A pocos días del comienzo de la Presidencia del Consejo Europeo, el Boletín Oficial del Estado ha hecho públicos diferentes contratos ligados a los eventos que se van a llevar a cabo dentro del programa español. Así, el BOE del 28 de junio daba a conocer los actos dependientes del Ministerio de Igualdad durante los seis meses en los que España dirigirá el Consejo de la Unión Europea, una cita institucional que el Gobierno de Pedro Sánchez conocía desde que comenzó su legislatura. Sin embargo, el ministerio de Irene Montero se ha excusado en la «declaración de urgencia» para llevar a cabo la contratación sin licitación abierta de los servicios que necesitan para los tres eventos que le corresponden.
Ya en 2021, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez contaba con que su Ejecutivo llegaría a la Presidencia del Consejo Europeo en su último año de legislatura. De hecho, se llegó a crear un contador aun vigente en la página oficial del evento, donde el Gobierno avisaba de que «con dos años de antelación, todos los Ministerios en España comenzaron a preparar la Presidencia en sus ámbitos competenciales», demostrando la relevancia que suponía este evento para España. A pesar de todas estas previsiones, el ministerio de Irene Montero publicaba la formalización del contrato destinado a cubrir los servicios de los actos que ellas organizaban a menos de tres días de que comenzara la presidencia.
El ministerio de Igualdad realiza este acuerdo para cubrir la organización de los tres actos que le corresponden en la Presidencia del Consejo Europeo. En él, tiene previsto invertir una cantidad de 333.543,71 euros y lo termina cerrando por «declaración de urgencia», un proceso que permite asignar contratos «a dedo», según fuentes expertas en contratación pública. Para usar este método, el ministerio de Irene Montero se justifica alegando que las «razones de interés público y necesidad inaplazable exigen que la tramitación de la presente licitación se realice por el procedimiento de urgencia». Además, apelan a que «el primer evento del Ministerio de Igualdad está prevista para el 5 de julio de 2023» y que un procedimiento abierto habría implicado el inicio de este proceso «con una antelación mínima de 60 días respecto de la fecha de realización del evento».
Ignacio Sola considera «de urgencia» un evento que tendría que haber empezado a preparar dos años antes
El uso de la «declaración de urgencia» es una posibilidad que tienen las administraciones para adjudicar de manera urgente un contrato, sin necesidad de crear un proceso abierto en el que se presenten diferentes empresas. En este caso, se supone que la urgencia está justificada por «la necesidad inaplazable» de un trabajo que todos los demás ministerios habían comenzado a organizar dos años atrás. Aun así, la Subsecretaría de Igualdad, regida por Ignacio Sola, publicó el contrato el 19 de mazo de 2023 y, solo un día después, añadió la declaración de urgencia asegurando que los plazos establecidos por la Ley «no permitirían, a fecha de aprobación del expediente, adjudicar la licitación en plazo para poder realizar el evento correctamente».
En este sentido, el ministerio de Irene Montero podría haber utilizado el método de licitación abierta si hubieran tenido en cuenta los tiempos que estipula la Ley de contratación pública, ya que conocían con tiempo suficiente sus funciones en la Presidencia del Consejo Europeo. Además, la Subsecretaría de Igualdad apela a la urgencia por la fecha del primer evento, el 5 de julio. Sin embargo, el contrato está dividido en 3 lotes, ya que los otros dos eventos están fechados para el 28 de septiembre y para los días 2 y 3 de noviembre.
Aun teniendo en cuenta la tardía fecha con la que publican la licitación, habrían tenido tiempo más que suficiente para adjudicar los otros dos eventos por el procedimiento abierto. Sin embargo, este proceso de urgencia les ha permitido adjudicar «a dedo» los tres lotes a la misma empresa: La Tropa Produce SLL. Además, fuentes especializadas en contratación pública considera que este proceso de urgencia «no está justificado», ya que «se sabe de la presidencia española en esas fechas desde hace años», por lo que este caso es consecuencia de una «mala gestión y una nula previsión».
El ministerio de Irene Montero ya utilizó este procedimiento para el I encuentro feminista
Como ya informó MONCLOA.COM, no es la primera vez que el ministerio de Igualdad apela a la «necesidad inaplazable» y al «interés público» para adjudicar sin publicidad un contrato de organización de eventos. El I Encuentro Feminista que organizó la institución también quedó manchado por utilizar la una tramitación de urgencia que ellos mismos aseguraban que «no estaría justificada». Sin embargo, el uso de la «necesidad pública» justificó una adjudicación directa que también estaba ligada a la falta de tiempo.
En su momento, fueron 90.000 euros procedentes de las arcas públicas que se adjudicaron de forma directa a una empresa para que diera un servicio de traducción durante tres días. En este caso, son más de 300.000 euros que destinados a la organización de tres eventos independientes, pero que se adjudican «a dedo» a la misma empresa y que estaban previstos desde hacía más de dos años. Dos casos diferentes pero unidos por el hecho de que el ministerio de Montero utiliza la declaración de urgencia para adjudicar de manera directa un gasto de dinero público.
