el trabajo. En sus últimas declaraciones en medios ha querido transmitir que el objetivo de su candidatura es «mejorar la vida de los trabajadores a través de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para el 2024». La ministra asegura que es una medida «completamente posible» y que se aplicará por Ley, para posteriormente iniciar un proceso de negociación entre los agentes sociales para reducirla 32 horas al final de la legislatura. Sin embargo, la distancia que hay entre su promesa y la realidad social los muestran los datos de la capacidad que tiene su propio ministerio.
Más allá de las promesas electoralistas, la realidad laboral actual que existe en el mercado privado no se ajusta con la posibilidad de cumplir de manera real esta reducción a las 37,5 horas. En la administración pública sí podrían haber un control exhaustivo sobre los turnos de trabajadores y, por lo tanto, serían los principales beneficiarios de esta reducción en las horas de trabajo. Sin embargo, el cumplimiento de la legislación laboral en el ámbito privado es algo que ni el mismo ministerio es capaz de controlar porque no cuenta con personal suficiente para ello. La misma Yolanda Díaz admitió de que, aunque haya aumentado el número de inspectores, aun le quedan a 2.168 funcionarios del mínimo exigido desde el cuerpo de trabajadores del ministerio de Trabajo.
De hecho, el responsable de Acción Sindical en la Administración General del Estado en CCOO y también inspector de trabajo, Josetxo Gándara, ya avisó en marzo de que «la actual plantilla de Inspección de Trabajo es propia de un país en vías de desarrollo, si se atienden a las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)». En este sentido, por mucho que Yolanda Díaz pretenda poner por Ley la reducción laboral a 37.5 horas, es una promesa que se queda en papel mojado si no tiene un equipo capaz de controlar su cumplimiento ni de cubrir todas inspecciones que se solicitan.
Reducir la jornada laboral en un país donde la mitad de las horas extra no se remuneran
Yolanda Díaz hace estas promesas apoyándose en datos como los que publica el Banco de España que asegura que «las jornadas laborales son ahora inferiores en algo más de una hora que antes de la crisis del Covid-19». Sin embargo, por mucho que la ministra de Trabajo insista en que los Convenios Colectivos ya han comenzado a reducir el número de horas semanales permitidas, la realidad que muestran los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) es muy diferente y se aleja de los parámetros que argumenta Yolanda Díaz.
En este sentido, en el año 2022 los españoles han hecho más de 7 millones de horas extras, lo que supone un 8% más que en el año anterior. Si bien es obligatorio que estas horas se compensen de forma económica o con horas de descanso, tal y como expone el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la realidad es que son muchos los españoles que no ven ni un euro a cambio de su trabajo extra. En concreto, de este total de horas contabilizadas, los trabajadores españoles han trabajado gratis 3 millones y medio de horas, ya que el 50% no han sido remuneradas, siendo un dato que afecta a todos los sectores.
La hostelería, el mejor ejemplo de la situación laboral real de España
Yolanda Díaz se ha sumado a la corriente política de hacer promesas electorales en campaña muy alejadas de la realidad social del país. Sin embargo, por mucho que consiguiera implantar las 37,5 horas de jornada laboral «para vivir mejor», sigue sin tener medios para controlar las situaciones de explotación laboral que están a la orden del día en sectores como es la hostelería, donde los puestos sin contrato, las jornadas laborales de 50 horas por menos del salario mínimo interprofesional o la falta de tiempo de descanso caracterizan las condiciones laborales de los camareros.
Un ejemplo de ello es la cuenta de Twitter de @soyCamarero, donde se comparten ofertas reales de hostelería que demuestran las condiciones exentas de derechos laborales a las que están expuestos los trabajadores de este sector. El mismo autor del perfil afirmó en una entrevista al Consejo de la Juventud de España que, por suerte, «la juventud está rechazando este tipo de ofertas, lo que puede llevar a acabar con ellas». Sin embargo, el trabajo para que desaparezcan las condiciones de precariedad laboral, presentes no solo en este sector, se debe realizar desde el control de las instituciones y no desde el rechazo social al trabajo.
