Feliz Bolaños no ha cumplido los deberes administrativos que le correspondían con la nueva norma conocida como Ley de los informantes. El 13 de junio era la fecha máxima para que todas las administraciones públicas españolas hubieran puesto a punto su página web y para haber creado un canal interno de información. El objetivo de este servicio es que los trabajadores tengan una vía por la que denunciar las posibles infracciones del Derecho de la Unión Europea de una manera en la que el informante esté protegido y no sufra represalias por ello. Sin embargo, Félix Bolaños no ha creado este canal exponiéndose así a una multa de hasta 600.000 euros.
La Ley «reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción» fue creada para responder a la obligación de España con la normativa europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones en el ámbito laboral o profesional. Esta práctica es conocida como Whistleblowing y supone que los trabajadores de una entidad, pública o privada, tengan la capacidad de denunciar actividades ilícitas y abuso de derecho. Según la Comisión Europea, estas infracciones pueden tomar diferentes formas «como corrupción, fraude, prácticas abusivas de empresas o negligencia» y su no resolución puede «ocasionar graves perjuicios al interés público».
Para ello, la Unión Europea ha considerado necesaria la creación de una normativa que suponga la protección de las personas trabajadoras que sean conocedoras de este tipo de actividades ilícitas y quieran ser los «informantes» de estos hechos sin que ello pueda acarrear represalias o consecuencias internas. Por ello, El 13 de marzo entro en vigor en España la Ley con la que se hacía cargo de esta disposición que llega directamente desde Europa y con la que obliga a la creación de estos canales internos de información a las entidades públicas y a las privadas de 50 o más trabajadores. Además, este servicio deberá cumplir determinadas características y garantías mínimas en todas ellas.
Los trabajadores de Félix Bolaños no tienen creado su canal de interno de información
Según la propia Ley, todas las administraciones y entidades, a excepción de aquellas empresas privadas de menos de 249 trabajadores, «deberán implantarlo en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor» de la norma. Eso supone que todas las administraciones públicas tenían hasta el 13 de junio para crear este canal y cumplir la Ley. Además, la legislación también aclara que «en caso de contar con una página web», la entidad debe situar este portal «en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable».
Sin embargo, el plazo ha acabado y el ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, liderado por Felix Bolaños, no ha cumplido con su obligación. El ministro de Presidencia no ha desarrollado el canal de información correspondiente, lo que supone no solo que los trabajadores de su ministerio no tengan este derecho europeo garantizado, sino que además la mano derecha de Pedro Sánchez en el ámbito institucional está incumpliendo una legislación creada directamente desde su Ejecutivo.
Félix Bolaños podría ser sancionado con hasta 600.000 euros por cumplir la normativa
La Ley de los informantes es clara, las sanciones que podrá imponer la Autoridad Independiente de Protección del Informante serán de 10.001 a 30.000 euros para las personas físicas; y de 100.001 a 600.000 euros para las personas jurídicas. Por lo que, la no aplicación de estas medidas así como la no protección de los informantes o no ofrecer la posibilidad a través de un canal interno de información supone una infracción de la Ley y una sanción que, en el caso de Félix Bolaños, se la pondría a sí mismo.
A diferencia del ministerio de Presidencia, otras administraciones sí han hecho los deberes en este ámbito y ya han puesto a disposición del trabajador público el canal de comunicación que pretende ser una herramienta contra la corrupción y el fraude. Así, administraciones que políticamente son contrarias a las disposiciones de Pedro Sánchez, como es la Comunidad de Madrid, han aplicado ya esta medida, mientras que el alto cargo de la Presidencia del Gobierno no ha abierto todavía esta vía de comunicación para sus empleados. De hecho, Moncloa.com ha intentado ponerse en contacto con la institución de Félix Bolaños y, al igual que el informante que quiere poner una denuncia, no hemos podido contactar por la falta de contactos públicos disponibles en su página web.
