La Agencia Tributaria ha iniciado en el día de ayer una operación coordinada en 14 comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector de la venta de materiales de construcción.
La operación, denominada ‘Argamasa’, conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 74 sociedades y 25 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de más de 300 funcionarios de la Agencia en un total de 71 locales.
El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (8), Aragón (4), Asturias (5), Baleares (3), Canarias (4), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (6), Cataluña (11), Extremadura (2), Galicia (8), Madrid (9), Murcia (1) y Comunidad Valenciana (8).
La operación ‘Argamasa’ ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 280 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las unidades de Auditoría Informática, y más de una veintena de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia, así como con el apoyo de agentes policiales.
Una serie de indicios de existencia de economía sumergida, sumados a la propia evolución experimentada en los últimos años en el ámbito de la construcción y las reformas, han llevado a fijar este sector como objetivo de la presente operación.
Las empresas afectadas por la operación ‘Argamasa’ son, fundamentalmente, sociedades dedicadas a la venta de materiales de construcción.
La facturación de estas empresas se ha incrementado en los últimos años, alcanzando en 2021 un importe cercano a los 280 millones de euros, si bien muestran unos márgenes netos sensiblemente inferiores a los del conjunto de su sector.
La Agencia Tributaria precisa que más allá del ámbito del pequeño comercio, que no es objeto de esta operación, el sector de venta de materiales de construcción presenta unas especiales características en cuanto a su funcionamiento económico.
En concreto, indica que se trata de un sector con escaso uso de pago a través de tarjetas (el pago con tarjeta representa menos de un 8% de la facturación). Si bien esto no implica necesariamente un uso intensivo del efectivo, dado que se trata de un sector con gran volumen de operativa comercial con otros empresarios, esa particularidad del escaso uso del cobro con tarjetas, sumada a las también escasas imposiciones de efectivo en cuentas (menos de un 6% de la facturación), merecen «especial atención y un examen más exhaustivo» sobre la correcta declaración de los ingresos, afirma Hacienda.
Otro elemento que se ha considerado para la selección de estas empresas es el hecho de que en las personas físicas asociadas con estas empresas se han encontrado diversos casos de signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad y el uso de tarjetas personales de alto importe.
Con personaciones como las realizadas en los locales seleccionados, la Agencia logra acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, al objeto de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas.
En alguna de las personaciones realizadas ayer, incluso, ya se ha detectado la existencia y utilización de ‘software’ de ocultación de ventas o ‘doble uso’.
Las inspecciones, que se desarrollarán en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, analizarán toda la documentación obtenida.
La Agencia Tributaria indica que la experiencia de operaciones realizadas con anterioridad pone de manifiesto que la personación de la Administración en los locales o domicilios donde se realiza la actividad económica, o donde se lleva a cabo la gestión del negocio, permite una lucha más efectiva contra la economía sumergida o cualquier otro incumplimiento susceptible de regularización.
Con la operación ‘Argamasa’ son ya 22 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en la última década. Hacienda afirma que este tipo de actuaciones, además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, permiten transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas, que tienen impacto en las arcas públicas y distorsionan gravemente la competencia en el propio sector afectado.
