Los uniformados de la Asociación Unificada de Guardias Civiles han vuelto a alzar la voz para pedir a las autoridades del Ministerio de Defensa que investiguen las presuntas irregularidades que se están dando con las asignaciones de las comisiones de servicio en las Islas Canarias, debido a que sospechan que se están dando casos de tráfico de influencias a la hora de asignar muchos de los cargos administrativos.
La información la dio a conocer Juan Couce, portavoz de la organización de la Guardia Civil, quien explicó que, de acuerdo con la legislación vigente, estas comisiones de servicios no se pueden alargar por periodos superiores a un año, pero que han documentado casos en los que uniformados son destinados a cubrir cargos y que al cumplirse el año, los envían de vacaciones durante unos días y al regresar, comienza a contar desde cero el periodo de la asignación de la comisión de servicio, por lo que consideran que es una acción no del todo legal.
«El problema es que esas comisiones de servicio generan puntos para que los uniformados puedan pedir las vacantes, pero esas comisiones generan más puntos y solo los que llegan a ocupar esos cargos obtienen mayoría de puntos, lo que los pone en ventaja en comparación con los demás uniformados que no pueden acceder a esas posiciones», explicó Couce a Moncloa.com.
El uniformado señaló que tienen conocimiento que hay miembros de ese cuerpo de seguridad que tiene más de 10 años aplicando esa práctica, por lo que piden que se tomen las decisiones que sean necesarias para acabar con esa situación.
Desde que el Reglamento de Destinos del año 2017 incorporara la provisión de destinos por concurso de méritos, se ha generalizado el nombramiento de comisiones de servicio que tienen como único fin el favorecer que unos pocos ‘elegidos’ puedan ocupar definitivamente esos puestos de trabajo, ya que gracias a esas comisiones de servicio consiguen unos puntos ‘extra2’ frente a sus compañeros, lo que conlleva a una desigualdad de oportunidades para optar a una plaza entre los miembros del cuerpo», señaló el sindicato de la Guardia Civil a través de un comunicado de prensa que enviaron a los medios de comunicación.
Esta situación, según la denuncia que hace el sindicato de la Guardia Civil, se da mayormente con cargos administrativos, que no son sometidos a las mismas cargas de trabajo que tienen los uniformados que están en otras áreas de la institución, que hacen trabajos más extenuantes y que tienen horarios con turnos rotativos.
«Incluso se están haciendo ‘permutas’ de puestos de trabajo, algo no previsto en la normativa del cuerpo y a lo que la Dirección General siempre se ha opuesto, y que tiene a un agente destinado en Tenerife trabajando en Fuerteventura y que por el contario tiene a otro destinado en la Isla Majorera trabajando en la comandancia de Santa Cruz de Tenerife, la cual al ser interprovincial tiene que tener el visto bueno del jefe de Canarias», señalan los miembros del sindicato.
Ante esta situación, el portavoz de la organización dijo que todo esto tiene que ocurrir con la aprobación de los jefes, que son quienes avalan las decisiones y que en esos intercambios de funcionarios de una comandancia a otra, se dan casos en los que los de una de las islas cobran un plus de insularidad que es mayor que el de su compañero con el que cambian de ubicación y que aún así lo sigue cobrando, porque no se pueden desmejorar sus condiciones, a pesar de que termina cobrando un excedente de hasta 15 mil euros más al año, a diferencia de compañeros que hagan el mismo trabajo pero que sean nativos del lugar en el que se les destine.
«El general Juan Hernández Mosquera ya fue informado personalmente por AUGC de esta situación, el pasado día 7 de febrero de 2023, durante el transcurso de la reunión que mantuvo con los representantes de las asociaciones profesionales en Santa Cruz de Tenerife. AUGC fue la única asociación que trasladó este problema, exponiéndole casos concretos de esas irregularidades: personas que llevaban encadenando comisiones de servicio desde hace años cuando la duración máxima prevista legalmente es de un año; nombramiento de comisiones de servicio que se realizan sin publicidad ni transparencia; u ocupación de puestos de trabajo careciendo de la cualificación específica necesaria, vulnerando el artículo 44.1 del Reglamento de Destinos», señalan los miembros de la organización sindical de la Guardia Civil.
