El I encuentro feminista del Ministerio de Igualdad escondía un contrato inesperado. La subdelegación de Igualdad, a cargo de Ignacio Sola Barleycorn, se encargó de la organización de este encuentro de feminismos que se llevó a cabo el 23, 24 y 25 de febrero en la facultad de medicina de la Universidad Complutense. Entre los diferentes servicios contratados, ha sido publicado un contrato adjudicado a dedo por casi 90.000 euros para traducir a ponentes de habla no hispana durante los días del evento.
Este contrato hace «saltar todas las alarmas» porque no sigue los principios de la Ley de contratación Pública, cuestión que ellos mismos admiten en la documentación adjunta al contrato. Por un lado, se adjudica sin publicidad y con carácter de urgencia. Esto quiere decir que no se hizo pública la necesidad del Ministerio para que diferentes empresas pudieran optar a darles el servicio de interpretación, sino que fue el propio ministerio el que contactó con la empresa a la que se le pagan los 90.000 euros por un servicio de «7 días», cuando el evento fueron solo tres.
Ellos mismos advierten que «la tramitación de urgencia del procedimiento no estaría justificada», y aún así, dos líneas más abajo lo declaran como tal por ser una «necesidad inaplazable» para el encuentro feminista. La declaración es que «por interés público» se lleva a cabo una adjudicación de manera urgente y sin que sea publicado, pero admitiendo que no es el procedimiento por el que este servicio tendría que ser gestionado.
Por otro lado, el documento del contrato ‘viste’ como un contrato menor, es decir, no publican ni los pliegos técnicos ni los administrativos como si la cantidad que fueran a pagar fuera inferior a 15.000 euros, y no de 90.000, lo que supondría separar por lotes para poder hacerlo sin publicidad. La propia subdelegación también encuentran justificación a este proceso con que «debe existir una coordinación total de los distintos intérpretes que participen en un acto».
El segundo intento de Irene Montero
La subdelegación de igualdad se justifica con que en diciembre de 2022, cuando lo hicieron por la vía correcta, ninguna empresa se presentó para dar este servicio y que si volvieran a hacerlo así, el encuentro feminista se quedaría sin intérpretes. Sin embargo, fuentes de contratación pública advierten de que este método «no es nada correcto» y que podrían haber utilizado los recursos de interpretación de otros ministerios como es el de Exteriores para cubrir este servicio y ahorrarse 90.000 euros.
Otra cuestión destacable es que para el primer contrato presentado en diciembre, que el ministerio de Irene Montero admite que fue gestionado por la manera correcta de «licitación con publicidad», no se presentara nadie, pero que para esta segunda operación privada hubiera dos ofertas de diferentes empresas. Según las fuentes de Moncloa.com está claro que es «un contrato a dedo» y que se presentaron «dos a los que llamaron para que presentaran ofertas».
Tres días, siete traductoras y más de 90.000 euros
En diciembre de 2022 el ministerio de Irene Montero iba a pagar 130.000 euros por este mismo servicio, pero alargado en el tiempo durante ocho meses y para otros eventos. Sin embargo, la ausencia de empresas interesadas en ser los intérpretes oficiales del ministerio de Igualdad hizo que tuvieran que utilizar la vía de urgencia para solo los días claves del encuentro feminista. En este segundo intento, aunque sea contratado por siete días, solo fueron tres y, aun así, la cantidad que ha pagado el ministerio no se reduce ni a la mitad de lo que iban a pagar por ocho meses de servicio.
Además, según los pliegos técnicos del primer contrato, el ministerio iba a requerir de siete traductoras cualificadas de habla inglesa, portuguesa, francesa y alemana. Para el encuentro feminista no hay un dato concreto del personal necesario, ya que los pliegos técnicos del primero incluyen el servicio del segundo y queda sin aclaración. Aun así, con estas siete intérpretes y los equipos de traducción, medios informáticos, de sonido y plataformas necesarios la cantidad del segundo contrato no presenta una reducción cuantitativa correspondiente al cambio de los ocho meses a los tres días.
La primera intención de Irene Montero y de su subdelegado, Ignacio Sola Barleycorn, era tener una plantilla de intérpretes que pudieran cubrir las necesidades del ministerio, tanto en reuniones como en eventos organizados por ellos. Sin embargo, a costa de no conseguirlo han utilizado unas vías de contratación que, aunque lo justifiquen con el «interés público», destapan que también son conocedores de las «trampas» que se pueden hacer en la contratación pública para conseguir los objetivos políticos que se propongan.
