La organización internacional defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha enviado una carta al Congreso de lo Diputados para manifestar su preocupación por el hecho de que en España se pretenda abolir la prostitución, mediante la presentación de la propuesta de reforma del Código Penal que busca penalizar y prohibir el proxenetismo.
La información la dio a conocer Susana Pastor, directora del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), quien aseguró que este era el resultado de todo el trabajo que han venido realizando desde hace meses, tratando de buscar el respaldo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, con la intención de que se frene la aprobación de la reforma del Código Penal que lleva meses intentando aprobar el PSOE y los demás partidos políticos.
«Nosotras hemos mandado cartas a cuantas organizaciones de defensa de derechos humanos hay, porque necesitamos que nos escuchen. Que se defiendan los derechos de las trabajadoras sexuales que con la abolición se exponen a la clandestinidad y a más riesgos y lo que sucede es que si aprueban esa ley, una trabajadora sexual de 65 años no va a tener quien cuide de ella. Nosotros somos uno de los colectivos más vulnerables, según la ministra de Igualdad, Irene Montero, pues entonces que alguien nos haga caso», expresó Susana Pastor a Moncloa.com.
«Human Rights Watch comparte con quienes proponen la Proposición de Ley el interés por asegurar marcos jurídicos sólidos contra la explotación, incluida la explotación laboral y sexual. Si bien los objetivos de la proposición de Ley son loables, hay suficiente documentación confiable de países que han implementado regulaciones semejantes que permiten afirmar, sin margen de duda, que la Proposición no conseguirá proteger a las personas que son objeto de explotación sexual, y que, por el contrario, expondrá a las trabajadoras y los trabajadores sexuales a un mayor riesgo de violencia, incluida la violencia policial», señala el organismo internacional en la carta que hizo llegar al Congreso de los Diputados.
La líder de las trabajadoras sexuales acudió esta semana a una reunión con varios diputados del Parlamento Europeo con la intención de presentarles cifras relacionadas con los informes elaborados por el Ministerio de Igualdad que no se corresponden con lo que la ministra ha dicho en declaraciones públicas en las que ha llegado a asegurar que 90% de las mujeres dedicadas a la prostitución son víctimas de la explotación, mientras que en los documentos publicados en la propia página del ministerio señalan que hay apenas un 8% de trabajadores sexuales que son víctimas de explotación, de las más de 48 mil que según el organismo existen en país.
«Estamos más fuertes que nunca. Esta carta que ha emitido la HRW es por todas las protestas que hemos hecho y que esperamos que con esto el Gobierno entienda que el camino no es la abolición, sino la regularización», expresó la líder de las trabajadoras sexuales.
Pastor indicó que en el encuentro que sostuvieron con los diputados del Parlamento Europeo también llevaron información relacionada con cifras e informes de países donde se ha intentado abolir la prostitución y de países que han regulado este oficio, para demostrar que en los países donde los Gobiernos han aprobado leyes para abolir, las cifras de inseguridad contra los trabajadores sexuales se habían incrementado.
«La Proposición de Ley también tendrá un impacto negativo en personas de comunidades que son más propensas a sufrir violencia y discriminación por parte de policías, como las personas migrantes, transgéneros, afrodescendientes y de comunidades ya vulnerables», dice el documento de la HRW que fue enviado al Congreso de los Diputados.
Todo parece indicar que no será hasta la próxima legislatura que se retome la discusión de este proyecto que busca reformar el Código Penal, pues de momento las agendas parlamentarias están enfocadas en otros temas y la clase política está más pendiente de sobrevivir a las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo, porque además todavía está presenta la amenaza hecha por las trabajadoras sexuales de publicar los nombres de los políticos que han pagado por sus servicios y que según ellas, son los mismos que por otro lado están impulsando que se apruebe la ley de abolición.
Susana Pastor contó que acudió a la sede del Parlamento Europeo en compañía de una trabajadora sexual y una abogada que a la para ejerce la prostitución, que fueron para dar sus testimonios sobre el por qué es necesario legislar en función de garantizarles más derechos, en lugar de condenarlas a la clandestinidad a través de leyes que pretenden abolir la prostitución.
