La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido de que casi un 80% de la población bajo el umbral de la pobreza no es beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y califica de «estrepitoso» el «fracaso» del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la gestión de la prestación.
Así, aunque destacan que en el último año ha aumentado el ritmo de concesiones y se ha favorecido la incorporación de nuevos perceptores, «el IMV solo alcanza a tres de cada cuatro de la previsión que hizo el Gobierno hace tres años», a un total de 1.752.467 personas.
Así, la asociación advierte de que todavía quedan casi 550.000 personas beneficiarias por incorporar al IMV para llegar al objetivo de los 2,3 millones de personas previstas.
Además, los directores de servicios sociales avisan de que la cobertura de la prestación «continúa siendo desigual en el territorio nacional» pues hay CCAA que tienen una baja cobertura sobre las personas bajo el umbral de la pobreza como Baleares (11,4%), Canarias (12,3%) o Cataluña (14,5%), mientras que Ceuta y Melilla (43,2% y 40,3% respectivamente), La Rioja (32,7%) y Aragón (28,3%) se sitúan en cabeza.
Por otro lado, la asociación pone de relieve que en el último año se han incorporado a la percepción del IMV, 700.000 personas, aumentando en un 70% el número de beneficiarios y se ha multiplicado por tres la cobertura del sistema de rentas mínimas de las CCAA.
No obstante, la asociación advierte de que todavía hay «datos muy preocupantes» como que «solo una de cada cuatro solicitudes es aprobada y el resto son denegadas», algo que achacan al «sistema de gestión implantado, a través de la web y sin apoyo de ningún personal que conozca los requisitos y el proceso» o a «la imposibilidad de conseguir cita presencial en las oficinas del INSS».
Además, critica que, en 2022, el Ministerio de Inclusión «no ha sido capaz de ejecutar el total del presupuesto» del IMV y «se han devuelto 453 millones de euros que habrían servido para sacar de la pobreza a 250.000 personas».
«El estrepitoso fracaso de la gestión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones queda bien reflejado dejando de ejecutar 453 millones del presupuesto con que contaba el IMV el pasado año, devolviéndolos a las arcas del Estado», ha valorado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
En este sentido, reclama «un impulso aún mayor» para incorporar en la gestión a los servicios sociales de atención primaria, algo que, a su juicio, «hubiera ayudado de manera clara a la implantación del IMV, haciendo que mejorase la situación económica de las familias». Además, lamenta que el «laberinto burocrático» ha provocado que el IMV se haya implantado «a un ritmo mucho más lento de lo previsto».
«En definitiva, el Gobierno no ha cumplido con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto las ‘colas del hambre’ deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la ‘vacuna contra la pobreza’, que es el Ingreso Mínimo Vital», ha subrayado José Manuel Ramírez.
