Las representantes de la actualidad política semanal han sido las dirigentes del partido de Podemos y sus movimientos de negociación con la formación Sumar de Yolanda Díaz. Irene Montero e Ione Belarra han esperado a los últimos días antes de que se acabara el plazo para presentar las formaciones y declarar públicamente que habrá un acuerdo entre ambos partidos para la confluencia. Durante esta misma semana de negociaciones, el Tribunal Supremo ha decidido publicar su sentencia sobre varios casos que rodean afectan directa o indirectamente a la carrera política de Irene Montero, resultando ser un elemento clave que ha afectado a la posición que ha tomado la ministra de Igualdad en las negociaciones.
La primera decisión del alto tribunal que afectó a la carrera de Irene Montero fue pública el miércoles 7 de junio, cuando declaró que ratificaba las reducciones de 27 condenas de agresiones sexuales como consecuencia del tiempo que estuvo vigente la primera versión de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como la Ley del solo sí es sí. Con esta decisión, el Tribunal Supremo no solo marcó jurisprudencia, sino que además diluyó la duda de la disposición transitoria a la que se acogía la Fiscalía y el ministerio de Igualdad.
En este sentido, la institución de Irene Montero no había incluido las disposiciones transitorias explicitas en la redacción de esta Ley para evitar que los acusados que están ya cumpliendo condena pudieran acogerse a las nuevas penas. Por su parte, el equipo de la ministra intentó compensar esta ausencia apelando a la Disposición Transitoria Quinta de Código Penal de 1995. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado su aplicación a raíz de las dudas existentes sobre si este artículo seguía vigente y ha validado la reducción de 27 penas, acogiéndose a que prevalece «el derecho del reo a beneficiarse de un cambio de pena dictado por una reforma de ley».
Al día siguiente, todos los medios de comunicación se hicieron eco de la decisión del alto tribunal. Por su parte, la ministra Irene Montero se posicionó en la red social Twitter, afirmando que esta decisión era una «mala noticia». Además, a esta decisión, Victoria Rosell quiso alegar que el TS ya se había acogido en otra sentencia en 2015 a esta Disposición Transitoria a la que apelaban. Sin embargo, la posición del Supremo ha sido clara en relación a las consecuencias de la primera versión de la Ley del solo sí es sí y no ha aceptado la argumentación legal con la que el ministerio de Igualdad ha querido frenar la «reducción masiva» de penas.
El Tribunal Supremo impone una multa a Irene Montero el mismo día del cierre de las negociaciones
Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo no dispone de ningún calendario obligatorio a la hora de tomar votar las sentencias, tan solo dos días después de que hiciera pública su posición sobre los recursos de casación de la Ley sólo sí es sí, el alto tribunal ha hecho pública una sentencia que involucra directamente a la ministra de Igualdad. En este sentido, Irene Montero ha sido condenada por vulneración del derecho al honor a pagar 18.000 euros al ex marido de María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre y condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores.
El alto tribunal ha negado «los argumentos consistentes en que la demandada se encuentre amparada por la inviolabilidad parlamentaria, así como que las expresiones no identificasen concretamente al demandante» y ha condenado a la ministra a difundir de forma pública la resolución de la sentencia. Por su parte, Irene Montero no se ha pronunciado y la siguiente información que ha dado Podemos ha sido la confirmación de que habrá acuerdo con Sumar y dejando claro que Yolanda Díaz tiene vetada a la actual ministra de Igualdad.
1.127 reducciones de penas, publicadas el mismo día por el CGPJ
La justicia española no ha esperado ni unas horas entre una publicación y otra. Tras hacer pública la condena directa a la ministra Irene Montero por vulneración del derecho al honor, el Consejo General del Poder Judicial ha dado a conocer el número actual de condenas que se han reducido en el ámbito de las agresiones sexuales como consecuencia de la primera versión de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
En concreto, el CGPJ ha asegurado que ya son 1.127 presos que se han beneficiado de una reducción en sus condenas desde el 7 de octubre de 2022 hasta el 1 de junio. Esta institución ha asegurado que esta publicación corresponde al acuerdo del 2 de marzo con el que se acordaba que «esta información se actualizará periódicamente y se hará pública», cuestión que ha coincidido con la semana en la que Podemos tenía que tomar las decisiones que cambiarían su trayectoria política nacional.
